/
ARCHIVOS

Archivos para

Economista experto en salud: “Si Chile aspira a ser desarrollado tendrá que discutir de desigualdad”

por Marcela Ramos
Se están discutiendo cambios profundos al sistema de salud: la existencia de un plan único, el fin de las isapres, el destino de las cotizaciones, la entrada del sector privado en la gestión de hospitales públicos. El experto en economía de la salud Guillermo Paraje aconseja introducir solidaridad al sistema, pues sólo de esta manera Chile podrá dejar atrás el subdesarrollo. Sobre la irrupción de los privados en la salud pública, alerta frente a los riesgos de mezclar lucro con necesidades epidemiológicas y sociales.
A comienzos de diciembre, el Comité Asesor Presidencial de Salud entregó sus propuestas al Presidente Sebastián Piñera. Los expertos plantearon crear un plan único de salud para toda la población, un piso de cobertura común para todos los chilenos, independiente del nivel de ingresos, de si se está contratado o se cotiza como independiente. A la hora de definir cómo financiar la propuesta, los técnicos plantearon dos alternativas, radicalmente distintas: una basada en un fondo común, donde todos contribuyen con su cotización; y otra en la que cada cotizante se financia con su contribución y, si a alguien le sobra, se queda con sus excedentes. La primera es apoyada por la mayoría de quienes integraron la comisión (8 de los 13); la segunda, aunque minoritaria, es la que le gusta a La Moneda.
Esta comisión comenzó a trabajar luego de que el Tribunal Constitucional pusiera en jaque al sistema de isapres, por lo que se le encomendaron dos grandes tareas: proponer las bases de un plan mínimo garantizado y revisar el mecanismo de las licencias médicas. En su informe, sin embargo, abordaron un tema más: la prestación de servicios en el sistema público de salud. Fueron lejos. Formularon recomendaciones respecto al financiamiento de los hospitales públicos, su autonomía y su integración con la red primaria. Derechamente, plantearon la necesidad de concesionar, no solo para construir hospitales, sino para la gestión médica de éstos y la atención primaria. Se trata de un feroz cambio al sistema de salud tal cual se conoce hasta ahora. ¿Son buenas estas ideas? ¿Por qué son necesarias? ¿O están pesando mucho los intereses gremiales y empresariales de los integrantes de la comisión de expertos?
Guillermo Paraje, especialista en economía de la salud, evalúa las iniciativas de mayoría y minoría de la comisión y los paradigmas que retratan. Es doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y miembro del Grupo Científico de Apoyo en Equidad en Salud, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Junto a Antonio Infante publicó a mediados de 2010 un análisis de la Reforma Auge, el cual fue parte del libro “Las nuevas políticas de protección social en Chile”, editado por el PNUD. Actualmente es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.
-¿Cuál es su conclusión de las propuestas entregadas por la Comisión Asesora Presidencial de Salud?
-Las dos propuestas tienen en común la creación de un paquete mínimo obligatorio (PMO); un conjunto de prestaciones y tratamientos para los que todos estaríamos cubiertos. Lo que se busca con eso es universalizar el acceso a esas prestaciones; y, fundamentalmente, controlar costos. Porque esas prestaciones van a tener un precio asociado, entonces lo que le va a costar al beneficiario o al Estado, ya está definido, y los costos son justamente uno de los grandes problemas de los sistemas de salud.
-¿Por qué?
-A medida que los países se desarrollan y las personas se hacen más ricas, demandan más salud. La otra razón es la transición demográfica: las personas viven más y al vivir más, usan más salud, sobre todo en la última etapa de su vida, donde es más caro. Un año extra de vida que ganas como sociedad significa una presión importante dentro del sistema, porque ese último año no lo vives como cuando tenías 15. En algunos sistemas, un tercer factor es que los prestadores –clínicas, hospitales, médicos– tienden a utilizar muchas veces tratamientos que no son costo-efectivos.
-La comisión propone dos caminos para financiar ese plan mínimo. Hablemos de la alternativa apoyada por la mayoría.
-La opinión de mayoría es constituir un fondo solidario. Lo que ahí sucede, básicamente, es que cada uno paga su cotización laboral de 6% para comprar el paquete mínimo. Si no le alcanza, el Estado pone la diferencia. Si le alcanza y le sobra dinero, todo eso que le sobra se va al fondo solidario. El punto es que todos aportamos a ese fondo, y se mezcla todo y es una bolsa enorme de plata asociada a un número de afiliados, que pueden cotizar en distintas ESSS (que son las instituciones nuevas que se crearían) y acceder a un plan mínimo de salud.
-¿Dónde está la solidaridad?
-Si eres una mujer en edad reproductiva, y ese plan mínimo cubre partos, el fondo le pasa a la ESSS un monto mayor, porque tienes probabilidad de ser madre durante ese período. En cambio para un hombre de entre 20 y 40 años se va a entregar una cantidad que va a ser mucho menor. De esa manera, el fondo actúa como una compensación de riesgo. El efecto de eso es que las nuevas instituciones de salud, las ESSS, no van a tener ningún incentivo para dejar afuera a las mujeres, por ejemplo, porque su riesgo asociado está compensado por la plata del fondo y recibe más dinero. Ese es todo el punto del fondo solidario.
-Hoy es lo contrario…
-Hoy las isapres te seleccionan por precio y si tienes preexistencias de salud, no te dejan entrar. Todo esto tendería a eliminarse, lo que es un punto sumamente importante. Ahora, eso va a pasar en la medida en que los predictores de riesgo sean apropiados. Si usan edad y sexo y el riesgo predicho por edad y sexo no es el adecuado, a la persona no la van a dejar entrar, porque va a ser más cara que lo que la ESSS recibe.
-¿Existe un sistema como éste en otros países?
-En muchos, en Holanda, en Suiza, en Alemania.
-¿Así, tal cual?
-Esta propuesta es Holanda.
-¿Y allá funciona bien?
-Perfecto. Holanda tiene varios niveles. Primero, un seguro universal, catastrófico, que viene a ser como el Auge. Después un segundo piso, que son estas instituciones privadas que tienen que ofrecer el paquete mínimo obligatorio y tienen este mecanismo de compensación de riesgos. Y hay un tercer piso que es voluntario, y que aquí también está contemplado. Si quieres pagar más de tu plan mínimo, lo pagas y lo contratas con las reglas del mercado.
-¿A usted le gusta esta propuesta mayoritaria?
-Sí.
-¿Es mejor que como estamos ahora?
-Sí, mucho mejor. El sistema actual tiene serios problemas de incentivos, todo el mundo lo reconoce. Esta es una propuesta que supera la situación actual. Después viene la parte de la implementación, que hay que ver cómo sale.
-Cuesta creer que vayan a reemplazar a las isapres por nuevas instituciones…
-Bueno, vamos a verlo. Lo quisieron hacer en 2004, en el marco de la Reforma Auge, y no salió. En esa oportunidad el lobby de las isapres fue muy fuerte. Recuerdo que sin los votos de la derecha la reforma no salía, y en algún momento hubo una amenaza de decir ‘o sacan esto o la reforma completa se cae’.

