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Sepa que dice de Chile el Informe Anual sobre Libertad de Expresión de La Comisión Interamericana de DD HH

A continuación transcribimos la evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Chile, capítulo II, página 60:

CHILE

La Relatoría Especial reconoce los importantes avances alcanzados por el Consejo para la Transparencia en Chile, en materia del derecho de acceso a la información. El presente año, el Consejo cumplió un año de funcionamiento y el balance de su gestión reporta importantes logros que serán reseñados en detalle en otro capítulo de este informe.

La Relatoría Especial también destaca la aprobación de la Ley 20.453, que “consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet”. Esta ley, publicada el 26 de agosto de 2010, establece que los proveedores de acceso al Internet: “No podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo de actividad o uso legal realizado a través de la red. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de éstos, habida cuenta de las distintas configuraciones de la conexión a Internet según el contrato vigente con los usuarios”.
En materia de desafíos, la Relatoría recibió información según la cual, el documentalista Jaime Díaz Lavanchy habría sido agredido verbalmente por Pedro Sabat, alcalde de la comuna de Ñuñoa, provincia de Santiago, el 5 de mayo de 2010, mientras que algunos de sus guardias de seguridad y colaboradores lo habrían golpeado y dañado accesorios de su equipo de trabajo. La información recibida indica que Díaz Lavanchy había preguntado a Sabat sobre la falta de atención a los damnificados del sismo.
Según la información recibida, el 10 de febrero de 2010, Richard Curinao, comunicador social del Pueblo Mapuche, habría sido detenido por agentes policiales en su lugar de trabajo. Según denunció el periodista, los agentes requisaron su disco duro y lo trasladaron por la fuerza a su domicilio, donde requisaron también el disco duro de su computadora particular y diversos accesorios empleados en las funciones comunicacionales. Según la información recibida, Richard Curinao cumple labores como editor del informativo Werken Kvrruf, integra el Programa Radial Wixage Anai, es miembro de la Red de Comunicadores Mapuche y colaborador de diversos sitios informativos.
El 13 de mayo de 2010, el comunicador, poeta, cantante y fotógrafo Alejandro Stuart habría sido detenido. Según la información recibida, la detención habría ocurrido después del allanamiento de la casa de Stuart por parte de agentes de la fuerza pública chilena. La información recibida indica que el día antes del allanamiento y detención Stuart fotografió una marcha del pueblo indígena Mapuche en Temuco.
El principio 2 señala: “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
El 9 de noviembre fueron cerradas las radios comunitarias Radio Felicidad, Tentación y Radio 24, en la comuna de Paine. Según la información recibida, integrantes de la Brigada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones confiscaron los equipos de Tentación y Radio 24, en el marco de un proceso penal en contra de integrantes de las radios. La información recibida indica además que cinco personas fueran detenidas, incluyendo a los directores de Tentación y Radio 24. Según la información recibida, la denuncia que dio lugar al proceso penal fue iniciada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en respuesta al reclamo de una radio comercial de la zona.
La Relatoría recuerda que toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria.
El 4 de mayo de 2010 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana. Esta legislación reconoce la radiodifusión comunitaria y establece que las emisoras comunitarias tendrán una potencia de transmisión mínima de 1 watt y máxima de 25 watts, con una antena de altura máxima de 18 metros. Excepcionalmente pueden tener una potencia máxima de 40 watts para localidades fronterizas o apartadas, rurales o de población dispersa. Según la legislación, pueden instalar una radio comunitaria las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que tengan entre sus fines esenciales la promoción del interés general, mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, social, cultural o espiritual, que estén constituidas en Chile y tengan domicilio en el país, como por ejemplo las juntas de vecinos, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, las comunidades y asociaciones indígenas, entre otras. Las concesiones se otorgarán en un segmento especial del espectro FM, tanto para señales analógicas como digitales. La concesión dura 10 años y la concesionaria tendrá preferencia para su renovación.
