chile

En Slumdog millonaire (Danny Boyle, 2008) el protagonista Jamal Malik nos hace recorrer una sucesión de recuerdos agridulces en el contexto de su participación en el globalizado concurso ¿Quién quiere ser millonario? La cuestión de fondo es cómo un joven pobre era capaz de reconocer preguntas que no eran fáciles para “su nivel”. A lo largo de la película descubrimos que no eran las enseñanzas escolares la que lo habían conducido a acertar con las respuestas, sino sus experiencias de vida en las calles de la India. Deambulan en mi cabeza algunas imágenes de esta película cuando escribo esta columna sobre el SIMCE.

No quiero hacer una lectura ingenua de los resultados del SIMCE entregados esta semana. Quedarse en la superficie sería contentarse con el aumento de unos puntos en la prueba de lenguaje, con la disminución de la “brecha” entre estratos socioeconómicos, y con el aumento del rendimiento de las escuelas municipales y particular subvencionadas (todo esto en el 4° básico). Sumergirse a un nivel más oscuro, peligroso y sin oxígeno, sería preguntarse qué pasa en el 2° año medio, por qué la brecha aumentó, por qué persiste la brecha de género, y por qué las matemáticas no varían desde hace más de 11 años. 

Quiero pensar este SIMCE desde la óptica de las Ciencias Sociales y Humanas, y desde las Políticas Públicas, esto significa escapar del análisis de la Economía y las Ingenierías que han tendido a monopolizar el debate. 

Una primera discusión es sí la numerología anual que entrega el SIMCE nos dice algo de las escuelas o no. Y aquí podríamos responder lo que decimos cuándo se responde que los test de inteligencia miden… lo que miden los test de inteligencia, es decir, los puntajes SIMCE no dicen más ni menos que lo que miden: el rendimiento en unas habilidades acotadas en unas asignaturas acotadas. Nada nos dicen por lo tanto, de cómo se producen esos puntajes, cómo son las escuelas, cómo son los alumnos y alumnas, y no nos dicen eso, porque no es un objetivo de estas pruebas realizar un análisis cualitativo de la realidad. El SIMCE es un esfuerzo de síntesis que encasilla, categoriza y selecciona a las escuelas según un solo criterio: el rendimiento a una prueba estandarizada. 

Lamentablemente el SIMCE se ha transformado en principio, medio y fin. El puntaje ha sido exorcizado de su contexto original y parece decirnos “la verdad” única y fiel de nuestra educación. Es así como muchas escuelas vuelcan sus esfuerzos a restringir sus propuestas curriculares y en  seleccionar sólo a los “buenos” alumnos/as, expulsando a los “malos”… 

El SIMCE es hoy uno de los mejores indicadores de la segregación escolar. Pierre Bourdieu nos mostró cómo los sistemas escolares eran unas máquinas eficientes para naturalizar el orden social, es decir para no cuestionar mayormente por qué unos acceden con cierta facilidad a las mejores posiciones, mientras otros se quedan atrás. La meritocracia, tan defendida en Chile, tiene un sospechoso correlato con los niveles socioeconómicos de los alumnos/as, mientras más abajo nos ubicamos, el ascensor social que nos mueve parece estar más roído y oxidado. Así, las evaluaciones, el examen, siguiendo a Foucault son instrumentos para el control social que permiten justificar una relación de poder.

El SIMCE chileno nos revela una triste realidad. A medida que nuestras niñas y niños avanzan a través el sistema escolar la brecha de resultados aumenta progresivamente, correlaciona con la alta selectividad del sistema que para la educación media separa por un lado a las escuelas privadas, algunas particular subvencionadas (para los sectores medios, medios-altos), los liceos municipales emblemáticos y los ahora liceos de excelencia; y por otro, los liceos técnico-profesionales, particular-subvencionados (de sectores medio-bajo y bajo), y buena parte de los municipales.  

