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Presentan proyecto que aumenta los escaños para diputados y senadores

Por camara.cl
La iniciativa legal modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo un sistema proporcional compensatorio para la elección de diputados y senadores. 
Los diputados firmantes proponen en el proyecto de ley el establecimiento de un sistema proporcional compensatorio para la elección de diputados, con 30 escaños adicionales asignados a todas las listas electorales que superen el 5% de los votos en función de su grado de desproporcionalidad, y la creación de seis circunscripciones senatoriales en las regiones donde los senadores actuales representan contingentes más numerosos de electores.

Para la Cámara de Diputados, se propone la creación de 30 escaños adicionales que se asignarán a todas las listas que superen el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, como compensación a su déficit de proporcionalidad.

Este sistema no modifica el modo en que se eligen los 120 diputados actuales, de acuerdo al artículo 47 de la Constitución Política de la República y que se regula en detalle por la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios en los 60 distritos electorales establecidos por ley para tal efecto, sino que genera un complemento de proporcionalidad que establece una relación directa entre la proporción de votos obtenida y el número de escaños en la Cámara, tanto para las listas como para los partidos al interior de éstas.

Con la aplicación de este sistema, que puede denominarse como Proporcional Compensatorio, se permite la inclusión parlamentaria de todas aquellas fuerzas políticas que, por sí solas o agrupadas en listas, obtengan más del 5% de adhesión ciudadana, permitiendo disminuir drásticamente los niveles de exclusión que genera nuestro actual sistema electoral.

Por otra parte, se reducirían al mínimo las distorsiones de representación del sistema binominal, consiguiéndose un alto grado de correspondencia entre el porcentaje de votación válida obtenido por una fuerza política y su representación en la Cámara de Diputados.

Sobre la elección de senadores, el proyecto señala que luego de las reformas constitucionales que extinguieron las figuras de los senadores designados y vitalicios, el Senado se redujo desde 2006 a sólo 38 escaños, cifra que se ha revelado completamente insuficiente para un adecuado funcionamiento legislativo, constituyéndose ésta en una de las razones que motivan el incremento de escaños.

La segunda razón para impulsar el aumento de escaños senatoriales es la diferencia sin parangón de representatividad electoral con que son elegidos los senadores en sus diferentes circunscripciones, que va desde un senador para 795.221 electores en la circunscripción N°8 de Santiago Oriente y uno para 29.270 electores (27,4 veces menos) en la circunscripción de la Región de Aysén.

Respecto de la población que habita los territorios, la diferencia se acentúa todavía más, pues mientras en la Región de Aysén se elige un senador cada 45.746 habitantes, la Metropolitana Oriente tiene un representante en el Senado por cada 1.543.247 habitantes, es decir, el voto para elegir senador en esa región extrema tiene 34 veces más valor que el emitido en la Circunscripción de la Región Metropolitana Poniente.

Con la reforma constitucional que estableció la inscripción automática, la actual diferencia de electores por escaño aumentará para parecerse a la que existe cuando consideramos la población de cada territorio.

Por esto, la iniciativa establece que las circunscripciones senatoriales serán 25.

El proyecto de ley (boletín 7418) fue presentado por los diputados Pedro Araya (PRI), Gabriel Ascencio
(DC), Pepe Auth (PPD), Jorge Burgos (DC), Felipe Harboe (PPD), Gustavo Hasbún (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Alberto Robles (PRSD), Marcelo Schillig (PS) y Guillermo Teillier (PC).

El texto legal será analizado por la Comisión de Gobierno Interior.
Extraido de Cámara de Diputados
 

Allamand y Matthei: ¡No más parlamentarios designados!