La Relatoría reconoce el avance que significa la emisión de una ley que explícitamente reconoce la radiodifusión comunitaria, la cual responde al llamado reiterado de la Relatoría a los Estados de legislar en materia de radiodifusión comunitaria. Asimismo, la Relatoría observa con satisfacción el propósito de proteger la radiodifusión comunitaria y la radiodifusión privada comercial, de otras formas de radiodifusión que no responden a los intereses y a la gestión comunitaria, y que representan una competencia desleal para toda la radiodifusión privada. La Relatoría observa no obstante que la Ley 20.433 establece una serie de limitaciones para las radios comunitarias—con relación, por ejemplo, a la potencia, el financiamiento, y la posibilidad de transmitir en cadena—que no aplican a las radios comerciales. La Relatoría recuerda que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su operación. Son discriminatorias, por ejemplo, las limitaciones que pueden estar previstas en la legislación, o que se imponen en la práctica, que establecen para cierto tipo de medios restricciones en cuanto a contenidos, cobertura territorial o acceso a fuentes de financiamiento, sin un argumento suficiente, objetivo y razonable, que persiga una finalidad legítima ajustada a la Convención Americana. Así, por ejemplo, si bien es cierto que muchas comunidades objeto de protección, se encuentran ubicadas en algunos municipios o localidades bien determinados, otras sin embargo podrían tener presencia nacional. En estos casos, no parecería existir ninguna razón para impedir que la radio comunitaria respectiva pudiera tener cobertura nacional.
El principio 12 señala que: “Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. Por esta razón, la Relatoría Especial, desde sus inicios, ha solicitado a los Estados el reconocimiento, en condiciones de equidad, de todas las formas de radiodifusión y el establecimiento de una legislación razonable y no discriminatoria.
El 27 de septiembre de 2010 fue publicado el Decreto No. 264 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este Decreto “fija normas complementarias al Decreto No. 136 del 14 de septiembre de 2009”. En particular, extiende los “permisos para efectuar transmisiones demostrativas del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción con tecnología digital” por un periodo de hasta cinco años. Según la información recibida, un grupo de diputados presentó el 6 de noviembre un requerimiento de inconstitucionalidad para anular la validez del Decreto No. 264, requerimiento que fue acogido a trámite por el Tribunal Constitucional chileno.
La Relatoría recuerda que la transformación tecnológica en la radiodifusión debería tener como meta asegurar que el nuevo dividendo digital haga un uso óptimo del espectro para asegurar la mayor pluralidad y diversidad posible. Para ello, los Estados deberían establecer mecanismos legales específicos para llevar adelante la transición a los servicios de radiodifusión digitales. Esta regulación debería contemplar un programa de migración que tenga en cuenta las necesidades y capacidades de los distintos actores involucrados en este proceso, así como el nivel de aplicación de las nuevas tecnologías. En particular, los Estados deberían evaluar las posibilidades de emisión derivadas del uso del dividendo digital, considerando este cambio tecnológico como una oportunidad para incrementar la diversidad de voces y habilitar el acceso de nuevos sectores de la población a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los Estados deberían adoptar medidas para evitar que el costo de la transición analógica a la digital limite la capacidad de los medios de comunicación en función de los costos económicos.

