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La feminización de la pobreza en Chile: Un 40% de las mujeres pobres no tiene trabajo

Quizás la “feminización de la pobreza” -o predominio creciente de las mujeres entre la población más vulnerable- sea una expresión no conocida por todos, pero en las últimas décadas se ha ocupado para connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales.
En este mismo contexto lo entendieron los países asistentes a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, donde la erradicación de la pobreza -que pesa sobre la mujer- fue identificada como uno de los 12 puntos de acción que requieren atención especial y medidas por parte de la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil.

En esta reunión los gobiernos reconocieron además que algunos aspectos de la pobreza están vinculados al género, lo que ha servido para que los Estados reorienten sus políticas de erradicación de la pobreza, específicamente hacia las necesidades de la mujer y especialmente hacia las zonas rurales.

También en el último tiempo a la pobreza se le ha dado una definición más amplia, en la que no sólo se toman en cuenta las necesidades básicas mínimas, sino que se incluye la denegación de oportunidades y opciones.

Si bien esta realidad pareciera corresponder a los países subdesarrollados, no parece estar alejada de nuestro país, ya que en Chile la brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en el ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en el último decenio.

De acuerdo a la Encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica Nacional) del año 2009, en Chile se registró un aumento del 14 al 16% de las mujeres pobres. Esto significa que actualmente casi un millón 400 mil mujeres se encuentran en esta situación y, de ellas, casi el 40% no tiene trabajo.

Los antecedentes de la encuesta confirman la cruda relación que existe entre empleo y pobreza. Para las mujeres la tasa de desocupación es mayor que la de los hombres, que no alcanza el 50%.

De acuerdo a este estudio serían tres los factores que están feminizando la pobreza en Chile: el debilitamiento de la familia, lo que aumentaría el nivel de vulnerabilidad de una mujer y sus hijos; el alto nivel de desempleo femenino; y la imposibilidad de conciliar el cuidado de los hijos con la rigidez del mundo del trabajo.

“La ficha CASEN y los indicadores de pobreza muestran que efectivamente la pobreza en Chile tiene rostro de mujer, y las características sobre todo de jefa de hogar”, señala la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), Presidenta de la Corporación.

Apreciación que también es compartida por su par DC, Carolina Goic. “Me parece que en nuestro país la carga que llevan las mujeres es fuertísima y no están necesariamente todos los dispositivos, las redes de apoyo para abordarlas”.

“Si uno quiere abordar políticas, normativas que tiendan a mejorar esta situación, a superar pobreza, hay que entender bien como se da este fenómeno, para que sean acertadas”, agrega la parlamentaria por Magallanes.

“Nosotros tenemos una jefatura de hogar femenina que ha ido avanzando en proporción en nuestro país en forma considerable. Eso se da mayoritariamente en segmentos de ingresos más bajos, aunque es un fenómeno que va más allá de la pobreza -el que las mujeres asuman el hogar, el mantener a sus hijos- incluso estando con su pareja, su proporción de ingreso es menos relevante dentro del hogar”.

Agrega, “que cuando hay una mujer que enfrenta sola el desafío de mantener a su familia, no sólo enfrenta la falta de ingreso o la falta de oportunidades de trabajo, sino también las discriminaciones de género que existen, y que están en nuestro país”.

La diputada Denise Pascal también coincide en que la mayor vulnerabilidad y pobreza se da en el ámbito de la mujer. “Una de las causas en nuestro país, es que de partida el trabajo más inestable, se da dentro de las mujeres de menores ingresos, en las mujeres que tienen menor desarrollo cultural, en las que tienen menor capacitación de conocimiento, de enseñanza, dado que ellas tienen trabajos muchos más esporádicos, y muchas veces con contratos muy volubles”.

Agrega la parlamentaria PS que se da, además, porque en estos mismos sectores, son mayoritariamente jefas de hogar. “O sea son hogares uniparentales, donde la mujer hace de padre y madre, donde la mujer tiene la responsabilidad del hogar en general y eso lleva que ella tenga sólo su ingreso. Por lo tanto, eso también lleva a una situación de efecto negativo con respecto al desarrollo integral de la familia”.

