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Exclusión Aérea, el Confuso Nombre de la Guerra Libia

por Tarak Barkawi (*)
Los fantasmas balcánicos de la década de 1990 están de regreso: zonas de exclusión de vuelos, la guerra humanitaria de Washington, Europa y la ONU, las garantías de que no se desplegarán tropas estadounidenses y una ofensiva aérea que por sí sola no puede alterar lo que pasa a ras del suelo.
Con los términos leguleyos con los cuales la comunidad internacional reconoce con repugnancia que una guerra está en marcha, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) resolvió proteger a los civiles y crear un “cordón sanitario” en torno del país apestado, en este caso Libia.

Pero hay demasiados ecos de las terribles guerras de la partición de Yugoslavia, cuando se instauró la idea de que se podía bombardear una población con fines humanitarios.

El lenguaje de la guerra liberal puede fluir tan suavemente como el crudo ligero de los yacimientos libios, pero esta vez incluso los más creyentes parecen haberse quedado sin gasolina.

Pocos críticos se han molestado siquiera en señalar la selectividad obvia de la medida tomada contra Libia.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la comunidad internacional no podía permanecer pasiva ante el brutal ataque de un tirano contra su pueblo, se refería específicamente a uno, el líder libio Muammar Gadafi.

Y el Consejo de Seguridad de la ONU ofreció su beatífica protección sólo a algunos civiles libios, pero no a los sirios, yemeníes, palestinos ni bahreiníes. Mucho menos a los que sufren violencia en Costa de Marfil, Zimbabwe o en tantos otros lugares.

La idea de la guerra liberal –la del uso de la fuerza con fines humanitarios—continúa confundiendo a la opinión pública, sustentando los términos oficiales del debate en los foros internacionales, especialmente en Europa occidental, y delineando las operaciones militares extranjeras en Libia.

Negar la guerra: el arte del eufemismo

La guerra liberal es útil, sobre todo para los “buenos europeos”, porque desmiente que se trate de una guerra. Es una zona de exclusión de vuelos para proteger los derechos humanos.

Si bien resulta obvio que los comandantes de la coalición occidental se han sumado a los rebeldes libios en su guerra contra el régimen de Gadafi, se ven obligados a simular que no es así. Con modales educados, informan a las fuerzas de Gadafi dónde deben reagruparse para evitar ser destruidas.

En esencia, aunque sin decirlo, el mensaje a Gadafi es que debe dejar de defenderse de quienes quieren derrocarlo. Pero permítasenos preguntar por qué no es posible hablar con más franqueza. ¿Por qué hay que hablar de la guerra con eufemismos liberales?

La guerra liberal tiene una contradicción central entre la gran retórica –la humanidad, la inocencia, la maldad— y la limitada responsabilidad que se expresa en la ausencia de tropas terrestres y las patéticas legiones de fuerzas de paz de la ONU.

En las guerras justificadas primordialmente por fines altruistas, los líderes elegidos de las democracias occidentales invierten sabiamente –si les conviene—la sangre, o los dólares, de sus ciudadanos.

El arma elegida es el poderío aéreo y el costo es la incoherencia estratégica. Ante la ausencia de una política sobre el terreno, las fuerzas aéreas se limitan a explotar cosas, revisar los resultados y dar vueltas por ahí. Si otros factores no se modifican, el resultado más probable es un callejón sin salida.

Pero lo más pernicioso es la forma en que la guerra liberal determina el entendimiento de los conflictos, mediante una prestidigitación digna de admirarse.

Una obra dramática

En esta obra, hay espacio para dos actores protagónicos: el interventor humanitario –casi siempre la comunidad internacional conducida por Occidente—y el perpetrador bárbaro, un reparto cambiante y selecto de líderes, regímenes y grupos étnicos.

Así, como por arte de magia, países y pueblos reales con historias imbricadas se convierten en personajes de una pieza moralizante, estereotipos básicos cuya conducta obedece a características innatas.

El melodrama viene en varios sabores, y de ningún modo Occidente termina siempre bien al final. Pero sus términos se establecen de un modo fascinante: intereses e ideales, tragedia y política, parálisis burocrática y carisma.

La memoria histórica es una baja tan inmediata que nadie la nota. Estados Unidos peleó en 1801 su primera guerra en lo que hoy es Libia contra los reinos berberiscos de Marruecos y Trípoli, entonces vasallos del Imperio Otomano, también con la justificación de razones humanitarias, bien asentadas en intereses comerciales.