Uno de los elementos motores de la selectividad, y lo revela justamente el SIMCE, es la enseñanza de las matemáticas. Lo que en otras épocas de nuestra historia fue el aprendizaje de las lenguas extranjeras como factor de distinción, hoy parecen ser las matemáticas. El estancamiento creo que habla del rol social de esta disciplina en el sistema educativo y social. Y aunque lamentablemente han sucumbido las humanidades y las artes, sin embargo, esta debilidad no ha sido suficiente para que las matemáticas se aprendan más en las escuelas. Quizás aprenderlas mejor significaría poder analizar mejor las estadísticas, aprender a razonar mejor sobre la cientificidad de los discursos que se venden. 

La alerta que levantan los resultados del SIMCE es una y otra vez parte de los márgenes del análisis de política educativa. Esta fractura social se amplifica en un sistema escolar que persistentemente parece innovar en mejores formas de filtrar, anulando el esfuerzo de nuestras hijas e hijos más pobres. 

Jamal Malik nos queda en la retina representando el saber producido en el dolor de las vidas pobres despreciadas. Su triunfo enfrenta la desconfianza de los otros.

Columna publicada en Blog Versus 21 facilitada por el autor.
Titulo Original: El SIMCE y la fractura social

Agradecimientos a VERSUS 21

«Hay mucha indiferencia e ignorancia por parte del gobierno chileno respecto a la niñez indígena, hay una falta de atención y no sólo en la zona de conflicto, en la Araucanía, sino en todo el país». Así lo advirtió la académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Elisa Loncon, experta en educación intercultural, al referirse al Informe sobre Violencia Institucional contra la Niñez Mapuche en Chile que presentaron diversas organizaciones nacionales en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La académica del Departamento de Educación de la Usach, asegura que «no se ha focalizado una política pública que libere a la sociedad de la discriminación y el racismo. Faltan acciones de protección, pero también de valoración de la identidad y la cultura de los pueblos originarios».

El informe, entregado el pasado 25 de marzo y que conllevó sesiones de discusión hasta el 1 de abril, concentra datos recabados de violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas mapuches en Chile perpetradas por instituciones del Estado como Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). El informe documenta casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus colegios, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados e incluso, da cuenta del homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002.

Las anteriores, son algunas de las acciones de violencia institucional que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuches durante los últimos once años.

Es primera vez que un informe de esta naturaleza se presenta en la CIDH, y fue gestionado por la Fundación ANIDE junto con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), contando con el apoyo de Kindernothilfe y Save The Children, y el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC).

La CIDH hará una visita a nuestro país en los próximos meses para recoger datos del Gobierno sobre cuántos menores mapuche han sido detenidos, procesados y por qué motivos.

La académica Loncon reitera que «las familias mapuche en territorio militarizado son constantemente investigadas, allanadas y hostigadas en sus casas. Esta situación de violencia, aunque no fuera directamente, al niño lo afecta y perjudica causando daños irreparables, por eso el llamado es a que el Estado chileno se haga urgentemente cargo, ya que está en falta con su país y con todos los tratados internacionales sobre derechos humanos».

La experta en interculturalidad, recordó el caso de la niña Vania Queipul, estudiante mapuche de 15 años, que sufrió en 2010 la detención al interior de su establecimiento educacional en horas de clases, por ser aparentemente responsable del delito de daños simples, consistente en lanzar una piedra al edificio del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli. «Esta niña fue procesada e investigada y aunque finalmente salió sin cargos, la trataron como delincuente, la expusieron como conflictiva ante sus compañeros y profesores, pero ¿quién repara eso?», puntualizó la académica.

Para Elisa Loncon es esencial que el Estado garantice a las y los niños indígenas lo estipulado en el artículo Nº 30 de la Convención de los Derechos del Niño (1989), que indica: «Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma» .

Por otro lado, a su juicio «los medios de comunicación reproducen la discriminación y la poca valoración social de los pueblos en la entrega de información, muestran a los indígenas en condiciones de violencia, radicalizados, no dejando ninguna opción que la asimilación forzada, la integración», enfatizó Loncon.