A lo que se suma una suerte de cadena de la pobreza “donde la mujer o la hija de un hogar uniparental, tiende también a no terminar sus estudios por la necesidad de poder que trabajar y educar al resto de sus hermanos. Y cuando no es así, tenemos otra situación, muchas veces las chicas jóvenes quedan embarazadas, y al quedar embarazadas salen del sistema educacional. Aunque hoy día tenemos leyes que favorecen la continuidad de los estudios, muchas de ellas tienen que salir a trabajar para mantener esa guagua”.

Legislación v/s políticas públicas


Las parlamentarias también coinciden en que para superar la situación de pobreza de las mujeres no bastan normativas y una legislación adecuada, sino también políticas públicas y el compromiso de la sociedad en su conjunto.

“Nosotros hemos avanzado muchísimo en términos de equidad, de valorar el aporte de las mujeres, de visibilizarlas, pero aún estamos lejos de lo que a uno le gustaría, para que realmente se genere igualdad y oportunidades, Para que eso sea real es importante comprender mejor el fenómeno de la pobreza y para abordar nosotros como legisladores las normativas, de una manera más acertada que la realidad requiere”, señala la parlamentaria de la Región de Magallanes.

“La legislación es un marco, pero la política social es la forma concreta, tiene que ver con las herramientas concretas con las que se puede fortalecer la red de apoyo”, agrega Carolina Goic.

“Permanentemente en la Cámara estamos reclamando por mayores derechos y recursos para las mujeres, y hay una frase que no me canso en repetir, cuando el Estado invierte un peso en la mujer, se está invirtiendo directamente en la familia”, señala la diputada Alejandra Sepúlveda.

En tanto, la diputada Denise Pascal indica que durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se trabajó estos temas fuertemente poniendo políticas muy claras de apoyo a la mujer empobrecida, las que tienen que ver con los jardines infantiles, el apoyo a la maternidad mediante la entrega del ajuar, la reforma previsional que apoyó la jubilación de mujeres dedicadas a la crianza de sus hijos, entre otras.

“Ha habido políticas claras respecto de buscar una manera de poder solventar y poder apoyar el mejoramiento de la situación más vulnerable de estos hogares, donde hay jefas de hogar y donde hay pobreza del adulto mayor. No cabe duda que tenemos leyes que dan este apoyo, ahora necesitamos que las leyes se cumplan, por un lado, y necesitamos también ir mirando como se han ido desarrollando estos aportes hacia estos sectores y ver si tenemos que hacer alguna reforma o hacer algunas indicaciones para superar algunos problemas”.

Para analizar estos temas y su impacto social, entre el 5 y 8 de marzo se realizará en el Congreso Nacional, en Valparaíso, el Seminario Internacional sobre Feminización de la Pobreza.

Las conclusiones de este seminario internacional servirán de marco referencial de las políticas públicas que la Unión Interparlamentaria y la Organización de Naciones Unidas fomentará entre los países.

Lo que queda claro es que cualquier medida encaminada a la adopción de políticas que garanticen que todas las mujeres tengan una protección económica y social adecuada durante los períodos de desempleo, enfermedad, maternidad, gestación, viudez, discapacidad y vejez; será bien recibida para este sector, cada día más vulnerable en Chile y en el mundo.
Ver más antecedentes del Seminario
Extraido de Camara de Diputados 
Titulo Original: La feminización de la pobreza en Chile