Cegados una y otra vez por los cuentos de los occidentales bienintencionados y los nativos violentos, nos resulta imposible ver las historias compartidas y conexas que condujeron al actual conflicto y en las cuales se sitúan los libios, los occidentales y otros pueblos.

Libia obtuvo su independencia como reino hace sólo 60 años, teniendo a Estados Unidos y Gran Bretaña como patrones que le suministraban dinero y armas a cambio de petróleo y estabilidad.

Como en otros lugares, entonces y ahora, esa combinación generó el resentimiento popular y suministró el caldo de cultivo para que surgieran alternativas políticas que Gadafi supo aprovechar.

La feria de atracciones

Gadafi, en el poder desde 1969, funciona muy bien como personaje de una feria de atracciones, pero sus orígenes se encuentran en las historias compartidas de Occidente con el resto del mundo.

En los últimos años, la guardia costera y la policía fronteriza de Gadafi, entrenadas y apoyadas por la Unión Europea, eran muy valoradas por los “buenos europeos” pues ayudaban a mantener lejos a los inmigrantes africanos.

El último servicio de la guerra liberal es colocar la fuente de la violencia en los nativos, en los pueblos atrasados del mundo no europeo, y no en los occidentales que los explotan, los invaden, los ocupan y los bombardean.

Si nos guiamos por la retórica oficial, el problema de Iraq y de Afganistán tiene que ver con prejuicios religiosos y étnicos de poblaciones que siguen matándose irracionalmente entre sí, mientras los soldados occidentales intentan amablemente modernizarlas.

El gran costo de la guerra liberal es la claridad. Occidente corre el riesgo de crear una situación en la que no puede derrocar a Gadafi por sí mismo, pero tampoco permite ni habilita a que lo hagan los rebeldes.

Para llevar adelante su lucha, Gadafi puede apelar a escuadrones de la muerte y a francotiradores. Pero, como en Bosnia-Herzogovina y Kosovo, suministrar armas o permitir el ingreso de combatientes voluntarios árabes violaría la supuesta neutralidad de la intervención humanitaria.

La guerra no es un cuento moralizante, sino un violento abrazo mutuo. Una reflexión seria debe comenzar por admitir que Occidente es una de las partes combatientes, y la ética de la responsabilidad exige ver más allá de las seducciones del liberalismo.

(*): Profesor de estudios internacionales de la Universidad de Cambridge, especializado en la guerra, las fuerzas armadas y la sociedad, así como en el conflicto entre Occidente y el Sur global. Publicado en acuerdo con Al Jazeera.
 