Parto con vista hacia la cordillera

-¿Qué defectos tiene esta propuesta mayoritaria?
-A mí me cierra bastante bien la propuesta. Tal vez la dificultad viene por el lado de definir los predictores de riesgo y el paquete mínimo obligatorio. Lo que sí es controvertido es la portabilidad del subsidio. A la persona que no le alcanza para cubrir el plan mínimo, el Estado le pone plata y, contrariamente a lo que ocurre ahora, (tras recibir el aporte del Estado) esa persona podría irse al sector privado y contratar el PMO. Parte de la izquierda o de la Concertación se opone férreamente a eso.
-Pero si ya lo están haciendo ahora con las listas de espera del Auge
-Pero acá estamos hablando de cotizaciones mensuales que se irían completas al sector privado. Hoy eso no se puede hacer. Si a la persona no le alcanza la cotización, está en Fonasa y en ciertos fondos de Fonasa. Con esta propuesta, según yo entiendo, le abres el juego al sector privado.
-¿Qué piensa usted de eso?
-En principio no estoy en desacuerdo. Si vas a introducir un mecanismo como éste, tienes que abrirle el juego a los privados. El de Holanda es un sistema básicamente privado, y dentro de Europa está entre los que mejor funciona y es de los más baratos.
-¿Y los privados logran hacer su negocio, que es el gran punto de esta discusión?
-Los privados hacen su negocio pero con la cancha muy bien marcada. De hecho, en Holanda, cuentan con un fondo de compensación de riesgo ex-ante. Es decir, antes de atenderte, las isapres reciben las platas por afiliado. Pero después, a fin de año, por decirlo de alguna manera, se juntan todos los seguros de salud y dicen ‘bueno, yo, por mala suerte, me llevé todos los enfermos costosos de Holanda, perdí plata’. Si uno perdió plata, quiere decir que hubo otros que ganaron mucho, y lo que se hace es solidarizar parte de ese riesgo. Eso es algo que acá no se propone pero eventualmente se puede hacer sin mayor costo.
-Uno de los problemas aquí es que casi nunca se raya bien la cancha a los privados. De hecho, hacia esa dirección apuntan algunas de las críticas a estas propuestas
-Exactamente. Pero esta propuesta de mayoría en principio podría marcarles muy bien la cancha a los privados.
-Ahora, si el subsidio es portable, estás poniendo a competir hospitales viejos, abandonados, con un sector privado que ha invertido millones de dólares en sus clínicas…
-Bueno, hay que ver qué privados ofrecen este plan mínimo y en qué condiciones. O sea, el hecho de que el beneficiario opte por un privado que cubre el plan maternal, porque el plan maternal está dentro del PMO, no quiere decir que vas a tener a tu hijo con vista a la cordillera. O sea, muchas de las inversiones que han hecho los privados son hotelería, habitaciones bonitas con plasmas, y yo creo que esos siempre van a ser “extras”. Viví en Inglaterra 4 años, y tuve dos hijos allá. Inglaterra era así: todo el mundo estaba cubierto, incluso los extranjeros como nosotros. No te preguntaban de dónde venías, cuánta plata tenías, nada. Entrabas al hospital y eras uno más. Y tenías tu niño o niña junto con el resto de los ingleses. Eran buenas habitaciones, pero no estabas solo, por ejemplo. Si querías una habitación solo, la pagabas aparte.
-La duda es qué papel jugará el sector privado, que ha invertido mucho en clínicas, centros de diagnóstico, etc. Quieren ser parte del negocio, y el negocio es que la gente, mucha gente, pague por tener una pieza con TV plasma…
-Pero va haber gente que lo va a seguir pagando.

La pelota es mía

-¿Puede explicar la propuesta minoritaria?
-Esta propuesta no tiene fondo de compensación. Si al cotizante no le alcanza para comprar el plan mínimo, el Estado pone la diferencia, igual que en el primer caso, pero su cotización no va a un fondo.
-¿Por qué esta propuesta es menos solidaria que la de mayoría?
-En este caso, si al comprar el PMO al cotizante le sobra dinero, ese dinero no va a un fondo, sino que a una cuenta individual. Es decir, no se solidarizan los aportes para compensar riesgos, sino que la plata que sobra se deposita en una cuenta individual, como una AFP de salud. Esa plata se acumula y se puede usar cuando se es mayor, o cuando la persona se enferma. La idea de eso es que individuos jóvenes van a tener un ahorro positivo en esa cuenta y la van a usar en la medida en que se transformen en viejos. Detrás de esto está la idea, aunque la propuesta no lo dice, de que incluso podría tener un impacto sobre el mercado de capitales.
-El principal argumento de quienes defienden esta propuesta es que el aporte es personal. Del otro lado, imagino que un fondo solidario en países más igualitarios genera menos problemas. Pero en países desiguales como Chile, donde hay gente que gana mucho, algunos se plantean ‘cómo le voy a pasar mi cotización a otro’, ¿o no?
-Eso es así en países igualitarios y en países que tienen un concepto de la solidaridad real, cotidiana, no solamente para la Teletón. Porque solidaridad diaria se ve poco por estos lados; en general en América Latina, no sólo en Chile. “Para qué voy a pasar yo plata, si la plata es mía”, se dice. Ahora, uno de los problemas que tiene la propuesta minoritaria es ése, el de la solidaridad, porque creo que es un valor importante en Salud, por muchas razones. Entre otras, porque las desigualdades en Salud tienden a ser mucho más odiosas desde el punto de vista político, por la característica del bien Salud. Entonces, desde el punto de vista ético social, son menos aceptables que otro tipo de desigualdades, que es lo que pasa en Inglaterra. La reina de Inglaterra tuvo a sus hijos en un hospital público, en una habitación al lado del resto. Ese tipo de cosas para mí son valiosas desde un punto de vista social.
-Vuelvo un poco atrás: si en los últimos 20 años, este país se ha hecho para ese modelo, ¿cree probable que podamos volver hacia uno solidario?
-Bueno, va a ser difícil. Y ahí obviamente va a estar la pelea política. Yo creo que si este país tiene alguna aspiración de ser desarrollado, en algún momento va a tener que empezar a discutir seriamente temas de desigualdad en educación, en salud, en ingresos, no hay otra.
-Oscar Arteaga, de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, planteaba que la mejor forma de financiar la salud es a través de los impuestos generales. En su opinión, es el mecanismo más equitativo e igualitario…
-Ese es el sistema inglés. Una crítica a esa idea es que el sistema tributario chileno es bastante regresivo, contrariamente a lo que se dice. El impuesto a la renta, dentro de la masa tributaria, es muy bajo y además uno lo puede eludir de un millón de formas diferentes, y esas formas nunca se han cerrado. Entonces, financiar con impuestos generales, que básicamente es IVA, es hacerles caer el financiamiento a los más pobres.
-El director de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, planteó que la creación de un fondo compensatorio donde vayan todas las cotizaciones de salud podría ser “inconstitucional”, ya que el derecho de propiedad que tienen los afiliados sobre sus cotizaciones se vería vulnerado…
-Yo no he leído la Constitución de Chile, pero creo que eso es una burrada. Con los impuestos solidarizamos y son la forma de financiamiento del Estado, ¿por qué no hacemos cuentas individuales con eso? Todos los países de Europa occidental tienen leyes de derecho de propiedad, donde el cumplimiento es más estricto que en países como Chile, y sin embargo solidarizan sin ningún tipo de problemas. Eso no vulnera nada el derecho de propiedad.