El discurso sobre los derechos de las mujeres y su indicador: el aborto

por Maria Isabel Matamala Vivaldi
 
El 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó al Presidente Piñera su primer informe. La intervención de la Directora del Instituto, abogada Lorena Fríes, y la de Víctor Abramovich, Director del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se refirieron a la necesidad de abordar desde el enfoque de derechos las desigualdades en cuyo marco viven actualmente su vida importantes grupos de la población, entre otros, el de las mujeres. Se señaló: “… hoy observamos que las demandas sociales por derechos humanos son más complejas y exigentes. Ya no se pide de los Estados solo el respeto de los derechos. Se demanda también que actúen de manera efectiva para protegerlos y garantizarlos. Sobre todo cuando la afectación de los derechos obedece a factores estructurales, por ejemplo patrones de desigualdad de género, sociales o raciales. Están en juego conflictos colectivos, la situación de grupos o sectores sociales desaventajados”[1]. Es sabido que las desigualdades de género expresan discriminación entre mujeres y hombres en materia de ejercicio y goce de derechos humanos. Esta sola constatación significa que ni la protección ni la garantía de los derechos de las mujeres están siendo cubiertas por los Estados.
En la ocasión el Presidente Piñera afirmó enfáticamente en su discurso: “Debemos mantener y acelerar lo mucho que se ha avanzado en esta materia en los gobiernos anteriores, pero también acelerar el tranco para lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que recorrer”. ¿Es que sus palabras permiten entender que se hace cargo de injusticias que su coalición se ha empeñado en mantener, priorizando convicciones ideológicas y religiosas en desmedro de los derechos y libertades de las mujeres y del Estado laico? ¿Significa que, entre otras acciones, favorecerá la construcción de mayorías políticas para hacer coherente el discurso sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de legalizar el aborto? ¿Destrabará esta discriminadora herencia de la dictadura militar? ¿Habrá conexión entre discurso y voluntad política?
El derecho de las parejas a decidir su proyecto reproductivo, esto es, la cantidad y espaciamiento de hijos/hijas, fue reconocido para las parejas en la Primera Conferencia internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Teherán 1968. Luego, la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, en Bucarest 1974, reconoció también ese derecho como individual: “Todas las parejas y los individuos tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos”.
En Chile, medio siglo después, el goce de este derecho por parte de las individuas aún no tiene el alcance que tiene para los individuos. Cuando los hombres no desean asumir la paternidad ante un embarazo no planificado y no deseado, abortan de diversas maneras y con múltiples argumentos. Cuando en las mismas circunstancias las mujeres no desean asumir la maternidad, o más aún, cuando el embarazo atenta contra su vida o su salud, el aborto les está negado por ley. Si transgreden esta disposición en un esfuerzo límite por defender su proyecto de vida ejerciendo su derecho a decidir, son encarceladas y criminalizadas. ¿Acogerá el Presidente Piñera las observaciones de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que piden al Estado chileno revisar su legislación sobre aborto, así como la demanda de las mujeres chilenas que sufren esta atroz discriminación en materia reproductiva?
Dos casos impactantes – evidencia de la injusticia -, han aparecido en los diversos medios en las últimas semanas. El primero, Karen Espíndola, una mujer anónima y valerosa, a quien el Estado chileno obligó a llevar a término un embarazo cuyo resultado ha sido un niño con gravísimas malformaciones que sólo vive para sufrir las 24 horas de cada día, sin protección o garantías para sus derechos. Posteriormente, Mónica Pérez, destacada periodista, rostro de TVN, quien debió esperar la muerte in útero del feto, viviendo una tortura física y psicológica , al igual que la que soportó obligadamente Karen durante nueve meses. El impacto de la entrevista a Mónica Pérez ha movilizado las sensibilidades de parlamentarias y parlamentarios en un arco extremo y la respuesta ha sido un proyecto a la medida del caso.
Es de esperar que en esta ocasión la senadora Matthei y el senador Rossi se comprometan con la iniciativa y desarrollen la abogacía imprescindible para construir mayorías. Ya hay muchos proyectos similares durmiendo en el Parlamento; por diversas razones se presentan, pero luego sus autoras/es no mueven un dedo para hacerlos realidad.
También es necesario recordar que las mayorías no sólo deben ser parlamentarias. Para que éstas sean consistentes es preciso construir mayorías sociales. Se echa de menos la interlocución de la senadora y el senador con la sociedad civil, y también, la claridad para entender que la legalización de una causal no restablece el derecho negado a miles y miles de mujeres que ven su salud atropellada por embarazos que trastocan sus vidas, pero que no se inscriben en la causal de inviabilidad fetal.
Las mujeres necesitamos que el Estado proteja y garantice nuestro derecho a decidir.

 
[1] Víctor Abramovich

-La autora es médica, consultora internacional en salud y género
 Articulación Feminista por la Libertad de Decidir

Extraido de piensaChile

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