Extraido de IPS

El discurso sobre los derechos de las mujeres y su indicador: el aborto

por Maria Isabel Matamala Vivaldi
 
El 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó al Presidente Piñera su primer informe. La intervención de la Directora del Instituto, abogada Lorena Fríes, y la de Víctor Abramovich, Director del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se refirieron a la necesidad de abordar desde el enfoque de derechos las desigualdades en cuyo marco viven actualmente su vida importantes grupos de la población, entre otros, el de las mujeres. Se señaló: “… hoy observamos que las demandas sociales por derechos humanos son más complejas y exigentes. Ya no se pide de los Estados solo el respeto de los derechos. Se demanda también que actúen de manera efectiva para protegerlos y garantizarlos. Sobre todo cuando la afectación de los derechos obedece a factores estructurales, por ejemplo patrones de desigualdad de género, sociales o raciales. Están en juego conflictos colectivos, la situación de grupos o sectores sociales desaventajados”[1]. Es sabido que las desigualdades de género expresan discriminación entre mujeres y hombres en materia de ejercicio y goce de derechos humanos. Esta sola constatación significa que ni la protección ni la garantía de los derechos de las mujeres están siendo cubiertas por los Estados.
En la ocasión el Presidente Piñera afirmó enfáticamente en su discurso: “Debemos mantener y acelerar lo mucho que se ha avanzado en esta materia en los gobiernos anteriores, pero también acelerar el tranco para lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que recorrer”. ¿Es que sus palabras permiten entender que se hace cargo de injusticias que su coalición se ha empeñado en mantener, priorizando convicciones ideológicas y religiosas en desmedro de los derechos y libertades de las mujeres y del Estado laico? ¿Significa que, entre otras acciones, favorecerá la construcción de mayorías políticas para hacer coherente el discurso sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de legalizar el aborto? ¿Destrabará esta discriminadora herencia de la dictadura militar? ¿Habrá conexión entre discurso y voluntad política?
El derecho de las parejas a decidir su proyecto reproductivo, esto es, la cantidad y espaciamiento de hijos/hijas, fue reconocido para las parejas en la Primera Conferencia internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Teherán 1968. Luego, la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, en Bucarest 1974, reconoció también ese derecho como individual: “Todas las parejas y los individuos tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos”.
En Chile, medio siglo después, el goce de este derecho por parte de las individuas aún no tiene el alcance que tiene para los individuos. Cuando los hombres no desean asumir la paternidad ante un embarazo no planificado y no deseado, abortan de diversas maneras y con múltiples argumentos. Cuando en las mismas circunstancias las mujeres no desean asumir la maternidad, o más aún, cuando el embarazo atenta contra su vida o su salud, el aborto les está negado por ley. Si transgreden esta disposición en un esfuerzo límite por defender su proyecto de vida ejerciendo su derecho a decidir, son encarceladas y criminalizadas. ¿Acogerá el Presidente Piñera las observaciones de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que piden al Estado chileno revisar su legislación sobre aborto, así como la demanda de las mujeres chilenas que sufren esta atroz discriminación en materia reproductiva?
Dos casos impactantes – evidencia de la injusticia -, han aparecido en los diversos medios en las últimas semanas. El primero, Karen Espíndola, una mujer anónima y valerosa, a quien el Estado chileno obligó a llevar a término un embarazo cuyo resultado ha sido un niño con gravísimas malformaciones que sólo vive para sufrir las 24 horas de cada día, sin protección o garantías para sus derechos. Posteriormente, Mónica Pérez, destacada periodista, rostro de TVN, quien debió esperar la muerte in útero del feto, viviendo una tortura física y psicológica , al igual que la que soportó obligadamente Karen durante nueve meses. El impacto de la entrevista a Mónica Pérez ha movilizado las sensibilidades de parlamentarias y parlamentarios en un arco extremo y la respuesta ha sido un proyecto a la medida del caso.
Es de esperar que en esta ocasión la senadora Matthei y el senador Rossi se comprometan con la iniciativa y desarrollen la abogacía imprescindible para construir mayorías. Ya hay muchos proyectos similares durmiendo en el Parlamento; por diversas razones se presentan, pero luego sus autoras/es no mueven un dedo para hacerlos realidad.
También es necesario recordar que las mayorías no sólo deben ser parlamentarias. Para que éstas sean consistentes es preciso construir mayorías sociales. Se echa de menos la interlocución de la senadora y el senador con la sociedad civil, y también, la claridad para entender que la legalización de una causal no restablece el derecho negado a miles y miles de mujeres que ven su salud atropellada por embarazos que trastocan sus vidas, pero que no se inscriben en la causal de inviabilidad fetal.
Las mujeres necesitamos que el Estado proteja y garantice nuestro derecho a decidir.

 
[1] Víctor Abramovich

-La autora es médica, consultora internacional en salud y género
 Articulación Feminista por la Libertad de Decidir

Extraido de piensaChile

Estamos muertos en la cárcel de San Miguel los 83

Por Andres Figueroa

La delincuencia, fuera de las patologías psiquiátricas marginales, es producto de la miseria y la ignorancia.

A las 5:48 horas de la madrugada del 8 de diciembre de 2010, los bomberos recibieron un llamado telefónico probablemente de un interno de la cárcel del San Miguel, comuna de la Región Metropolitana, donde se estaba produciendo un siniestro con consecuencias fatales sin precedentes en la historia de las penitenciarias chilenas. Sin embargo, el incendio habría comenzado alrededor de las 4:00 horas de la madrugada, es decir, casi dos horas antes de que llegara auxilio, a las 6:00. De acuerdo a versiones preliminares, ya son 83 los reos calcinados y muertos por asfixia. A ello se agregan más de 300 heridos y un número indeterminado de presos en riego vital que están distribuidos en distintos recintos hospitalarios de Santiago. La tragedia se concentró en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel. Durante los acontecimientos, sólo había cinco funcionarios de Gendarmería en un recinto donde estaban recluidas 1.961 personas, toda vez que la prisión está habilitada para 900 hombres. Es decir, los niveles de hacinamiento superaban más de un 100% las instalaciones. Los familiares de los reos, presa de la desesperación y la incertidumbre debido a las escasas informaciones vertidas oficialmente, lanzaron huevos y piedras a las autoridades y la policía.
De modo oficial resultan opacas las razones que originaron el desastre. Lo cierto es que independientemente de las responsabilidades inmediatas –eventual negligencia de gendarmes en particular-, existen responsabilidades políticas de fondo que recaen en

los gobiernos anteriores y en el actual, y de los actuales ministros de Salud y de Justicia, Jaime Mañalich y Felipe Bulnes.