Gestión privada para el hospital público

-En el informe se plantea una nueva gestión para los hospitales, con gobiernos corporativos, empleados sujetos al código del trabajo y no a la administración pública, e incluso concesionando la función médica. ¿Esa es la panacea?
-A ver, yo sospecho de ese tipo de propuestas. Cuando se introduce al sector privado como la solución automática de todos los males, yo tiendo a sospechar, más en este tipo de cosas, en las cuales las inversiones o la gestión de largo plazo tiene que estar pensada en términos epidemiológicos, en términos sociales, y no en términos de lucro. Si a mí como privado me da más dinero invertir en un tomógrafo que en una sala de cuidados de largo plazo para viejitos, o para personas con discapacidad, ¿quién me va a obligar a invertir en esto último? Entonces a lo mejor lo que pasa con ese tipo de cosas es que los privados se van a quedar con las áreas rentables de la salud hospitalaria, y le van a dejar los problemas serios, de largo plazo y costosos, al sector público. A lo mejor esta propuesta lo que genera es, y digo a lo mejor, porque habría que estudiarlo bien, son dos sistemas, como los que tienes ahora en términos de aseguramiento. Es decir, la parte rentable es privada y la parte no rentable, pública, que no vale. Ahora, eso es una cosa. La otra es introducir a lo mejor algunos mecanismos de mercado en la gestión pública de los hospitales. Yo en eso en principio no estaría en desacuerdo.
-¿En qué cosas concretamente?
-Mecanismos de mercado, evaluaciones periódicas, a lo mejor cambiar la planta de empleados al código del trabajo, promover mediciones de performance, incentivos económicos. Creo que independientemente de cómo se haga, hay que introducir elementos de gestión privada al sector público. Hospital público no quiere decir que cada cual hace lo que quiere allá adentro y que tienes costos en los cuales nadie se puede meter. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Concesionando? La verdad no lo sé.
Extraido de CIPER Chile
Anuncios

P. Krugman: fundamentalistas de mercado se han equivocado en todo

por Paul Krugman

Cuando los historiadores miren atrás, a los años 2008 al 2010, lo que más les intrigará, yo creo, es el extraño triunfo de las ideas fallidas. Los fundamentalistas del libre mercado se han equivocado en todo, y, no obstante, ahora dominan a fondo la escena política como nunca antes.

 
¿Cómo pasó eso? ¿Cómo, después de que bancos fuera de control pusieron de rodillas a la economía, terminamos con Ron Paul, quien dice: “No creo que necesitemos reguladores”, a punto de encargarse de un panel clave de la Cámara de Representante que vigila a la Reserva Federal? ¿Cómo, después de las experiencias de los gobiernos de Clinton y Bush –el primero aumentó los impuestos y presidió un espectacular crecimiento en el empleo; y el segundo redujo los impuestos y presidió un crecimiento anémico incluso antes de la crisis–, terminamos con un acuerdo bipartidista para aún más recortes fiscales?
La respuesta de la derecha es que las fallas económicas del gobierno de Obama muestran que las políticas del gran gobierno no funcionan. Sin embargo, la respuesta debería ser: ¿cuáles políticas del gran gobierno?
Ya que el hecho es que el estímulo de Obama –que en sí mismo consistió de casi 40% de reducciones fiscales– fue excesivamente cauteloso como para cambiar a la economía. Y no se trata de necesitar anteojos para ver el pasado: muchos economistas, yo mismo incluido, advirtieron desde el principio que el plan era extremadamente inadecuado. Se puede expresar así: una política bajo la cual el empleo gubernamental cayó en realidad, bajo la cual el gasto gubernamental en bienes y servicios creció con más lentitud que durante los años de Bush, apenas si constituye una prueba de economía keynesiana.
Bien, quizá no era posible que el presidente Barack Obama obtuviera más de cara al escepticismo congresual sobre el gobierno. Sin embargo, aun si eso es cierto, solo demuestra el control persistente de una doctrina fallida sobre nuestra política.
También vale la pena señalar que todo lo que dijo la derecha sobre por qué la obamanomía fracasaría está equivocado. Durante dos años, se nos ha informado que los préstamos gubernamentales harían que las tasas de interés subieran hasta el cielo; de hecho, las tasas han fluctuado según el optimismo o el pesimismo hacia la recuperación, pero han permanecido sistemáticamente bajas según estándares históricos. Durante dos años se nos ha advertido que la inflación, incluso una hiperinflación, estaba a la vuelta de la esquina; en cambio, ha continuado la deflación, y la inflación central –que excluye los volátiles precios de alimentos y energía– está ahora en un punto bajo de medio siglo.
Los fundamentalistas del libre mercado han estado tan equivocados sobre los acontecimientos en ultramar como en los de Estados Unidos –y padecido, por igual, pocas consecuencias–. En 2006, George Osborne declaró que “Irlanda es un ejemplo reluciente del arte de lo posible en el diseño de políticas económicas a largo plazo”. Uups. Sin embargo, Osborne es hoy el principal funcionario de economía de Gran Bretaña.
Y en su nuevo cargo, se dispone a emular las políticas de austeridad que implementó Irlanda después que reventó su burbuja. Después de todo, los conservadores en ambos lados del Atlántico pasaron gran parte del año anterior elogiando la austeridad irlandesa como un éxito rotundo. “El enfoque irlandés funcionó en 1987 a 1989, y está funcionando ahora”, declaró Alan Reynolds del Instituto Cato en junio pasado. Uups, de nuevo.
Sin embargo, tales fracasos no parecen importar. Para tomar prestado el título de un libro reciente del economista australiano John Quiggin sobre las doctrinas que la crisis debió eliminar, pero que no fue así, aún nos rige –quizá más que nunca antes– la “economía zombi”. ¿Por qué?
Parte de la respuesta, sin duda, es que en lugar de que las personas que deberían haber estado tratando de aniquilar las ideas zombis, han tratado de comprometerse con ellas. Y esto es especialmente, aunque no exclusivamente, cierto sobre el Presidente.
La gente tiende a olvidar que Ronald Reagan a menudo cedió terreno en cuestiones políticas fundamentales, en forma más notable, terminó promulgando múltiples incrementos a los impuestos. Sin embargo, nunca titubeó en las ideas, nunca cedió en su posición de que su ideología era la correcta y la de sus oponentes, la equivocada.
En contraste, Obama ha tratado sistemáticamente de acercarse a los oponentes brindando cobertura a los mitos de la derecha. Ha elogiado a Reagan por restaurar el dinamismo estadounidense (¿cuándo fue la última vez que se escuchó a un republicano elogiar a Franklin Delano Roosevelt?), adoptó la retórica del partido Republicano sobre la necesidad de que el gobierno se apretara el cinturón, aun de cara a la recesión, y ofreció congelamientos simbólicos en el gasto y los salarios federales.
Nada de esto detuvo a la derecha para no seguirlo calificando de socialista. Sin embargo, ayudó a darle poder a las malas ideas en formas que pueden hacer un daño bastante inmediato. En este momento, Obama aclama el pacto de la reducción fiscal como un estímulo para la economía –pero los republicanos ya hablan de recortes en el gasto que contrarrestarían cualquier efecto positivo del pacto–. ¿Y cuán efectivamente nos podemos oponer a estas demandas, cuando él mismo ha abrazado la retórica de apretarse el cinturón?
Sí, la política es el arte de lo posible. Todos entendemos la necesidad de lidiar con nuestros enemigos políticos. Sin embargo, una cosa es hacer pactos para hacer avanzar los objetivos, y otra, abrirle la puerta a las ideas zombis. Cuando se hace eso, las zombis terminan comiéndose el cerebro, y, muy posiblemente, también a la economía.