Mas Información en el Informe Completo

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Vea Como se Comporta su Diputado en Ranking de Compromiso con los Derechos Humanos y la Democracia

La abogada de Corporación Humanas y Coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila Maturana, lamentó la baja disposición de los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) a dar a conocer a la ciudadanía su postura y compromiso en iniciativas legislativas de Derechos Humanos y Democracia.
Los/as diputados/as de la UDI tienen un bajo nivel de compromiso con proyectos de Derechos Humanos y Democracia, mientras que los diputados que manifiestan un alto compromiso con esas iniciativas parlamentarias y tienen más diputados en esa condición, son del PPD, el PS y el PC.
En un inédito resultado desde que se viene realizando el Estudio sobre Reformas Legislativas en Derechos Humanos y Democracia coordinado por Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario, la totalidad de los diputados que declararon un bajo compromiso en Derechos Humanos y Democracia en el 2010, militan en las filas del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
La abogada de Corporación Humanas y Coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila Maturana, explicó que en la encuesta se evaluó el grado de compromiso de los y las diputadas chilenas frente a un conjunto de iniciativas legislativas sobre protección de los Derechos Humanos y profundización de la democracia, en debate en el Congreso Nacional. A través de un cuestionario se consultó a los diputados y diputadas, entre julio y septiembre de 2010, si votarían a favor o en contra de un conjunto de proyectos de ley en debate.
Las iniciativas legislativas incluidas en el estudio son: Medidas contra la Discriminación, Pacto de Unión Civil, Aborto terapéutico, Extensión postnatal compartido entre madre y padre, Reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, Iniciativa Ciudadana de Ley, Paridad, Límite a la reelección, Voto de los/as chilenos/as en el exterior, Importancia de recomendaciones internacionales sobre DDHH.
En el estudio participaron 66 diputados y 12 diputadas, el 65% de la Cámara Baja, lo que a juicio de la coordinadora del Observatorio Parlamentario es preocupante. Si bien en la mayoría de las bancadas se dio a conocer las posiciones de sus congresistas, Maturana lamentó “la baja disposición de los diputados de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional a transparentar frente a la ciudadanía su postura y compromiso en Derechos Humanos y Democracia”.
Valorando el amplio respaldo señalado por los y las diputadas a las iniciativas priorizadas, la abogada de Corporación Humanas expresó su preocupación porque “Las declaraciones de los/as diputados/as contrastan con la realidad del debate legislativo, en que los proyectos consultados llevan varios años de tramitación y no hubo avances en 2010, manteniéndose el incumplimiento de las observaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile”, señaló Maturana.
Lamentó que las iniciativas consideradas en el estudio sumen un nuevo año de retraso en su discusión legislativa, pese a que gran parte de ellas ha sido comprometida por el Presidente Piñera. Ejemplificó que el apoyo del 94% al proyecto sobre Medidas Contra la Discriminación y del 86% al Reconocimiento Constitucional a los Pueblos Indígenas, unido al compromiso presidencial, no permitió ningún avance en estas materias. “De ahí la importancia de conocer cómo votarán los y las diputadas en proyectos relevantes sobre Derechos Humanos y Democracia, pues la ciudadanía debe fiscalizar a sus representantes y exigir avances concretos en estas materias”, señaló la abogada.
Maturana explicó que de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta, se pudo establecer que los compromisos presidenciales sobre fortalecimiento de derechos humanos y profundización democrática, contrastan con posiciones de compromiso bajo y medio de los congresistas de la UDI y RN.
Es así que, por ejemplo, el proyecto de ley Iniciativa Ciudadana de Ley es rechazado por la mitad de los diputados UDI y RN, “lo que cuestiona la viabilidad del compromiso del Gobierno del Presidente Piñera, que presentó el proyecto en septiembre de 2010 sin debate ni urgencia”.
En relación al Pacto de Unión Civil, un 76,9% del total de los diputados encuestados declara estar favor de legislar un proyecto que reconozca a las parejas que viven juntas, los mismos derechos hereditarios, profesionales y de salud que tienen las personas casadas, con independencia de su sexo. Sólo un 16,7% se manifestó en contra.
Asimismo, al consultarles ¿Cómo votaría usted, a favor o en contra de una ley que permita la interrupción del embarazo cuando se encuentra en riesgo la vida de la madre o la salud de la mujer (aborto terapéutico)?, un 61,5% se declaró a favor (75% diputadas y 59% diputados) y un 30,8% en contra.
Preocupa también la resistencia de los congresistas hombres frente a la equidad de género: el 50% votaría en contra de una Ley de Paridad que obligue a los partidos a incluir un 40% mujeres en listas de candidaturas, medida que sí es apoyada por el 83% de las diputadas.
Ranking Parlamentario
 
