Mapuche

Algo por el estilo es lo que pretende hacer el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, con nuestro pueblo en el próximo Censo 2012. Específicamente en lo que se refiere a la “adscripción étnica” de los encuestados. Si bien el INE se encuentra promocionando una Consulta Nacional para recibir “sugerencias” respecto del tenor de las preguntas censales – en cumplimiento a regañadientes del Convenio 169-, lo cierto es que ya pareciera estar claro el derrotero de la principal. Así se desprende al menos de la propuesta del gobierno.

“Pregunta 22. ¿A cuál de los siguientes pueblos indígenas pertenece?. 1.1 Mapuche. 1.2 Pehuenche. 1.3 Lafkenche. 1.4 Huilliche. 1.5 Huilliche – Chilote. 2. Aimara. 3. Rapa Nui o Pascuense. 4. Atacameño. 5. Quechua. 6. Colla. 7. Diaguita. 8. Kawashkar. 9. Yámana o Yagán. 10. Ninguno de los anteriores”. Nada que opinar de las opciones 2 a la 9. Sin embargo, en el caso mapuche la pregunta no puede ser calificada sino como un pésimo chiste. ¿Qué es eso de pueblo indígena “Pehuenche”, “Lafkenche”, “Huilliche”… ¡“Huilliche-Chilote”!? Para quienes, ya sea por ignorancia o por haber leído demasiado los libros de Sergio Villalobos, no lo sepan, tales denominaciones en absoluto dan cuenta de pueblos distintos del Mapuche. Hablamos de identidades territoriales, gentilicios que dan cuenta de miembros de un mismo pueblo pero que habitan en la cordillera (pehuenche), en la costa (Lafkenche) o en la zona sur (Huilliche). Es decir, denominaciones geográficas que si bien implican variaciones lingüísticas y particularidades culturales, no dejan de tener como matriz una identidad mapuche tan obvia como el merken.

¿Quién les dijo a las luminarias del INE que se trataba de pueblos indígenas diferentes al mapuche? Sospecho que nadie. Pero la oportunidad resultaba demasiado tentadora. Ya el Censo del 2002, vía pregunta igualmente capciosa, había eliminado de un plumazo más de 300 mil mapuches (Censo 1991: 932.000 mapuches / Censo 2002: 604.349 mapuches). ¿Por qué entonces no repetir y sobre todo, mejorar la fórmula? En lo personal y por qué nací en la costa de la mal llamada Araucanía, ¿debería optar el 2012 por la opción “Lafkenche”? Ridículo para mí. ¿Pero será igualmente ridículo para los miles de mapuches que viven por esos lados y que –de buena fe- pueden no captar el trasfondo político de la pregunta censal? ¿O aquellos que viven en la zona cordillerana? Mientras menos población mapuche exista, menos pesaremos en las políticas públicas y en la agenda de las élites. Esa es una verdad del porte de un buque. Y en un gobierno adicto a las encuestas y los “datos duros”, el panorama se vislumbra negrísimo.

El año 2002, tras conocerse los resultados del polémico Censo, voces mapuches denunciaron un “genocidio estadístico”. Si aquello fue un genocidio, lo que se viene bien puede ser catalogado como un “holocausto”. Ojo. Aun estamos a tiempo. ¿Por qué no salir al paso convocando a una “Campaña Virtual de Autoafirmación Mapuche”? Dicen que Twitter ha derribado gobiernos en Medio Oriente y expulsado Intendentas y Ministras en Chile. ¿Cómo no va a ser capaz de detener el holocausto censal que se nos viene como Katrina? Todos invitados. Mapuches, chilenos mestizos, caras pálidas y no tan pálidas, europeos residentes engrupidos con “Danza con Lobos”, hermanos peruanos emigrantes, también los mapaches, por cierto. Todos a Twittear para el Censo 2012, #yotambiensoymapuche.

Extraido de The Clinic

por Loreto Soto

En esa línea, Llanquileo sostuvo que es una “exageración” utilizar esta controversial normativa en contra de los mapuche para acallar reivindicaciones históricas de las que, a su juicio, el Estado no ha podido hacerse cargo.