© 2010 The New York Times News Service.

Extraido de CIENCIAS SOCIALES HOY

¿Por qué renunció Herman Chadwick a las concesionarias?

La intempestiva renuncia de Herman Chadwick Piñera a la presidencia de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA), después de cinco años de ejercer paralelamente este cargo con el de Consejero del Consejo Nacional de Televisión, ha sido explicada por él como un sencillo ordenamiento de prioridades. Según sus palabras, ahora quiere dedicarse por completo a dirigir el Consejo Nacional de Televisión, después de haber sido nombrado por su primo, el Presidente Piñera, por los próximos cuatro años.
Es cierto que ese parentesco ha motivado críticas fundadas al nombramiento. Sin embargo, hay un aspecto inadvertido y que resulta aun más cuestionable.
Primero cabe preguntarse por qué, si el CNTV demandará “mucho trabajo” , no renunció a los otros 14 cargos en directorios de grandes empresas.
 
Planteada esta interrogante, cabe despejar que tiene de especial la Presidencia de COPSA -a la que acaba de renunciar apuradamente Chadwick-, gremio que agrupa a poderosos grupos económicos. La respuesta es tan simple como sorprendente. Y está ahí, en una ley que nadie parece haber leído, la del Consejo Nacional de Televisión.
El artículo 8º de la ley 18.838, que crea el CNTV, establece sólo tres causales que impiden legalmente que una persona se desempeñe como Consejero. La segunda de estas causales reza como sigue:

“8º Son inhábiles para desempeñar el cargo de Consejero : 2.- Las personas que desempeñen los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero en las directivas centrales de los partidos políticos o en directivas nacionales de organizaciones gremiales o sindicales.”

No está demás recordar que una organización gremial es un colectivo de personas o de empresas que se asocia para defender y promover aquellos intereses que los unen. Es decir, un gremio.

Como resulta inequívoco, COPSA es una organización gremial que reúne a aquellos grupos económicos que lucran con el sistema de concesiones públicas. De hecho está registrada como Asociación Gremial, y en la descripción de su “misión”, se refieren a sí mismos como un gremio. Y demás está decir, que es una organización de carácter nacional, con presencia de sus asociados a lo largo del país, y que se relaciona con el poder político a través del MOP.

Es decir, Herman Chadwick Piñera, ejercía la presidencia de la directiva nacional de una organización gremial, al tiempo que ocupaba la calidad de Consejero del CNTV. Ilegalmente. Alertado por misteriosos espíritus de la posibilidad de caer en desgracia, y en particular de ser destituido por el Pleno de la Corte Suprema por esta causa (art. 10 i II, Ley 18.838), ha renunciado a su alto cargo gremial, presumiblemente el pasado viernes.

Salvó la situación, podría afirmarse. Sin embargo, hay algo más. Herman Chadwick Piñera fue designado Consejero del CNTV por el gobierno de Ricardo Lagos en 2001. Luego, en 2006 fue electo Presidente de COPSA, cargo en el que fue reelecto por sucesivos períodos, hasta el día de hoy.

En castellano: Herman Chadwik ocupó ilegalmente  el cargo de Consejero del CNTV, durante cinco años. A sabiendas de que la ley lo prohibía, con el obvio propósito de precaver conflictos de intereses.

Porque, la otra alternativa, es conceder que el primo del Presidente nunca ha leído una ley que consulta cada vez que cuestiona el humor del Club de la Comedia, o cuando legitima la censura televisiva al pueblo mapuche.

O bien, podemos pensar que el abogado Chadwick no sabe lo que es una organización gremial, ni menos comprende que significa ser presidente de la directiva nacional de un gremio.

Por cierto, legitimado por una clase política que tampoco parece conocer ciertas leyes.
A partir de estos días, se entregará la dirección del órgano regulador de la televisión a una persona que tuvo la audacia de omitir que sus calidades de Consejero del CNTV y de hombre de los grupos económicos, eran legalmente incompatibles.
 

A esperar los resultados.
Extraido de El Quinto Poder

Hermanos Ossandón: ¿Donde está el Estado laico?