Camila Maturana explicó que a partir de las posiciones expresadas por los/as diputados/as que participaron en el estudio, se elaboró una escala que califica el compromiso de cada uno/a de ellos/as con los Derechos Humanos y la Democracia.
Es así que los diputados que declaran apoyar todas las iniciativas consultadas, siendo categorizados en ALTO compromiso en Derechos Humanos y Democracia son, en orden alfabético: Enrique Accorsi (PPD), Sergio Aguiló (PS), René Alinco (Indep), Pepe Auth (PPD), Guillermo Ceroni (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Felipe Harboe (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Clemira Pacheco (PS), María Antonieta Saá (PPD), Marcelo Schilling (PS), Víctor Torres (DC), Mario Venegas (DC) y Ximena Vidal (PPD).
Por el contrario, la totalidad de diputados que declararon BAJO compromiso, son militantes de la UDI, con puntajes que van desde 0 a 4 puntos: Enrique Estay (0 pto.); Mónica Zalaquett, Gonzalo Uriarte, Ernesto Silva, Iván Moreira y Juan Lobos (2), Carlos Recondo (3) y Manuel Rojas (4).

Extraido de Corporación Humanas

Reformas políticas: Modificaciones que usted no verá

por Ignacio Maulén
Nuestro país tiene diversos desafíos en cuanto a la calidad de su democracia. En dirección a eso, el gobierno ha anunciado un paquete de reformas políticas que se llevaría a discusión durante el próximo año. Algunas de ellas, de concretarse representarían un avance, como son la inscripción automática, el voto de chilenos en el exterior, etc.
Seguramente Sebastián Piñera anunciará estas reformas como “revolucionarias”, pero en esta columna, doy cuenta de que hay transformaciones más profundas que nuestro sistema político necesita y que por lo visto, no existe la voluntad para llevarlas a cabo.
Dentro de los primeros tópicos descartados por la reforma aparece la Defensoría del Pueblo. Para lo que no lo conocen, consiste en “un investigador independiente con autoridad para recibir denuncias de los ciudadanos, exigir cuentas al Estado por sus deficiencias y la reparación a los perjudicados por acciones gubernamentales o injustas, o por violaciones de los DD.HH.”(1). Mientras exista este vacío las personas se ven menos protegidos ante las arbitrariedades estatales. Sólo dos países en América Latina no tienen esta defensoría, el nuestro y Uruguay.
Por el contrario, el gobierno está proponiendo una unidad de gestión y control que fiscalice las políticas públicas y el avance de cada ministerio, cuando en realidad, los ciudadanos debieran ser los primeros fiscalizadores y denunciantes de las políticas cuando no funcionan o perjudican sus derechos y que mejor ejemplo que lo sucedido recientemente en la cárcel de San Miguel.
La reforma tampoco traerá consigo un cambio en el régimen político. El gobierno acumula tanto poder que el congreso parece un mero estorbo (no lo es, pero al  hacer un llamado al “flair play” para legislar ayuda a que lo parezca) sobre todo ahora que tiene minoría. Por poner un ejemplo que congracie con nuestra elite, el presidente de los Estados Unidos tiene bastantes limitaciones al momento de legislar. No puede emitir decretos, los temas exclusivos en los que puede legislar se ven limitados, no tiene posibilidad de veto total y, por su parte, el congreso puede modificar el presupuesto a su parecer y si rechaza el presupuesto el presidente no tiene margen de acción (2). En resumen, hay un congreso bastante más empoderado que el nuestro.
Relacionado con lo anterior, nuestro sistema electoral tampoco sufrirá cambios. En este tema habría que hacer una cirugía mayor, pero ninguna de las dos coaliciones está con la voluntad de perder el trabajo electoral que han logrado por más de veinte años. Por ello, no tendremos distritos más representativos, las fuerzas minoritarias tendrán dificultad para obtener escaños sin pactos y, por lo tanto, no tendremos mayor competencia para que la ciudadanía tenga más opciones.
Podría mencionar otros cambios necesarios como la elección de intendentes y gobernadores, la iniciativa popular de ley, la posibilidad de revocar mandatos de autoridades incompetentes, entre otras que irían en la dirección de una “revolucionaria” reforma política.
Tanto los avances u omisiones que contenga la reforma serán de responsabilidad del gobierno y oposición. Sin embargo, mientras el gobierno tiene grandes facultades de llevar a cabo su plan de gobierno y de mantener el statu quo en temas que le interese; una oposición, más amplia y menos anquilosada, de cómo la vemos en el congreso, tiene la oportunidad de renovar sus ideas y de comenzar a exigir mayor rendición de cuentas por parte del gobierno, mayor descentralización en la toma de decisiones y un sistema electoral más representativo.
Los ciudadanos necesitan una mejor reforma política.