Extraido de radio.uchile.cl

«Hay mucha indiferencia e ignorancia por parte del gobierno chileno respecto a la niñez indígena, hay una falta de atención y no sólo en la zona de conflicto, en la Araucanía, sino en todo el país». Así lo advirtió la académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Elisa Loncon, experta en educación intercultural, al referirse al Informe sobre Violencia Institucional contra la Niñez Mapuche en Chile que presentaron diversas organizaciones nacionales en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La académica del Departamento de Educación de la Usach, asegura que «no se ha focalizado una política pública que libere a la sociedad de la discriminación y el racismo. Faltan acciones de protección, pero también de valoración de la identidad y la cultura de los pueblos originarios».

El informe, entregado el pasado 25 de marzo y que conllevó sesiones de discusión hasta el 1 de abril, concentra datos recabados de violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas mapuches en Chile perpetradas por instituciones del Estado como Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). El informe documenta casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus colegios, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados e incluso, da cuenta del homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002.

Las anteriores, son algunas de las acciones de violencia institucional que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuches durante los últimos once años.

Es primera vez que un informe de esta naturaleza se presenta en la CIDH, y fue gestionado por la Fundación ANIDE junto con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), contando con el apoyo de Kindernothilfe y Save The Children, y el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC).

La CIDH hará una visita a nuestro país en los próximos meses para recoger datos del Gobierno sobre cuántos menores mapuche han sido detenidos, procesados y por qué motivos.

La académica Loncon reitera que «las familias mapuche en territorio militarizado son constantemente investigadas, allanadas y hostigadas en sus casas. Esta situación de violencia, aunque no fuera directamente, al niño lo afecta y perjudica causando daños irreparables, por eso el llamado es a que el Estado chileno se haga urgentemente cargo, ya que está en falta con su país y con todos los tratados internacionales sobre derechos humanos».

La experta en interculturalidad, recordó el caso de la niña Vania Queipul, estudiante mapuche de 15 años, que sufrió en 2010 la detención al interior de su establecimiento educacional en horas de clases, por ser aparentemente responsable del delito de daños simples, consistente en lanzar una piedra al edificio del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli. «Esta niña fue procesada e investigada y aunque finalmente salió sin cargos, la trataron como delincuente, la expusieron como conflictiva ante sus compañeros y profesores, pero ¿quién repara eso?», puntualizó la académica.

Para Elisa Loncon es esencial que el Estado garantice a las y los niños indígenas lo estipulado en el artículo Nº 30 de la Convención de los Derechos del Niño (1989), que indica: «Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma» .

Por otro lado, a su juicio «los medios de comunicación reproducen la discriminación y la poca valoración social de los pueblos en la entrega de información, muestran a los indígenas en condiciones de violencia, radicalizados, no dejando ninguna opción que la asimilación forzada, la integración», enfatizó Loncon.

«Es necesario cambiar esta práctica, de ahí la importancia que la legislación chilena se ajuste a los tratados y convenios internacionales, que protegen a la niñez indígena, su integridad humana, su cultura y lengua. No es justo que a nombre del progreso y de los intereses económicos de los más ricos, entre ellos de las forestales, se maltrate a la infancia más vulnerada; esto habla muy mal de nosotros como país», subrayó Loncon.

De este modo la académica de la Usach sostiene que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general, deben «recuperar los derechos políticos que les competen en cuanto a pueblos», porque el tema de fondo no es sólo económico, es político, de participación en la toma de decisiones y también de valoración y aceptación, por parte de la sociedad de sus diferencias culturales y lingüísticas. Este país debe pensarse y construirse con la diversidad de pueblos existentes; y aquí estamos en deuda con los pueblos indígenas», puntualizó, finalmente, la profesora Loncon.

Extraido de usachaldia.cl

por Valeria Perasso

Los mapuches enfrentaron con ferocidad al conquistador español y, más de cinco siglos después, siguen en pie de guerra reclamando lo que consideran propio: las tierras de sus ancestros, hoy en manos del Estado, particulares o empresas privadas.

En Chile, los mapuches fueron dueños de unos 100.000 km2 del territorio y, en el devenir de la historia, quedaron confinados en sólo 5.000 km2, un 5% de lo que tenían. Su batalla, entonces, es por recuperar las tierras perdidas.

El enfrentamiento por demanda de este pueblo, la etnia originaria más numerosa del país, ha recrudecido en las últimas décadas.