Los dichos de los hermanos Ossandón han abierto una serie de críticas en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Sus palabras dan cuenta del catolicismo que los empapa en una de sus posturas más radicales que es el Opus Dei. Sin embago, me parece que las críticas han estado mal enfocadas: están referidas a lo que ellos piensan, pero carecen de un análisis profundo que explique por qué esto puede resultar dañino. Creo que el problema en sí no es lo que dicen o lo que creen, sino el lugar desde donde lo dicen y el rol público que ellos tienen en la esfera política.
Hace algunos, Ximena Ossandón, en una entrevista con la revista Paula, dio su opinión sobre Karadima. Según el punto de vista de Ossandón, quien se desempeña como vicepresidenta de la Junji, el sacerdote es un estandarte de la Iglesia Católica, pero el diablo lo hizo caer en la tentación que explicaría las acusaciones de pedofilia. Desde una perspectiva teológica, y siendo bastante estrictos, su perspectiva no es del todo errónea. Efectivamente, el cristianismo plantea que el demonio tienta al ser humano y que éste, por voluntad, decide si caer o no ante lo que ofrece. Ossandón, entonces, piensa que si Karadima es culpable, es por la tentación del demonio.
Más allá de mis creencias -y de considerar que esto podría estar errado-, me parece que sí hay que respetar distintas formas de fe aunque nos parezcan disparatadas. Ximena Ossandón tiene todo el derecho de creer lo que quiera y me parece que nadie debería criticar esto. El problema tiene que ver con su rol político. Una mujer encargada de la Junji y que trabaja para el Estado no debería dar estas declaraciones, porque ella está representando al Estado, que supuestamente es laico. De cierta manera está infringiendo el laicismo del Estado con estos dichos que vienen de ese lugar. Si a Ximena le hubieran hecho la entrevista desde otra tribuna, creo que no habría mayor conflicto. El problema, insisto, está en el lugar en donde pone sus palabras y en cómo su fe particular pasa a formar parte de algo que es público. Esto se refleja en las vírgenes que está instalando en todos los jardines de la Junji, los que pagamos nosotros con nuestros impuestos: así viola así las creencias diversas de cada de uno de los chilenos e impone una ideología que no es de país -aunque muchos quieran que así sea-. Ése es el problema de raíz: la imposición de una creencia y la violación a la noción de Estado laico.
El alcalde Ossandón hace exactamente lo mismo al no repartir la píldora del día después en Puente Alto por motivos religiosos. Él está en todo su derecho de estar en contra del aborto, del matrimonio igualitario entre otros, pero no debería permitirse que por sus creencias viole ciertas legalidades. Cuando los motivos ideológicos pasan por encima del Estado y de los derechos de las personas estamos en presencia de actos de por sí reprochable.
¿Por qué nadie ha hecho algo al respecto? Muchas opiniones se quedan en torno a lo que ellos dicen y lo que ellos creen. Sinceramente, pienso que no tiene sentido seguir en esa discusión infructuosa e intolerante. Lo que sí hay que poner en el tapete es el problema que se genera a partir de lo que están haciendo por sus creencias y cómo el Gobierno no toma acciones para hacer valer su legalidad. Es necesario respetar la diversidad de opinión, pero cuando las creencias de unos pocos pasan por encima de todos nosotros el problema es otro. Estos actos que imponen ciertas ideologías a los demás, abusando de un lugar y un rol político, me parecen violentos e intolerables.  Y es desde ahí donde hay que hacer productivo el debate.
Extraido de SENTIDOS COMUNES

El pulpo del imperialismo: Lo que queda de la izquierda concertacionista

por Osvaldo Torres
La izquierda de la Concertación fue colonizada intelectual y políticamente por los diseños producidos en las universidades, centros de pensamiento y organismos ligados a Washington.
Sorpresa tras sorpresa. El antimperialismo socialista pasó de moda hace rato y no solo eso, pues ahora se encuentra en franca asociación con la política exterior norteamericana.
Los documentos difundidos por el periodismo independiente, y valiente, del sitio Wikileaks, han dejado al desnudo que el gobierno de M. Bachelet a través de su ex Ministro del Interior, el democratacristiano E. Perez Yoma – durante la cancillería ejercida por el DC A. Foxley- solicitaron la colaboración de la “Inteligencia” norteamericana para combatir la causa mapuche. El gobierno se había comprado el discurso de la derecha autoritaria sobre “el terrorismo mapuche” y recurría a un “aliado” para actuar.
Pero no sería la primera vez que en política ocurría esto –para no hablar de las políticas económicas-, pues como quedó en evidencia con la muerte de los 81 presos comunes hace pocos días, los gobiernos de la Concertación también asumieron como propias las políticas antidelincuencia promovidas por la derecha autoritaria local en prolongación de las políticas norteamericanas. Ya lo han señalado varios estudios, terminamos luego de 20 años, con la mayor tasa per capita de presos entre los países de América Latina y discutiendo sobre el ritmo y número de cárceles construidas.
Los dos ejemplos anteriores ponen en la discusión un problema crucial de la identidad socialista: su carácter antimperialista. No se trata de la nostalgia de revivir las marchas en solidaridad de Vietnam o volver a editar los “Documentos de la ITT” sobre la intromisión norteamericana en la política nacional en los ’70, sino de sostener una política internacional autónoma, que entienda que los intereses norteamericanos no son los mismos que los chilenos o de los latinoamericanos, y que por tanto se requiere de generar los contrapesos regionales e internacionales para defender un proyecto de desarrollo no condicionado a los intereses de las transnacionales (Barrick Gold, Hidroaysen, etc). No vivimos la era “post imperialista” sino más bien la constitución de un imperialismo que requiere cada vez más de la incondicionalidad política de sus áreas de influencia para asegurar los procesos de especulación financiera e inversión en recursos estratégicos de la sociedad de la información.  Allí están el “Consenso de Washington”, las directrices del FMI, la guerra en Irak y Afganistán, la ayuda millonaria a la posición colombiana, entre otras.
La política internacional concertacionista estuvo más cerca de Estados Unidos que de los gobiernos de Bolivia, Argentina, Venezuela, Brasil y Ecuador, procurando con ello obtener un buen puntaje en las clasificadoras de Wall Street que especulan en las bolsas internacionales, más que por solidarizar decididamente con las intentonas golpistas como fue el caso venezolano.
El asunto merece una pregunta. Se ha venido discutiendo acerca del progresismo, pero parece ser que lo que se debe discutir es qué se entiende por una alianza de centroizquierda. Es lícito preguntárselo toda vez que la izquierda concertacionista se desperfiló, perdió identidad programática y más bien pareció reducida a la función de darle gobernabilidad a las medidas liberales pro compensación social. Es decir, las políticas sociales de estas dos décadas no fueron más allá de los diseños impulsados por las agencias internacionales como el Banco Mundial, que propugnaban la reducción del riesgo y la “vulnerabilidad” social, que amortiguaran los efectos de los procesos de liberalización al capital financiero y la falta de regulación de los mercados de bienes sociales.
La izquierda de la Concertación fue colonizada intelectual y políticamente por los diseños producidos en las universidades, centros de pensamiento y organismos ligados a Washington. Mientras la desigualdad social y territorial está instalada como eje de un modelo que continúa concentrando el poder económico, debilitando el ejercicio de la política, cooptando a sus administradores e impidiendo el debate sobre cuestiones como la libertad individual, la participación social y las reformas políticas democratizadoras.
No hay alianza de centroizquierda si la izquierda y en particular el Partido Socialista no contribuyen con una identidad política claramente nacional y popular, de cara a los desafíos de la desigualdad y la libertad. Para ello se requiere poseer un programa político viable para resolver esos temas y también una recuperación de la credibilidad y confianza de los sectores populares y medios hacia una dirigencia que sea creíble en su disposición a la confrontación democrática con los intereses de los más privilegiados. Se necesitará una política de izquierda que recomponga una mayoría social capaz de llevar al país a una nueva estrategia de desarrollo de carácter sustentable e inclusivo.
Si la izquierda no enfrenta este proceso de actualización identitaria que le permita reconocerse en los problemas sociales y los desafíos futuros del país, será imposible construir una alianza de centro izquierda y menos recuperar el gobierno para cambiar el país.