«Es necesario cambiar esta práctica, de ahí la importancia que la legislación chilena se ajuste a los tratados y convenios internacionales, que protegen a la niñez indígena, su integridad humana, su cultura y lengua. No es justo que a nombre del progreso y de los intereses económicos de los más ricos, entre ellos de las forestales, se maltrate a la infancia más vulnerada; esto habla muy mal de nosotros como país», subrayó Loncon.

De este modo la académica de la Usach sostiene que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general, deben «recuperar los derechos políticos que les competen en cuanto a pueblos», porque el tema de fondo no es sólo económico, es político, de participación en la toma de decisiones y también de valoración y aceptación, por parte de la sociedad de sus diferencias culturales y lingüísticas. Este país debe pensarse y construirse con la diversidad de pueblos existentes; y aquí estamos en deuda con los pueblos indígenas», puntualizó, finalmente, la profesora Loncon.

Extraido de usachaldia.cl

por krok

Gracias a La Momia Roja

Mr. Barak Obama

por Valeria Perasso

Los mapuches enfrentaron con ferocidad al conquistador español y, más de cinco siglos después, siguen en pie de guerra reclamando lo que consideran propio: las tierras de sus ancestros, hoy en manos del Estado, particulares o empresas privadas.

En Chile, los mapuches fueron dueños de unos 100.000 km2 del territorio y, en el devenir de la historia, quedaron confinados en sólo 5.000 km2, un 5% de lo que tenían. Su batalla, entonces, es por recuperar las tierras perdidas.

El enfrentamiento por demanda de este pueblo, la etnia originaria más numerosa del país, ha recrudecido en las últimas décadas.

El conflicto muestra una grieta en la sociedad chilena y, para algunos, es una mancha negra en materia de defensa de los derechos humanos.

La década que acaba de terminar dejó tres jóvenes activistas mapuches muertos, junto a 40 actualmente detenidos, otra veintena con causas judiciales en marcha y 400 inculpados en torno al conflicto, según distintas organizaciones sociales.

¿Cuál es la solución? Opinan los protagonistas del conflicto   

Para el investigador chileno Eduardo Mella, los mapuches son presa permanente del illkun: un estado de ira que, lejos de ser irracional o intempestivo, tiene fundamentos y razones históricas. Mapuche, en lengua mapudungun, no significa otra cosa que»gente de la tierra».

La rabia mapuche ha cobrado distintas formas. De la toma simbólica de predios privados a la reciente huelga de hambre de 88 días en las cárceles que alojan militantes comunales.

El expresar su ira también los ha llevado a los estrados judiciales acusados de crímenes como presuntos atentados contra latifundistas y funcionarios o quemas de camiones y haciendas.

Es al sur del río Bío-Bío donde el conflicto chileno-mapuche tiene su epicentro: en la región de la Araucanía, la etnia representa un tercio de la población total. Ésta es también la principal zona de explotación forestal del país y la del mayor índice de pobreza, que alcanza al 27% de los habitantes.

Para llegar a la comunidad de Temucuicui Autónoma, hay que seguir la ruta hasta que el asfalto se pierde y el sendero se vuelve casi intransitable. Hay que tener, también, el visto bueno de los dirigentes comunales, que viven en estado de alerta tras la seguidilla de allanamientos que han hecho las fuerzas de seguridad, en busca de pruebas y sospechosos de atentados incendiarios.

«Siento un dolor que no sé cómo explicarle», le dice a BBC Mundo Lucía Cayul Queipul, que acaba de regresar de una audiencia judicial en la que le negaron la libertad provisional a su hijo. De sus siete hijos, seis han pasado por la cárcel.