Por Sergio Muñoz Riveros
Necesitamos perfeccionar nuestra democracia. En otros artículos, hemos dicho que es una vergüenza que quienes levantaron la bandera de terminar con el sistema binominal hoy demuestren sentirse perfectamente cómodos dentro de este. En esta materia, lo que vemos son conservadores de derecha, de centro y de izquierda, que disimulan su conservadurismo proponiendo maquillar el sistema por aquí y por allá. Es deplorable que ningún partido rechace la actitud acomodaticia de los actuales senadores y diputados, lo que no hace sino confirmar que la casta parlamentaria ya existe.
 El artículo 47 de la Constitución Política, modificado en 2005, establece lo siguiente:
“Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.
Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.
Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que indique el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura.
El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.
El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante.
En ningún caso procederán elecciones complementarias”.
El reciente ajuste del gabinete de Piñera, que implicó que dos senadores de la coalición de gobierno dejaran sus puestos para asumir como ministros, con la consiguiente aplicación de la norma de reemplazo, ha dejado en evidencia cuán perniciosa es ella.
Es muy lamentable que en 2005, en el mismo momento en que se puso término a la institución de los senadores designados, se haya aprobado un mecanismo que contradice el principio de que todos los parlamentarios sean elegidos por el voto de los ciudadanos. El reemplazo de Andrés Allamand y Evelyn Matthei no ha hecho sino agudizar el descrédito de los partidos y el Parlamento.
Como sabemos, fue en el gobierno de la Presidenta Bachelet que se creó el precedente de que un parlamentario –la entonces diputada Carolina Tohá-, renunciara a su cargo para asumir como ministra secretaria general de gobierno. No hubo objeciones de los constitucionalistas, y ello permitió que el PPD designara como reemplazante a Felipe Harboe, quien hasta ese momento era subsecretario de Interior y, para su tranquilidad, consiguió pasar la prueba de las urnas en diciembre de 2009.
Pero el mecanismo de reemplazo es definitivamente corrosivo para los procedimientos democráticos. Esta vez, la UDI le sacó el jugo a la norma, porque hizo renunciar a un diputado (Gonzalo Uriarte) –que asumió hace apenas 10 meses-, para que se convierta en senador por los tres años que le quedaban a Matthei (con lo cual lo instaló como postulante para la próxima elección senatorial en la Cuarta Región), y de pasada aprovechó de incorporar a un nuevo soldado –un señor Letelier- a sus huestes en la Cámara.
Esto es simplemente impresentable. Si el sistema binominal ya ha creado condiciones para la oligarquización de la política, el procedimiento para llenar las vacantes parlamentarias, cualquiera que sea su motivo, ha agravado tal tendencia. Esto va completamente en contra de la exigencia de elevar la calidad de la política, sobre la cual la mayoría de la población tiene una mala opinión.
La norma constitucional establece que “en ningún caso procederán elecciones complementarias”. ¿Cuál era la preocupación de los redactores? ¿Por qué cerraron el camino a un procedimiento de impecable factura democrática y que se aplicó por largo tiempo en Chile? ¿Cómo no va a ser mejor que sean los electores del distrito o circunscripción correspondientes los que decidan quién reemplazará al que se fue?
Hay que cambiar el artículo 47 y restablecer la convocatoria a elecciones extraordinarias cuando se produzca una vacante. En ese caso, sería una elección uninominal (un solo cargo en disputa), lo que permitiría demostrar que incluso ese sistema es superior al binominal, puesto que recompensa con el único premio disponible a la fuerza mayoritaria, mientras que el binominal otorga un cargo a la primera fuerza y uno a la segunda, salvo que se produzca un improbable doblaje.
Necesitamos perfeccionar nuestra democracia. En otros artículos, hemos dicho que es una vergüenza que quienes levantaron la bandera de terminar con el sistema binominal hoy demuestren sentirse perfectamente cómodos dentro de este. En esta materia, lo que vemos son conservadores de derecha, de centro y de izquierda, que disimulan su conservadurismo proponiendo maquillar el sistema por aquí y por allá. Es deplorable que ningún partido rechace la actitud acomodaticia de los actuales senadores y diputados, lo que no hace sino confirmar que la casta parlamentaria ya existe.
Es necesario eliminar la norma que permite que haya parlamentarios designados. Y enseguida establecer, de una vez por todas, un sistema electoral proporcional. Eso sí ayudaría a renovar y oxigenar la política.
Extraido de Puntocentral

Caballo de Troya: proyecto voto chileno en el extranjero.

Por J. Ignacio Núñez Leiva*
El 19 de mayo de este año ingresó al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional, despachado por el presidente de la república, referido al ejercicio del derecho de sufragio por parte de los chilenos en el extranjero (Boletín 6950-07). Sobre este asunto cabe reflexionar si su aprobación, en la práctica, beneficiaría realmente a los chilenos que viven en el exterior.
Para realizar tal análisis, debemos partir de la base de que en la actualidad el derecho de sufragio es  constitucionalmente reconocido a todos los chilenos mayores de 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, sin considerar el lugar en donde residan o permanezcan actualmente. Es decir, la Constitución no establece como requisito para ejercer este derecho la circunstancia de encontrarse dentro del territorio nacional. Tampoco lo hace la ley.
Las normas legales pertinentes – debido a una omisión – impiden el ejercicio de este derecho en territorio extranjero pues no contemplan como deber del Estado la instalación fuera de sus fronteras del de las instituciones y entidades que permiten el ejercicio de este derecho. Luego, los chilenos que al momento de una votación popular estén fuera de Chile, se encuentran impedidos de sufragar no porque carezcan del  derecho a hacerlo, sino porque

– en términos sencillos – no tienen cómo ni dónde hacerlo. Por lo tanto, para permitir el ejercicio de este derecho, bastaría con incluir en la ley respectiva que aquella institucionalidad destinada a desarrollar los actos electorales se instalase y actuase también fuera de Chile.