El conflicto muestra una grieta en la sociedad chilena y, para algunos, es una mancha negra en materia de defensa de los derechos humanos.

La década que acaba de terminar dejó tres jóvenes activistas mapuches muertos, junto a 40 actualmente detenidos, otra veintena con causas judiciales en marcha y 400 inculpados en torno al conflicto, según distintas organizaciones sociales.

¿Cuál es la solución? Opinan los protagonistas del conflicto   

Para el investigador chileno Eduardo Mella, los mapuches son presa permanente del illkun: un estado de ira que, lejos de ser irracional o intempestivo, tiene fundamentos y razones históricas. Mapuche, en lengua mapudungun, no significa otra cosa que»gente de la tierra».

La rabia mapuche ha cobrado distintas formas. De la toma simbólica de predios privados a la reciente huelga de hambre de 88 días en las cárceles que alojan militantes comunales.

El expresar su ira también los ha llevado a los estrados judiciales acusados de crímenes como presuntos atentados contra latifundistas y funcionarios o quemas de camiones y haciendas.

Es al sur del río Bío-Bío donde el conflicto chileno-mapuche tiene su epicentro: en la región de la Araucanía, la etnia representa un tercio de la población total. Ésta es también la principal zona de explotación forestal del país y la del mayor índice de pobreza, que alcanza al 27% de los habitantes.

Para llegar a la comunidad de Temucuicui Autónoma, hay que seguir la ruta hasta que el asfalto se pierde y el sendero se vuelve casi intransitable. Hay que tener, también, el visto bueno de los dirigentes comunales, que viven en estado de alerta tras la seguidilla de allanamientos que han hecho las fuerzas de seguridad, en busca de pruebas y sospechosos de atentados incendiarios.

«Siento un dolor que no sé cómo explicarle», le dice a BBC Mundo Lucía Cayul Queipul, que acaba de regresar de una audiencia judicial en la que le negaron la libertad provisional a su hijo. De sus siete hijos, seis han pasado por la cárcel.

«Nosotros asumimos esto que nos toca como parte de un proceso, por venir reivindicando derechos territoriales, culturales y políticos que el Estado nos ha tenido negados y pisoteados. Hemos alzado la voz, pero no somos responsables de los delitos que dicen, eso es parte de una persecución», afirma Jaime Huenchullán, quien estuvo preso y vivió en la clandestinidad pero hoy, tras un juicio y una absolución, está de vuelta en Temucuicui.

El tiempo que dedican a la lucha por los peñis (hermanos) presos, dice, no les deja tiempo para nada y la falta de empleo se está cobrando cuentas en el bienestar de la familia. Una caseta destartalada que huele a madera vieja, unos pocos cerdos y unas gallinas dan cuenta de ello: es todo lo que tienen.

Divididos

No todos, sin embargo, están alineados en el activismo. De hecho, Temucuicui Autónoma se escindió de su vecina, Temucuiui Tradicional, por desacuerdos en los métodos y las formas.

«Los mapuches siempre hemos sido atropellados por el Estado, eso es así, pero ya necesitamos la paz. Al final son sólo unos grupos los que hacen cosas de delito, nosotros no queremos más eso porque nos señalan a todos», protesta Olga Huichacura, quien decidió viajar a Temuco para participar en la marcha «Araucanía Unida por la Paz».

La división de esta comunidad, una entre las 3.000 que se sitúan en los alrededores de Temuco, es un ejemplo a pequeña escala de lo que ocurre entre los mapuches: un pueblo de múltiples voces, sin una jerarquía única, en el que hay espacio para distintas líneas de pensamiento sobre cómo deben darse los reclamos por la tierra y la identidad.

Unos eligen la intransigencia, otros aceptan alguna forma de diálogo con el mundo huinca, como llaman los mapuches a los no indígenas. El huinca es el blanco: el empresario, el terrateniente, el funcionario. Curiosamente, la traducción literal del mapudungun es «ladrón».

«Cosas Atroces»

Del otro lado del sendero maltrecho por el que se accede a Temucuicui, los campos de la familia Urban también son un emblema de esta lucha. La familia, de ascendencia suizo-francesa, se instaló en la zona en 1903 y hoy don René es el encargado de liderar la explotación agropecuaria en cinco fundos de casi 700 hectáreas.