Los 80 para nuestra generación en 2010

 
Son múltiples las razones que han llevado a Los 80 a ser una serie sobresaliente dentro de la oferta nacional. Mucho se habla de su gran calidad, de su cuidado y amor por los detalles más rigurosos, de su impecable elección de elementos, de vestuario, de música, de las actuaciones y la dirección de arte: en fin, de una factura de calidad innegable y resultados que agradan hasta a los más exigentes.

Y toda esta ejecución virtuosa sería sólo un detalle si la historia contada en estas tres temporadas por el equipo que lidera Boris Quercia no fuese tan pertinente, tan bien pensada como lo ha sido. Algunos dicen que devela una visión sesgada; otros, que la simplifica en demasía. Más allá de estas críticas, la serie ha tenido la valentía de revisar y recrear detalladamente un tiempo del cual preferimos no hablar y lo ha hecho con humildad dentro de su ambición: haciendo viva la memoria en lo cotidiano, sin caer en caricaturas, siendo muy responsable con la verdad y dejando los juicios al espectador.
Creo muy sinceramente que su éxito se debe a la simplicidad y la franqueza con que se nos presenta: una historia tan íntimamente chilena que puede ser la de cualquiera de nosotros, de un familiar, un amigo o conocido.  La serie ha sabido conectarse con la audiencia generando un mensaje del que nadie está ajeno.
Pero, ¿cómo incorporamos esta visita a los años ochenta los que éramos muy pequeños para entender lo que pasaba? ¿Qué lecciones debemos extraer de la historia sobre los años en que nacimos?
Me permito recordar a Octavio Paz cuando se preguntaba por la identidad latinoamericana, cruzada transversalmente por la violencia que significó el mestizaje, que produjo hijos de un padre ausente y de una madre violentada en su esencia. Pues bien, ¿no es nuestro origen, como generación, una ruptura igualmente violenta? Hasta la aparición de esta serie nadie se había atrevido a hablar de los años ochenta más que para hacer reivindicaciones folclóricas, muestras de “excentricidad en el vestuario” o fiestas kitsch. Sin embargo conocer nuestra historia es absolutamente necesario para entender de manera íntegra los problemas de hoy, no sólo los que heredamos, sino también los que evolucionan desde un pasado común que hasta ahora no nos hemos atrevido a mirar con suficiente valentía, porque es doloroso, porque nos divide, porque aún hoy –incluso viendo la serie –puede abrir capítulos no superados.
Paz postula que el problema del origen “manchado” de Latinoamérica se resuelve, entre otras cosas, en el culto a María –una madre inmaculada– y en la adopción de máscaras que nos dan un carácter resuelto y esconden nuestros pesares y horrores. Asimismo, podríamos preguntarnos por cómo se resuelve nuestro propio problema de origen como generación, y si acaso queremos seguir alimentando las máscaras que nuestros antecesores han construido para no enfrentar los errores que los llevaron al fratricidio y que nos heredaron un país dividido y sumido en la más aberrante desigualdad.
¿En qué se juega la restitución de la relación filial entre los que compartimos un mismo suelo? ¿Cómo podemos –como cantaba en la misma serie Luis LeBert– “perderle miedo a todo y a los que son diferentes”?
Ante una clase dirigente que agota su insulso discurso de unidad en teletones y créditos navideños, que se aprovecha de episodios donde unirse es inevitable, levantando figuras como los mineros o el Zafrada, me parece que es una responsabilidad política de todos los sectores generar una forma más sustancial de enfrentarnos. Por lo mismo, rescato esta serie que hoy termina su tercera temporada, porque me parece que nos da el que quizás sea un primer peldaño para comenzar la construcción de nuestra historia común: el reconocimiento simple, honesto y fiel de lo que fueron los hechos que nuestros padres vivieron y nos contaron. Quizás así, en 30 años más estemos acostumbrados a mirarnos a los ojos y enfrentarnos de manera honrada, sin que el fratricidio haga necesario que exista una serie sobre los hechos que nadie quiere recordar de los años 00’ .
Esta reflexión necesita nutrirse de tantas miradas como sea posible, por lo que hago un especial llamado a utilizar el espacio de nuestra página para comentar y discutir.
Extraido de SENTIDOS COMUNES

El discurso sobre los derechos de las mujeres y su indicador: el aborto

por Maria Isabel Matamala Vivaldi
 
El 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó al Presidente Piñera su primer informe. La intervención de la Directora del Instituto, abogada Lorena Fríes, y la de Víctor Abramovich, Director del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se refirieron a la necesidad de abordar desde el enfoque de derechos las desigualdades en cuyo marco viven actualmente su vida importantes grupos de la población, entre otros, el de las mujeres. Se señaló: “… hoy observamos que las demandas sociales por derechos humanos son más complejas y exigentes. Ya no se pide de los Estados solo el respeto de los derechos. Se demanda también que actúen de manera efectiva para protegerlos y garantizarlos. Sobre todo cuando la afectación de los derechos obedece a factores estructurales, por ejemplo patrones de desigualdad de género, sociales o raciales. Están en juego conflictos colectivos, la situación de grupos o sectores sociales desaventajados”[1]. Es sabido que las desigualdades de género expresan discriminación entre mujeres y hombres en materia de ejercicio y goce de derechos humanos. Esta sola constatación significa que ni la protección ni la garantía de los derechos de las mujeres están siendo cubiertas por los Estados.
En la ocasión el Presidente Piñera afirmó enfáticamente en su discurso: “Debemos mantener y acelerar lo mucho que se ha avanzado en esta materia en los gobiernos anteriores, pero también acelerar el tranco para lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que recorrer”. ¿Es que sus palabras permiten entender que se hace cargo de injusticias que su coalición se ha empeñado en mantener, priorizando convicciones ideológicas y religiosas en desmedro de los derechos y libertades de las mujeres y del Estado laico? ¿Significa que, entre otras acciones, favorecerá la construcción de mayorías políticas para hacer coherente el discurso sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de legalizar el aborto? ¿Destrabará esta discriminadora herencia de la dictadura militar? ¿Habrá conexión entre discurso y voluntad política?
El derecho de las parejas a decidir su proyecto reproductivo, esto es, la cantidad y espaciamiento de hijos/hijas, fue reconocido para las parejas en la Primera Conferencia internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Teherán 1968. Luego, la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, en Bucarest 1974, reconoció también ese derecho como individual: “Todas las parejas y los individuos tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos”.
En Chile, medio siglo después, el goce de este derecho por parte de las individuas aún no tiene el alcance que tiene para los individuos. Cuando los hombres no desean asumir la paternidad ante un embarazo no planificado y no deseado, abortan de diversas maneras y con múltiples argumentos. Cuando en las mismas circunstancias las mujeres no desean asumir la maternidad, o más aún, cuando el embarazo atenta contra su vida o su salud, el aborto les está negado por ley. Si transgreden esta disposición en un esfuerzo límite por defender su proyecto de vida ejerciendo su derecho a decidir, son encarceladas y criminalizadas. ¿Acogerá el Presidente Piñera las observaciones de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que piden al Estado chileno revisar su legislación sobre aborto, así como la demanda de las mujeres chilenas que sufren esta atroz discriminación en materia reproductiva?
Dos casos impactantes – evidencia de la injusticia -, han aparecido en los diversos medios en las últimas semanas. El primero, Karen Espíndola, una mujer anónima y valerosa, a quien el Estado chileno obligó a llevar a término un embarazo cuyo resultado ha sido un niño con gravísimas malformaciones que sólo vive para sufrir las 24 horas de cada día, sin protección o garantías para sus derechos. Posteriormente, Mónica Pérez, destacada periodista, rostro de TVN, quien debió esperar la muerte in útero del feto, viviendo una tortura física y psicológica , al igual que la que soportó obligadamente Karen durante nueve meses. El impacto de la entrevista a Mónica Pérez ha movilizado las sensibilidades de parlamentarias y parlamentarios en un arco extremo y la respuesta ha sido un proyecto a la medida del caso.
Es de esperar que en esta ocasión la senadora Matthei y el senador Rossi se comprometan con la iniciativa y desarrollen la abogacía imprescindible para construir mayorías. Ya hay muchos proyectos similares durmiendo en el Parlamento; por diversas razones se presentan, pero luego sus autoras/es no mueven un dedo para hacerlos realidad.
También es necesario recordar que las mayorías no sólo deben ser parlamentarias. Para que éstas sean consistentes es preciso construir mayorías sociales. Se echa de menos la interlocución de la senadora y el senador con la sociedad civil, y también, la claridad para entender que la legalización de una causal no restablece el derecho negado a miles y miles de mujeres que ven su salud atropellada por embarazos que trastocan sus vidas, pero que no se inscriben en la causal de inviabilidad fetal.
Las mujeres necesitamos que el Estado proteja y garantice nuestro derecho a decidir.