Pues bien. Hecho el diagnóstico del problema, veamos las características del remedio propuesto. El proyecto de reforma constitucional presentado por el ejecutivo establece que “los ciudadanos que se encuentren fuera del país y mantengan vínculos con Chile podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones y plebiscitos que establezca una ley orgánica constitucional”. Es decir, en lugar de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio eliminando los impedimentos fácticos (omisiones) que actualmente afectan a los chilenos en el exterior, establece condiciones hasta hoy inexistentes. Requiere la existencia de vínculos con Chile, pero sin definirlos, dejando en manos del Congreso la posibilidad de definir cuáles serán aquellos vínculos. Además, cuando hoy la Constitución no restringe las votaciones populares en donde podrían sufragar los compatriotas que se encuentran en el exterior, el proyecto subvierte esta lógica estableciendo que ellos podrán participar sólo en los actos electorales que la ley determine.
Pero eso no es todo. El proyecto termina señalando que la ley establecerá también las condiciones y formas en que se ejercerá el derecho de sufragio. Es decir, la reforma no sólo exige vínculos con Chile, entregando al Congreso amplias facultades para determinar y definir aquellos vínculos, sino que también permite – sin la más mínima precisión – que la ley establezca otras condiciones que deben ser cumplidas para poder ejercer este derecho.
En síntesis, mientras la regulación actual limita el ejercicio del derecho de sufragio en el exterior a causa de una mera omisión fácilmente subsanable, el proyecto de ley, con el pretexto de querer resolver el problema, ofrece un estatuto que, no sólo prolonga el problema, sino que también permite establecer condiciones y restricciones al ejercicio del derecho. Se trata entonces, de un proyecto que aparentemente vendría a beneficiar a sus destinatarios, pero que en realidad los perjudica: un verdadero caballo de Troya.
* Ignació Núñez es Abogado y Magíster en Derecho Público UC. Director de Iniciativa Transparencia y coordinador del “Círculo Nuevas Perspectivas en Derecho Público”.
Extraido de  El Blog de la República

Reelección Presidencial: Un Candidato Super Poderoso

por Ignacio Maulén
Nuevamente en el debate público aparece la discusión del período presidencial, debido a la presentación por parte de diputados de un proyecto que permitiría la reelección inmediata presidencial y que tendría que modificar el artículo 25 de la Constitución. Sin duda, que el actual sistema de cuatro años sin posibilidad de reelección deja un corto tiempo para legislar sin la intervención de elecciones que inevitablemente van modificando la agenda política. De esta manera, en un país donde es valorada la continua renovación de los presidentes, por la dificultad de repetirse el plato, la reelección vendría a cambiar ese escenario.
Tanto en sectores de oposición como del oficialismo verían con buenos ojos esta disposición. A La hora de sacar la calculadora, ambos podrían aprender de hechos históricos y de las expectativas que se generen antes de la elección. En efecto, en el 2009, la reelección de Michelle Bachelet le hubiera ahorrado bastantes dolores de cabeza a la Concertación en su búsqueda de un candidato. Por su parte, en la Alianza observan como su presidente mantiene un apoyo considerable y además un ministro con ascendente popularidad. Lo lamentable de estos cálculos políticos, es que vuelven a postergar una discusión más de fondo, que tiene que ver con una propuesta de cambios a largo plazo y que incluyan mayor participación de la ciudadanía. Como ejemplo, véase lo que pasa en términos de voto voluntario u obligatorio o la propuesta a un cambio en el sistema electoral. No hay una sola posición adentro de las coaliciones y las posiciones cambian dependiendo de la época.
Mi propio cálculo político es que una reelección inmediata en las actuales condiciones del presidencialismo chileno podría resultar perjudicial para los competidores opositores. Ya hemos visto a los presidentes en época electoral (y tb. en otras épocas), ejercer las amplias atribuciones que tienen por sobre el congreso, en materias del ámbito legislativo, económico y, además, el amplio espacio que copa en la agenda de los medios de comunicación. Si a esto le agregamos la cantidad de personas que tiene el presidente trabajando en servicios públicos e, incluso de importancia, como intendente y gobernadores, estaríamos frente a un todo poderoso aspirante a la presidencia, y muy difícil de derrotar.
A mi entender necesariamente tendríamos que tener junto a este cambio, debates y cambios importantes sobre las atribuciones del presidente en campaña electoral y también, claro está, en el período regular. Por su parte, las coaliciones también tendrían un desafío. Siempre sería más fácil postular a un postulante probado en el ejercicio del poder y presentarlo a una nueva campaña, sin el esfuerzo de renovarse. Sin estos cambios, la alternativa menos perjudicial sigue siendo el antiguo período de 5 o 6 años sin reelección.
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