version mas extensa en Citadino Block

Referencias y visitas
(1) y (2) Mark Payne, entre otros. La Política Importa, página 256.

Estamos muertos en la cárcel de San Miguel los 83

Por Andres Figueroa

La delincuencia, fuera de las patologías psiquiátricas marginales, es producto de la miseria y la ignorancia.

A las 5:48 horas de la madrugada del 8 de diciembre de 2010, los bomberos recibieron un llamado telefónico probablemente de un interno de la cárcel del San Miguel, comuna de la Región Metropolitana, donde se estaba produciendo un siniestro con consecuencias fatales sin precedentes en la historia de las penitenciarias chilenas. Sin embargo, el incendio habría comenzado alrededor de las 4:00 horas de la madrugada, es decir, casi dos horas antes de que llegara auxilio, a las 6:00. De acuerdo a versiones preliminares, ya son 83 los reos calcinados y muertos por asfixia. A ello se agregan más de 300 heridos y un número indeterminado de presos en riego vital que están distribuidos en distintos recintos hospitalarios de Santiago. La tragedia se concentró en el cuarto piso de la torre 5 de la cárcel. Durante los acontecimientos, sólo había cinco funcionarios de Gendarmería en un recinto donde estaban recluidas 1.961 personas, toda vez que la prisión está habilitada para 900 hombres. Es decir, los niveles de hacinamiento superaban más de un 100% las instalaciones. Los familiares de los reos, presa de la desesperación y la incertidumbre debido a las escasas informaciones vertidas oficialmente, lanzaron huevos y piedras a las autoridades y la policía.
De modo oficial resultan opacas las razones que originaron el desastre. Lo cierto es que independientemente de las responsabilidades inmediatas –eventual negligencia de gendarmes en particular-, existen responsabilidades políticas de fondo que recaen en

los gobiernos anteriores y en el actual, y de los actuales ministros de Salud y de Justicia, Jaime Mañalich y Felipe Bulnes.