«Nosotros asumimos esto que nos toca como parte de un proceso, por venir reivindicando derechos territoriales, culturales y políticos que el Estado nos ha tenido negados y pisoteados. Hemos alzado la voz, pero no somos responsables de los delitos que dicen, eso es parte de una persecución», afirma Jaime Huenchullán, quien estuvo preso y vivió en la clandestinidad pero hoy, tras un juicio y una absolución, está de vuelta en Temucuicui.

El tiempo que dedican a la lucha por los peñis (hermanos) presos, dice, no les deja tiempo para nada y la falta de empleo se está cobrando cuentas en el bienestar de la familia. Una caseta destartalada que huele a madera vieja, unos pocos cerdos y unas gallinas dan cuenta de ello: es todo lo que tienen.

Divididos

No todos, sin embargo, están alineados en el activismo. De hecho, Temucuicui Autónoma se escindió de su vecina, Temucuiui Tradicional, por desacuerdos en los métodos y las formas.

«Los mapuches siempre hemos sido atropellados por el Estado, eso es así, pero ya necesitamos la paz. Al final son sólo unos grupos los que hacen cosas de delito, nosotros no queremos más eso porque nos señalan a todos», protesta Olga Huichacura, quien decidió viajar a Temuco para participar en la marcha «Araucanía Unida por la Paz».

La división de esta comunidad, una entre las 3.000 que se sitúan en los alrededores de Temuco, es un ejemplo a pequeña escala de lo que ocurre entre los mapuches: un pueblo de múltiples voces, sin una jerarquía única, en el que hay espacio para distintas líneas de pensamiento sobre cómo deben darse los reclamos por la tierra y la identidad.

Unos eligen la intransigencia, otros aceptan alguna forma de diálogo con el mundo huinca, como llaman los mapuches a los no indígenas. El huinca es el blanco: el empresario, el terrateniente, el funcionario. Curiosamente, la traducción literal del mapudungun es «ladrón».

«Cosas Atroces»

Del otro lado del sendero maltrecho por el que se accede a Temucuicui, los campos de la familia Urban también son un emblema de esta lucha. La familia, de ascendencia suizo-francesa, se instaló en la zona en 1903 y hoy don René es el encargado de liderar la explotación agropecuaria en cinco fundos de casi 700 hectáreas.

Desde 2001, los Urban denuncian haber sufrido ochenta ataques por parte de sus vecinos mapuches, pese al cuerpo policial que patrulla permanentemente sus terrenos.

«Hemos pasado por cosas atroces, como cuando le quemaron el camión a mi papá y se le quemaron las manos, cuando nos roban animales que degüellan y dejan botados en los caminos… Los niños se dan cuenta, hay que tratar de explicarles que es gente mala no más», afirma, en conversación con BBC Mundo, Héctor Urban, hijo de René y miembro de la empresa familiar.

Según Urban, muchos otros vecinos querrían denunciar afrentas, pero no se atreven. Creen que «por hablar» ellos se han convertido en una suerte de icono del enemigo para los mapuches.

«Los medianos agricultores son las víctimas más desgraciadas, porque viven en los campos con sus familias, ellos mismos los trabajan, y son por eso más vulnerables a los ataques», opina el abogado Carlos Tenorio, quien representa a Urban y otros productores ante los tribunales.

Responsabilidad Estatal

Así, tanto los mapuches como los propietarios miran en la misma dirección a la hora de encontrar soluciones: el Estado.

En rigor, la disputa se remonta a más de 130 años, cuando la llamada campaña de Pacificación de la Araucanía -paradójicamente- generó choques con las comunidades originarias y, tras muchas muertes, concluyó con la erradicación de poblados enteros.

El gobierno actual de Sebastián Piñera ha prometido revisar el programa de restitución de tierras, por el que el Estado dispone de fondos para comprar terrenos y entregárselos a los indígenas. El proceso está marcado por polémicas, desde cómo definir cuál comunidad se beneficia hasta el «boom» de precios y la especulación inmobiliaria que se ha dado en la zona en disputa desde que el Estado se convirtió en parte compradora.