ANTECEDENTES
En los últimos 10 años el incremento de la población carcelaria fue de 22.000 mil presos a 52.621 hoy. Considerando los reos que están beneficiados por políticas intrapenitenciarias o sistema abierto se llega a 55.000 mil reclusos. Esto es, el sistema penitenciario chileno es responsable de 107 mil personas.
El modelo privado que cuenta con subsidiado estatal generado con el propósito formal de aminorar el hacinamiento ha resultado un fracaso. En la actualidad, en los recintos concesionados existen tres presos en calabozos hechos para un interno. En la prisión femenina hay 300 reclusas en una habitación con capacidad para 80 personas, mientras que en la penitenciaría las instalaciones para 120 internos alojan a 800 reos.
La ley indica que el objetivo fundamental de la reclusión es la rehabilitación del preso con el fin de su eventual inserción social. No obstante, en el último tiempo se redujo el presupuesto para Gendarmería en más de 2.600 millones de pesos (US$ 5 millones 200 mil dólares). Esa cifra deviene en que ninguna cárcel posee programas de rehabilitación.
El modelo penitenciario estatal invierte por recluso 290 mil pesos (US$ 580), en tanto en los penales privatizados, prácticamente 600 mil pesos (US$ 1.200). En el sistema privado, los montos comportan enseñanza, salud, especialistas en rehabilitación, comida, y gastos en arriendo del recinto, agua y luz. Inversamente, bajo el modelo fiscal, por menos de la mitad de los recursos todas las labores anteriores deben efectuarlas los gendarmes.
En Chile hay un funcionario de gendarmería por 91 presos. Investigaciones, hechas por el gremio de gendarmería, informan que sus trabajadores laboran para el Estado más de 12 millones de horas extraordinarias no canceladas.
EL FONDO DEL DESASTRE
Mientras mediáticamente Piñera intenta explicar con abundante demagogia, como si fuera parte de la oposición –tomando distancia absurda respecto de su propia administración y culpando al eslabón más frágil de la cadena carcelaria-, una vez más, el mandatario enfrenta una crisis que revela las condiciones de subdesarrollo de Chile, asociadas, en este caso, a las inexistentes estrategias de prevención de accidentabilidad, resguardos sanitarios, rehabilitación efectiva de los reos, y un hacinamiento estructural del sistema penitenciario. Tras estos fenómenos se oculta el más profundo desprecio y abandono respecto de un segmento de la población chilena que es pobre y cuyo comportamiento está gatillado esencialmente por las pésimas condiciones de vida de las clases subalternas, la ausencia de una formación cultural digna, el desempleo, falta de porvenir y expectativas de desarrollo personal y colectivo, y la alienación social provocada por el imperio del fetiche del consumo innecesario que facilita la constitución de una subcultura ligada a la violencia y produce relaciones sociales dañadas y dañinas. Si no terminan las más que precarias condiciones materiales y educacionales de importantes segmentos de la desigual sociedad chilena, la delincuencia cobrará, simétricamente, una tendencia creciente y sin control. He aquí como se suma una nueva denuncia para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, dos días después de la inédita tragedia.
Extraido de El Ciudadano