ANTECEDENTES
En los últimos 10 años el incremento de la población carcelaria fue de 22.000 mil presos a 52.621 hoy. Considerando los reos que están beneficiados por políticas intrapenitenciarias o sistema abierto se llega a 55.000 mil reclusos. Esto es, el sistema penitenciario chileno es responsable de 107 mil personas.
El modelo privado que cuenta con subsidiado estatal generado con el propósito formal de aminorar el hacinamiento ha resultado un fracaso. En la actualidad, en los recintos concesionados existen tres presos en calabozos hechos para un interno. En la prisión femenina hay 300 reclusas en una habitación con capacidad para 80 personas, mientras que en la penitenciaría las instalaciones para 120 internos alojan a 800 reos.
La ley indica que el objetivo fundamental de la reclusión es la rehabilitación del preso con el fin de su eventual inserción social. No obstante, en el último tiempo se redujo el presupuesto para Gendarmería en más de 2.600 millones de pesos (US$ 5 millones 200 mil dólares). Esa cifra deviene en que ninguna cárcel posee programas de rehabilitación.
El modelo penitenciario estatal invierte por recluso 290 mil pesos (US$ 580), en tanto en los penales privatizados, prácticamente 600 mil pesos (US$ 1.200). En el sistema privado, los montos comportan enseñanza, salud, especialistas en rehabilitación, comida, y gastos en arriendo del recinto, agua y luz. Inversamente, bajo el modelo fiscal, por menos de la mitad de los recursos todas las labores anteriores deben efectuarlas los gendarmes.
En Chile hay un funcionario de gendarmería por 91 presos. Investigaciones, hechas por el gremio de gendarmería, informan que sus trabajadores laboran para el Estado más de 12 millones de horas extraordinarias no canceladas.
EL FONDO DEL DESASTRE
Mientras mediáticamente Piñera intenta explicar con abundante demagogia, como si fuera parte de la oposición –tomando distancia absurda respecto de su propia administración y culpando al eslabón más frágil de la cadena carcelaria-, una vez más, el mandatario enfrenta una crisis que revela las condiciones de subdesarrollo de Chile, asociadas, en este caso, a las inexistentes estrategias de prevención de accidentabilidad, resguardos sanitarios, rehabilitación efectiva de los reos, y un hacinamiento estructural del sistema penitenciario. Tras estos fenómenos se oculta el más profundo desprecio y abandono respecto de un segmento de la población chilena que es pobre y cuyo comportamiento está gatillado esencialmente por las pésimas condiciones de vida de las clases subalternas, la ausencia de una formación cultural digna, el desempleo, falta de porvenir y expectativas de desarrollo personal y colectivo, y la alienación social provocada por el imperio del fetiche del consumo innecesario que facilita la constitución de una subcultura ligada a la violencia y produce relaciones sociales dañadas y dañinas. Si no terminan las más que precarias condiciones materiales y educacionales de importantes segmentos de la desigual sociedad chilena, la delincuencia cobrará, simétricamente, una tendencia creciente y sin control. He aquí como se suma una nueva denuncia para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, dos días después de la inédita tragedia.
Extraido de El Ciudadano