Desde 2001, los Urban denuncian haber sufrido ochenta ataques por parte de sus vecinos mapuches, pese al cuerpo policial que patrulla permanentemente sus terrenos.

«Hemos pasado por cosas atroces, como cuando le quemaron el camión a mi papá y se le quemaron las manos, cuando nos roban animales que degüellan y dejan botados en los caminos… Los niños se dan cuenta, hay que tratar de explicarles que es gente mala no más», afirma, en conversación con BBC Mundo, Héctor Urban, hijo de René y miembro de la empresa familiar.

Según Urban, muchos otros vecinos querrían denunciar afrentas, pero no se atreven. Creen que «por hablar» ellos se han convertido en una suerte de icono del enemigo para los mapuches.

«Los medianos agricultores son las víctimas más desgraciadas, porque viven en los campos con sus familias, ellos mismos los trabajan, y son por eso más vulnerables a los ataques», opina el abogado Carlos Tenorio, quien representa a Urban y otros productores ante los tribunales.

Responsabilidad Estatal

Así, tanto los mapuches como los propietarios miran en la misma dirección a la hora de encontrar soluciones: el Estado.

En rigor, la disputa se remonta a más de 130 años, cuando la llamada campaña de Pacificación de la Araucanía -paradójicamente- generó choques con las comunidades originarias y, tras muchas muertes, concluyó con la erradicación de poblados enteros.

El gobierno actual de Sebastián Piñera ha prometido revisar el programa de restitución de tierras, por el que el Estado dispone de fondos para comprar terrenos y entregárselos a los indígenas. El proceso está marcado por polémicas, desde cómo definir cuál comunidad se beneficia hasta el «boom» de precios y la especulación inmobiliaria que se ha dado en la zona en disputa desde que el Estado se convirtió en parte compradora.

«Si la sociedad chilena se ha comprometido a permitir que las tierras indígenas sean ampliadas, nosotros debemos asegurar que el proceso ocurra, pero sin afectar los derechos de los propietarios, que no pueden ser presionados a vender», le dice a BBC Mundo Sebastián Donoso, asesor especial para Asuntos Indígenas del gobierno de Chile.

El gobierno advirtió que quedarán fuera de los subsidios y ayudas todos aquellos grupos sospechosos de recurrir a la violencia, lo que -según analistas consultados por BBC Mundo- podría aumentar las divisiones al interior del mundo mapuche.

¿Hay entonces solución a la vista para el conflicto? Será difícil de alcanzar, dicen incluso los más optimistas. Lo que está en juego, al fin de cuentas, es un recurso finito y valioso: la tierra.

Extraido de BBC Mundo

por Pedro Cayuqueo(*)

(*): Director de www.azkintuwe.org

por KROK

Basta con querer averiguar respecto al problema mapuche y querer tener información de su estatus para darse cuenta de lo poco o nada que exponen los medios tradicionales respecto a este tema. Poco se sabe, que los presos mapuches procesados por la Ley Antiterrorista están sosteniendo una huelga de hambre y su principal solicitud es que no sean procesados por esta Ley, sino por un debido proceso donde puedan demostrar su inocencia. Se manifiestan frente a una ley que ha sido criticada también por varias ONG y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que fue creada por el  régimen de Pinochet en 1984 para la persecución política de sus opositores, para posteriormente ser modificada en 1990 y ser utilizada por los gobiernos de la Concertación con el solo fin de perseguir un eventual pronunciamiento del pueblo mapuche, esta ley que da facilidades y facultades extraordinarias al Estado para que los fiscales efectúen allanamientos y detenciones por tiempos prolongados – en algunos casos más de un año- antes de que sean procesados. Todo lo anterior permite aseverar que estamos frente a reales presos políticos de un Estado racista  y que convierte en terroristas a las comunidades que reivindican sus derechos ancestrales. Y mientras en nuestro Chile, el gobierno y los medios están mas preocupados de los presos políticos cubanos, pues esto sustenta su idiología neoliberal, otra vez nos damos cuenta todo lo que falta por hacer e informar respecto al tema mapuche, el desconocer nuestra raza y cultura originaria será construir un puente sin cimientos, lo primero por hacer es suprimir la aplicación de la Ley Antiterrorista del Estado y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

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