Hora de sacar las tropas chilenas de Haití

por Raul Sohr

La muerte de un ciudadano haitiano a manos de un militar chileno, la semana pasada en Cabo Haitiano, es la gota que rebasa el vaso. Los soldados se habrían visto rodeados por una turba que arrojaba piedras.
De hecho, varios uniformados resultaron con lesiones por las pedradas. La agitación respondía a la angustia e impotencia de la población ante la epidemia de cólera que ya ha matado a mas de mil cuatrocientas personas e infectado a casi veinticinco mil.
A lo largo del país ha corrido el rumor que las fuerzas de la Misión para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), más conocida por los Cascos Azules, es la que trajo el mal.
El Presidente haitiano, René Preval, y los funcionarios de la MINUSTAH culpan a agitadores por las protestas. Ellas serían azuzadas para crear un clima de inestabilidad por las elecciones presidenciales que tienen lugar este domingo.
Pero sería ingenuo creer que los supuestos activistas consiguieron alzar a miles de personas contra los Cascos Azules por meros rumores.
Lo que existe en Haití es, como ha ocurrido en el pasado, un rechazo
a la presencia de tropas extranjeras. Es este sentimiento hacia lo que algunos consideran fuerzas de ocupación el que sirve de fermento para movilizar contra lo que, en este caso, es un chivo expiatorio.
El pueblo haitiano merece recibir, especialmente después del terremoto del 12 de enero, toda la ayuda que sea posible.
Pero la presencia de tropas, con armas de guerra que terminan siendo usadas en su contra, no conviene a nadie. Para la mantención del orden interno se requieren policías entrenados para lidiar con muchedumbres agresivas.
Tampoco es conveniente para los países que despachan las tropas eternizar su presencia a un alto costo humano y económico.
El costo de la MINUSTAH en sus dos primeros años representó un gasto de más de mil millones de dólares. En el mismo período, el gobierno haitiano recibió algo menos de trescientos millones de dólares en ayudas.
Pero hoy, por encima de todo, el país requiere al menos un millar de enfemeras y un centenar de médicos. Cuba ya está presente con cuatrocientos doctores.
En toda misión bélica, sea ofensiva o humanitaria, es necesario contar con una estrategia de salida. Es imperioso establecer metas y un cronograma para su ejecución.
En Haití la presencia militar del Batallón Chile, integrado por quinientos efectivos del Ejército y la Armada, ya pasa de los seis años.
En el país no hay bandos armados que requieran de una fuerza extranjera para impedir la recurrencia de acciones bélicas. En consecuencia no hay razones objetivas para que dicho batallón permanezca allí a un alto costo.
En cambio parte de lo desembolsado debería destinarse a incrementar la ayuda médica, educacional y de otros servicios por la vía de las organizaciones no gubernamentales que ya se encuentran allí.
Las misiones de Naciones Unidas suelen caer en el sopor burocrático que es guiado por la inercia.
Así los mandatos para mantener Cascos Azules pueden prolongarse por décadas contribuyendo a la fatiga de ayuda por parte de la comunidad internacional. Haití no requiere la presencia de un vasto contingente militar extranjero.
Tampoco requiere, como lo ha dicho Preval, de un Ejército propio: “Yo escucho a menudo decir que el Ejército sirve para el desarrollo, para proteger el medio ambiente y traer seguridad. Eso es falso… El presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas prefiero utilizarlo en salud, educación y construcción de infraestructura”.
Es hora de retirar el Batallón Chile y seguir el consejo de Preval.

Extraido de LA NACION

Mapuche: Un pueblo bajo la alfombra del Estado Chileno

por KROK

Basta con querer averiguar respecto al problema mapuche y querer tener información de su estatus para darse cuenta de lo poco o nada que exponen los medios tradicionales respecto a este tema. Poco se sabe, que los presos mapuches procesados por la Ley Antiterrorista están sosteniendo una huelga de hambre y su principal solicitud es que no sean procesados por esta Ley, sino por un debido proceso donde puedan demostrar su inocencia. Se manifiestan frente a una ley que ha sido criticada también por varias ONG y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que fue creada por el  régimen de Pinochet en 1984 para la persecución política de sus opositores, para posteriormente ser modificada en 1990 y ser utilizada por los gobiernos de la Concertación con el solo fin de perseguir un eventual pronunciamiento del pueblo mapuche, esta ley que da facilidades y facultades extraordinarias al Estado para que los fiscales efectúen allanamientos y detenciones por tiempos prolongados – en algunos casos más de un año- antes de que sean procesados. Todo lo anterior permite aseverar que estamos frente a reales presos políticos de un Estado racista  y que convierte en terroristas a las comunidades que reivindican sus derechos ancestrales. Y mientras en nuestro Chile, el gobierno y los medios están mas preocupados de los presos políticos cubanos, pues esto sustenta su idiología neoliberal, otra vez nos damos cuenta todo lo que falta por hacer e informar respecto al tema mapuche, el desconocer nuestra raza y cultura originaria será construir un puente sin cimientos, lo primero por hacer es suprimir la aplicación de la Ley Antiterrorista del Estado y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

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