 
[1] Víctor Abramovich

-La autora es médica, consultora internacional en salud y género
 Articulación Feminista por la Libertad de Decidir

Extraido de piensaChile

Padre del Plan Auge rechaza subsidio del Estado para financiar plan de salud

Por Ana María Morales
Hernán Sandoval, ideólogo de la reforma de 2004, opina sobre informe de Comisión de Expertos.  El médico sostine que propuesta favorece a prestadores privados por sobre los seguros de salud.
Tras un largo silencio, de casi cuatro años en temas de salud, el considerado padre del Plan Auge y actual presidente de Chile Ambiente, Hernán Sandoval (63), analiza los alcances de la propuesta hecha por la comisión de expertos convocada por el Presidente.
Esta propuso profundos cambios al sistema sanitario. Uno de ellos es crear un plan de salud único para todos los chilenos con las mismas prestaciones e igual precio.
Otro, entregar un subsidio a las personas cuya cotización no les alcanza para comprar este plan, tanto en el sector público como privado, donde se plantean dos modelos de financiamiento. Uno con fondo solidario financiado con las cotizaciones de todos los trabajadores y recursos fiscales, y otro solo con aportes del Estado.
Además, se crean las entidades de seguridad social, que reemplazan a las isapres y Fonasa. Y se propone implementar un subsidio por incapacidad laboral, que se financia con un punto porcentual de la cotización en salud del trabajador y otro punto que aporta el empleador.
“El documento abre las posibilidades para generar un debate. La propuesta de crear un fondo solidario y, con ello, hacer desaparecer las isapres, me parece pertinente y que va en el sentido de atender al planteamiento del Tribunal Constitucional, en cuanto a que las isapres tal como están concebidas son inviables. En realidad debieron haber desaparecido hace tiempo”, sostiene el médico.
Con lo que no está de acuerdo Sandoval es con la entrega de un subsidio por parte del Estado para que la persona pueda comprar su plan de salud en el sector privado.
“No es un tema de principios, sino de efectividad. No hay ninguna demostración ni conceptual ni empírica de que el transferir los recursos de los seguros de salud a manos privadas genere una mejor salud, al contrario. En todos los países donde dominan los privados (tanto para el aseguramiento como para las prestaciones) se acentúa la inequidad y no se logran contener los costos”, afirma.
El médico señala que ello no impide que las personas puedan cambiarse de sistema de salud, sí así lo quieren. “La gente se puede salir del sistema, pero que cada quien se salga, o bien con la prima que le corresponde por su edad y sexo, sin agregar un subsidio a ello, o bien se salga porque su aporte en función de su salario supera el costo del plan”.
Sandoval sostiene que sí está de acuerdo con la creación de un fondo común que ayude a las personas a costear su plan. “Pero éste tiene que ser manejado por Fonasa u otra institución del Estado”, argumenta.
Según el salubrista, detrás de esta reforma se esconden otros propósitos que no han sido explicitados. “A mi juicio aquí hay una cosa que no ha sido dicha. Aquí hay una severa ‘querella’ entre los aseguradores y prestadores. El crecimiento enorme de los prestadores hace que ellos se hayan constituido en una fuerza y, en consecuencia, no consideran necesario tener un intermediario como son las isapres”, afirma.
Extraido de La Tercera

WikiRebels: Documental de la TV Pública Sueca sobre Wikileaks

Original de SVT.se 

Es difícil imaginar un  mejor momento para estrenar un documental sobre WikiLeaks, y sobre su líder y co-fundador, el australiano Julian Assange. La televisión pública de Suecia, SVT, venía preparando dicho documental desde hace unos meses y justo ahora, en medio del clímax mediático en torno a esta organización, se finalizó la postproducción de esta pieza y ya ha comenzado a ser transmitido. Tras la publicación de miles de cables diplomáticos estadounidenses, WikiLeaks, organización fundada en 2006, ha copado los encabezados de la prensa alrededor del mundo y sin duda pasará a la historia como uno de los términos más significativos, dentro del léxico popular, de este 2010.

Introducción Extraida de La Republica

Acreditación universitaria por carrera: la cuenta pendiente de las privadas

 Por Trinidad Noguera
Sólo 1 de cada 4 carreras que se imparte en los planteles particulares más grandes está acreditada. ¿Deficiencia del sistema o falta de calidad? Aquí el diagnóstico.