«Si la sociedad chilena se ha comprometido a permitir que las tierras indígenas sean ampliadas, nosotros debemos asegurar que el proceso ocurra, pero sin afectar los derechos de los propietarios, que no pueden ser presionados a vender», le dice a BBC Mundo Sebastián Donoso, asesor especial para Asuntos Indígenas del gobierno de Chile.

El gobierno advirtió que quedarán fuera de los subsidios y ayudas todos aquellos grupos sospechosos de recurrir a la violencia, lo que -según analistas consultados por BBC Mundo- podría aumentar las divisiones al interior del mundo mapuche.

¿Hay entonces solución a la vista para el conflicto? Será difícil de alcanzar, dicen incluso los más optimistas. Lo que está en juego, al fin de cuentas, es un recurso finito y valioso: la tierra.

Extraido de BBC Mundo

por Pedro Cayuqueo(*)

(*): Director de www.azkintuwe.org

Marcelo Duque D.
Son las siete de la tarde bajo la capa invernal santiaguina. El aire funesto, los inmuebles grises que se alzan y los buses-gusanos que mueven a las pobres caras de zombis, todo esto hace recordar ciertos paisajes «modernos»; un mosaico entre Matrix, el 1984 de Orwell, y El Hombre de multitud de E. A. Poe. Ante esto, el plato esta servido y caben dos opciones: o nos tragamos la mierda o lo lanzamos – la mierda, el plato, los cubiertos, y el local entero – con fuerza en la cara del dueño. Ese será nuestro dilema.

De pronto es chocante saber que entre 6 países sudamericanos Chile es el penúltimo en un sondeo de felicidad (según un estudio por Cimagroup, 2006). Está claro que influye el clima y nuestra cultura de sureños latinoamericanos, pero es evidente que los niveles de felicidad responden a nuestra condición de ciudadanos de poca monta y de un porvenir incierto, un evidente par diabólico.

Decir “no me interesa la política” me parece un suicidio rasca, que es lo mismo entregarse al destino de los otros (los dueños de la factoría), o comerse indignamente el platito de mierda. Creo que la “política” o mejor dicho “el motivo político” no solo se manifiesta en el campo de la conciencia, también opera en los ánimos y en los cuerpos. El enlace entre el mal estar personal y la idea de reMover las cosas colectivamente es y ha sido históricamente, una fibra maestra de toda transformación social.

La FELICIDAD NACIONAL es nuestra meta, una urgencia POLÍTICA.

por KROK

Basta con querer averiguar respecto al problema mapuche y querer tener información de su estatus para darse cuenta de lo poco o nada que exponen los medios tradicionales respecto a este tema. Poco se sabe, que los presos mapuches procesados por la Ley Antiterrorista están sosteniendo una huelga de hambre y su principal solicitud es que no sean procesados por esta Ley, sino por un debido proceso donde puedan demostrar su inocencia. Se manifiestan frente a una ley que ha sido criticada también por varias ONG y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que fue creada por el  régimen de Pinochet en 1984 para la persecución política de sus opositores, para posteriormente ser modificada en 1990 y ser utilizada por los gobiernos de la Concertación con el solo fin de perseguir un eventual pronunciamiento del pueblo mapuche, esta ley que da facilidades y facultades extraordinarias al Estado para que los fiscales efectúen allanamientos y detenciones por tiempos prolongados – en algunos casos más de un año- antes de que sean procesados. Todo lo anterior permite aseverar que estamos frente a reales presos políticos de un Estado racista  y que convierte en terroristas a las comunidades que reivindican sus derechos ancestrales. Y mientras en nuestro Chile, el gobierno y los medios están mas preocupados de los presos políticos cubanos, pues esto sustenta su idiología neoliberal, otra vez nos damos cuenta todo lo que falta por hacer e informar respecto al tema mapuche, el desconocer nuestra raza y cultura originaria será construir un puente sin cimientos, lo primero por hacer es suprimir la aplicación de la Ley Antiterrorista del Estado y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

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