Violenta represión por parte de Carabineros en Rapa Nui

Con siete detenidos, cuatro heridos menores y una persona con una herida de gravedad terminó la orden de desalojo de una vivienda, ocupada por un funcionario de la Secretaría de Justicia en Rapa Nui, conocida como Isla de Pascua.
“Una persona fue herida con perdigones y parece que perdió su ojo”, informó Fernanda Lizana, colaboradora del Parlamento Rapa Nui en Santiago, quien agregó que el número de detenidos y heridos es la cifra oficial, pero al parecer la situación sería más grave que lo anunciado.
Los hechos se generaron cuando la unidad de Fuerzas Especiales en la Isla desalojó la propiedad recuperada por el clan Tuko Tuki, que se ubica en el centro de Hanga Roa.
La acción policial comenzó minutos antes de las 6:00 de la mañana, con unos 45 efectivos fuertemente armados. Al momento de presentarse en el lugar, Claudio Tuki Hito les mostró una notificación hecha al Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enviada el 3 de noviembre, en la que conmina a fundamentar los argumentos que tiene para realizar desalojos en terrenos ancestrales de los rapanui, recientemente recuperados, dado que ellos son los habitantes originarios de la Isla.
En un comunicado enviado por los rapanui, dicen que “los carabineros no tomaron en cuenta este documento y entraron disparando balas al aire y golpeando con sus fusiles a las personas que a esa hora dormían. Así se llevaron a tres miembros del clan Tuko Tuki, que habían sido f
ormalizados este 2 de diciembre por el juez de letras de Isla de Pascua, Bernardo Toro, en el contexto de un proceso judicial por amenazas y violación de morada con intimidación, que es conducido por el fiscal especial Guillermo Felipe Merino”.
En este momento la situación en la isla se ha endurecido y se esperan reacciones de la comunidad originaria de Rapa Nui, respecto de lo que ha sucedido y una posición del Gobierno ante la cruda represión ejercida en contra de los miembros de la comunidad que ocuparon la propiedad.
En la incursión policial se llevaron a tres miembros del clan Tuko Tuki, que habían sido formalizados este 2 de diciembre por el juez de letras de Isla de Pascua, Bernardo Toro en el contexto de un proceso judicial por amenazas y violación de morada con intimidación, que es conducido por el fiscal especial Guillermo Felipe Merino. Los imputados que fueron detenidos son: Roberto Ika Pakarati, Verena Ika Pakarati y Margarita Pakarati Tuki. También fue detenido Ricardo Hito. Ahora los detenidos se encuentran en la sexta Comisaría de Mataveri.
Se sabe que cuando terminó el operativo, Carabineros sacó las banderas rapanui que flanqueaban la propiedad en disputa y procedió a quemarlas. Lo mismo había hecho el pasado 7 de septiembre cuando desalojaron momentáneamente el hotel Hanga Roa.
REACCIÓN DE LOS RAPANUI TERMINA CON HERIDOS
Una parte importante de la comunidad de la Isla ha reaccionado con ira frente al actuar de los uniformados, de excesiva violencia, y dos horas después de este operativo, unos 25 rapanui intentaron recuperar el terreno desalojado en el que permanecía un contingente de Carabineros, usando piedras y palos. Fueron repelidos con balas y balines resultando heridas al menos cinco miembros del pueblo originario.
Ricardo Tepano (algo más de treinta años) es el isleño más grave. Recibió numerosos perdigones en el rostro. Uno de ellos ingresó por un ojo desvaneciéndose inmediatamente. A dos horas de ocurridos los hechos no recupera la conciencia. También resultó herido el presidente del Parlamento Rapa Nui Leviante Araki (50), quien fue estrangulado y golpeado en el suelo por cuatro carabineros. Además, le dispararon numerosos perdigones que tiene esparcidos por su cuerpo.
Gaspar Tepihe (42) también resultó herido por proyectiles disparados por Carabineros. Aunque sus heridas no parecen graves la falta de atención médica le ha hecho perder una gran cantidad de sangre. Dos miembros del Clan Hito recibieron proyectiles. Se trata de Rodolfo Hito (38) y Sita Hito (50).
Todos ellos se encuentran en el hospital de la Isla. Los más graves serán trasladados de urgencia al continente en el avión ambulancia.
LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA EN LA ISLA
Marisol Hito, vocera del Clan que lleva su apellido, responsabilizó al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter de lo ocurrido. Sostuvo que “aquí lo que se imponía era una solución política, basada en el diálogo y en el respeto de los derechos rapanui, no en la violencia”.