Desde hoy la suerte está jugada para los 289 mil 181 estudiantes que rindieron la PSU el lunes y martes. Ahora sólo les queda esperar los resultados y postular a la universidad deseada.  Pero ¿cuál es la calidad de las carreras que los esperan? 
En Chile, recién en 2006 se creó la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), única institución nacional encargada de certificar las acreditaciones universitarias. Con anterioridad, no había índice alguno de la calidad de la educación superior. El proceso es voluntario, por tanto, es una iniciativa de cada universidad certificarse o no. Hoy, la CNA acredita tanto a las instituciones como a las carreras profesionales, independientes entre sí. Es decir, una universidad puede estar acreditada como institución y no así sus carreras. Salvo el caso de las Pedagogías y Medicina, que por la Ley 20.129, deben estar certificadas.
Cuando una universidad se acredita como institución, se certifica en dos áreas mínimas: gestión institucional y docencia de pregrado; y también pueden optar a tres adicionales, como docencia de postgrado, inveatigación y vinculación con el medio. Eugenio Díaz, presidente (s) de la CNA-Chile, cuenta que en estos casos, “se considera el cumplimiento de la misión institucional junto con la evaluación de sus políticas y mecanismos para la autorregulación y mejoramiento de la calidad”.
Cuando lo que se busca es acreditar los programas de pregrado, se aplica un proceso más profundo que certifica la calidad de todos los elementos asociados al diseño curricular, recursos comprometidos y resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto, basándose en la “consistencia entre el perfil de egreso y el plan de estudios, la disponibilidad adecuada de recursos humanos, económicos y materiales y capacidad de autorregulación”, explica Díaz. Tanto la acreditación de la institución como de las carreras, demoran cerca de un año, luego de que se realice una evaluación interna, evaluación externa y juicio de acreditación. En otras palabras, el proceso que realmente refleja la calidad de los estudios particulares a los que se opta es la acreditación por programa, por lo tanto conocer el mapa de estas evaluaciones es indispensable a la hora de hablar de calidad universitaria. 
De hecho, es el propio presidente (s) de CNA-Chile, Eugenio Díaz quien explica a El Dínamo que  la CNA certifica, finalmente, “la calidad de aquellas instituciones y programas que han sido capaces de demostrar estándares apropiados y un nivel académico sólido, promoviendo permanentemente la introducción de buenas prácticas y el mejoramiento de los indicadores de productividad y excelencia académica”.
Con el propósito de dimensionar esta realidad, decidimos ver el nivel de acreditación por carrera de las universidades privadas en Santiago y nos encontramos con la sorpresa de que sólo una de cada cuatro carreras de las universidades que más captan alumnos, está acreditada. Una situación muy distinta a la de universidades tradicionales como la Católica de Chile, en la que 29 de sus 42 carreras cuenta con la certificación. O la Universidad de Chile donde cerca de la mitad de su oferta muestra el distintivo. Claramente, por tanto, la tendencia de las privadas autónomas no se orienta hacia los instrumentos de calidad dispuestos por la CNA.
¿Cuál es la razón? Quienes conocen el sistema, apuntan a dos: falta de calidad de los programas o carencia de voluntad de las instituciones para someterse a un sistema aún nuevo. En este último punto, para Educación 2020, hay que considerar, por un lado, que son las propias universidades las que deben costear monetariamente todo el procesos, y por otro la falta de difusión del propio sistema que conspira contra su éxito.  
“La Comisión Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación ha hecho un pésimo trabajo informándole a la ciudadanía de la existencia de la acreditación y de sus resultados. La mayoría de los alumnos ni sabe que existe, y extraer información de su sitio web, es casi infernal. Eso derrota todo el objetivo de la CNA: proveer información a los estudiantes sobre la calidad de la oferta”, explica Mario Waissbluth de Eduación 2020. 
Y agrega que finalmente una universidad opte por no acreditar sus carreras resulta preocupante. “La explicación benigna sería que quieren creer que tienen un modelo educativo suficientemente ad hoc como para no enmarcarse en los criterios de la acreditación. La menos benigna, bueno… es fácil imaginársela”, sostiene Waissbluth. De hecho, se produce la curiosa situación que varias casas de estudios optan primero por acreditarse antes en instituciones extranjeras que nacionales.
Ese es el caso, entre otros, de la Universidad Adolfo Ibáñez que sólo tiene acreditada, entre su amplia oferta, Ingeniería Civil, pero no así su carrera estrella: Ingeniería Comercial. Fernanda Macintosh, directora de gestión y análisis institucional, explicó a El Dínamo que cuando comenzó este tema en Chile, la UAI ya contaba con la acreditación internacional de la AACBS en Comercial. “El proceso (en Chile) aún está en pañales, pero no descartamos a futuro, incluir más carreras”, sentencia Macintosh, dejando en evidencia una realidad para nada aislada.
Si uno analiza las ocho universidades privadas con más de 10 mil alumnos (*), siguiendo el Ranking de las Mejores Universidades 2010 de América Economía, se llega a la conclusión que sólo el 26% de sus carreras están acreditadas ante la CNA. Esto equivale a cerca de 9 programas de estudio entre los 40 que en promedio ofrece una institución de esas características. En contraste, todas esas casas de estudio sí presentan acreditación por institución.  

Los casos más llamativos de la lista son los de la Universidad del Desarrollo, con sólo tres de sus 44 carreras acreditadas, o el de la Universidad de las Américas, con sólo nueve programas de estudios certificados de los 60 que ofrece. En el otro extremo de la lista, en tanto, la Universidad Diego Portales y la Universidad Central muestran el mayor porcentaje de acreditación con un 47 y 41%, respectivamente. 
Si la cantidad de carreras certificadas en las universidades privadas autónomas llama la atención, los años de acreditación son aún más sorprendentes. Siendo siete años el máximo que se puede recibir, la mayoría de las universidades anteriormente seleccionadas, cuentan con programas con dos o cuatro años de vigencia. Son la excepción las que cuentan con el rango máximo. Y nuevamente la brecha entre las privadas autónomas y la Católica y la Chile resulta evidente. Estas últimas promedian los 6 y 7 años en sus carreras acreditadas.
Un problema significativo es la laxitud con que la Comision otorga la acreditación a partir de los informes. En otras palabras, basta con leer los informes de carreras o universidades acreditadas por dos años, para preguntarse cómo es posible que los hayan acreditado”, sentencia Waissbluth.
Para la Comisión Nacional de Acreditación, la acreditación en un buen instrumento de mejoramiento continuo para las instituciones y sus programas, estableciendo fortalezas y debilidades. Sin embargo, el proceso aún está muy reciente y claramente no ha llegado a cumplir sus objetivos a cabalidad. Aún falta por avanzar, y por sobre todo, incrementar el número de instituciones y carreras acreditadas por cinco años o más. Eugenio Díaz lo admite y agrega: “aún hay desafíos pendientes, principalmente en la dirección de revertir la baja eficiencia de los procesos de formación y de fortalecer la capacidad de las instituciones de desarrollar sus proyectos educativos con mayores niveles de responsabilidad social y perspectiva estratégica”.
(*) Universidad Mayor, Universidad de las Américas, Universidad Santo Tomás, Universidad San Sebastián, Universidad Central, Universidad Diego Portales, Universidad Andrés Bello y Universidad del Desarrollo.
Extraido de EL DINAMO

Categorías