La representante de los Hito asegura que los instigadores de esta violencia “son un grupo de empresarios y ex autoridades locales encabezadas por Petero Edmunds Paoa, Daniel Platovsky y Alberto Hotus. Ellos realizan numerosas y diversas acciones con el fin de imponer la violencia en la Isla y así poder recuperar sus cuotas de poder y conseguir la privatización de la Isla de Pascua en su propio beneficio”. Y agregó que lo que intentan estas personas es sacar a la gobernadora Carmen Cardinali “con el fin de imponer la represión al pueblo rapanui”, enfatizó.
Minutos después de ocurridos los hechos, el vocero del clan Tuko Tuki, Muta Hey Tuki sostuvo, en la misma línea de Hito, que “lo que ocurre aquí es por culpa del Gobierno, por no querer resolver los problemas por medio del diálogo directo con las familias. Aquí hay un conflicto entre el pueblo rapanui y el Estado de Chile”.
Poco antes que se desatara la violencia policial, Muta había expresado: “Estamos a la espera del resultado de las mesas de trabajo en las que el Gobierno debiera devolvernos nuestras tierras. No puede ser que cuando queda tan poco para que esto ocurra –primeros días de enero- el Estado decida desalojarnos de nuestra tierra”, subrayó.
Muta Hey asevera que esta decisión es una “provocación del juez Toro, quien no quiere que los conflictos (por demandas territoriales) que sacuden a la Isla se resuelvan pacíficamente”. Y añade que “él sabe -el juez- que el pueblo rapanui tiene sed de justicia, sabe que mi familia ha esperado durante muchos años el momento de poder recuperar nuestras tierras. Y sabe que no estamos dispuestos a abandonarlas”.
Hey Tuki estima que detrás de la decisión del juez existe un grupo de empresarios y ex autoridades isleñas “que no aceptan haber perdido el poder”, entre los que señala a Petero Edmunds, Alberto Hotus, Benjamín Paoa y Petero Riroco. Dice que ellos, junto al presidente de Sasipa, Daniel Platovsky –quien actuaría como cabeza- estarían intentando una salida violenta a la crisis que vive la Isla. El objetivo: conseguir detener el proceso de recuperación de tierras, recuperar el poder y privatizar la isla en su favor.
Muta Hey informó, además, que Edmunds y Hotus presentaron hace una semana una querella contra la gobernadora Carmen Cardinali ante el Juzgado de Letras de Isla de Pascua, acusándola de promover “tomas ilegales”, causa por la cual deberá declarar el próximo 6 de diciembre. “Con esta acusación y sus ‘marchas por la paz’, buscan defenestrar de su cargo a Cardinali y volver a controlar el poder en la Isla”, dice Hey, quien asegura que  su familia y el pueblo rapanui “quieren una solución pacífica, basada en el diálogo y en la restitución de tierras”. Pero también advierte que “el pueblo rapanui está unido y responderá como un solo cuerpo en caso de ser agredido”.
LAS TIERRAS OCUPADAS 
Cabe tener presente que los Tuko Tuki poseen 5,5 hectáreas de tierras en el centro cívico de Hanga Roa, capital de Rapa Nui. Allí se ubica la Gobernación, la Municipalidad, gran parte de las otras oficinas estatales, así como el BancoEstado y Entel. Estas empresas, al igual que el Fisco, no pagan por el uso de estos terrenos.
Son numerosos planos y documentos emanados por la Armada –cuando no había Conservador de Bienes Raíces– los que acreditan la propiedad de esta familia respecto de estos terrenos.
Las recuperaciones de los Tuko Tuki y de los Hito (Hotel Hanga Roa), son las más emblemáticas por lo valioso y estratégico de los terrenos en disputa.
El clan Tuko Tuki cuenta con el respaldo de los 28 clanes, así como del Parlamento Rapa Nui.
Extraido de El Ciudadano

Indulto: Choque de Poderes en el Gobierno

Que mal momento para un indulto a violadores de los DD.HH., si bien este tema no se encontraba superado del todo, se había avanzado de manera tal, que nos tranquilizaba ver a “algunos” de los administradores del genocidio presos, pero tal como una vieja lesión ósea que reflota en el invierno, la sinuosa política se encarga de mostrarnos que nuestro apararentemente robusto esqueleto social presenta fisuras. La Iglesia acostumbrada a entrometerse en variados asuntos, trata de ocultar su mal momento imponiendo una agenda distinta mientras su justicia canónica se muestra lenta e impune en los casos de pedofilia y abusos, todo lo anterior nos da la antesala para ver la lucha de las dos almas de este Gobierno, un alma liberal que no escabulle abordar temas valóricos y otra devota y conservadora. Claramente Sebastián Piñera se encuentra en una encrucijada con su coalición dividida y una Oposición que reflota sus logros en materia de justicia por las violaciones a los DD.HH., este cóctel se potencia con una opinión pública que rechaza todo tipo de indulto y una opinión internacional que apunta en otro sentido en los temas de crímenes de lesa humanidad. Espero que todo quede tal como está y que la ciega, sorda y muda justicia aparezca por estas latitudes.

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