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Reformas políticas: Modificaciones que usted no verá

por Ignacio Maulén
Nuestro país tiene diversos desafíos en cuanto a la calidad de su democracia. En dirección a eso, el gobierno ha anunciado un paquete de reformas políticas que se llevaría a discusión durante el próximo año. Algunas de ellas, de concretarse representarían un avance, como son la inscripción automática, el voto de chilenos en el exterior, etc.
Seguramente Sebastián Piñera anunciará estas reformas como “revolucionarias”, pero en esta columna, doy cuenta de que hay transformaciones más profundas que nuestro sistema político necesita y que por lo visto, no existe la voluntad para llevarlas a cabo.
Dentro de los primeros tópicos descartados por la reforma aparece la Defensoría del Pueblo. Para lo que no lo conocen, consiste en “un investigador independiente con autoridad para recibir denuncias de los ciudadanos, exigir cuentas al Estado por sus deficiencias y la reparación a los perjudicados por acciones gubernamentales o injustas, o por violaciones de los DD.HH.”(1). Mientras exista este vacío las personas se ven menos protegidos ante las arbitrariedades estatales. Sólo dos países en América Latina no tienen esta defensoría, el nuestro y Uruguay.
Por el contrario, el gobierno está proponiendo una unidad de gestión y control que fiscalice las políticas públicas y el avance de cada ministerio, cuando en realidad, los ciudadanos debieran ser los primeros fiscalizadores y denunciantes de las políticas cuando no funcionan o perjudican sus derechos y que mejor ejemplo que lo sucedido recientemente en la cárcel de San Miguel.
La reforma tampoco traerá consigo un cambio en el régimen político. El gobierno acumula tanto poder que el congreso parece un mero estorbo (no lo es, pero al  hacer un llamado al “flair play” para legislar ayuda a que lo parezca) sobre todo ahora que tiene minoría. Por poner un ejemplo que congracie con nuestra elite, el presidente de los Estados Unidos tiene bastantes limitaciones al momento de legislar. No puede emitir decretos, los temas exclusivos en los que puede legislar se ven limitados, no tiene posibilidad de veto total y, por su parte, el congreso puede modificar el presupuesto a su parecer y si rechaza el presupuesto el presidente no tiene margen de acción (2). En resumen, hay un congreso bastante más empoderado que el nuestro.
Relacionado con lo anterior, nuestro sistema electoral tampoco sufrirá cambios. En este tema habría que hacer una cirugía mayor, pero ninguna de las dos coaliciones está con la voluntad de perder el trabajo electoral que han logrado por más de veinte años. Por ello, no tendremos distritos más representativos, las fuerzas minoritarias tendrán dificultad para obtener escaños sin pactos y, por lo tanto, no tendremos mayor competencia para que la ciudadanía tenga más opciones.
Podría mencionar otros cambios necesarios como la elección de intendentes y gobernadores, la iniciativa popular de ley, la posibilidad de revocar mandatos de autoridades incompetentes, entre otras que irían en la dirección de una “revolucionaria” reforma política.
Tanto los avances u omisiones que contenga la reforma serán de responsabilidad del gobierno y oposición. Sin embargo, mientras el gobierno tiene grandes facultades de llevar a cabo su plan de gobierno y de mantener el statu quo en temas que le interese; una oposición, más amplia y menos anquilosada, de cómo la vemos en el congreso, tiene la oportunidad de renovar sus ideas y de comenzar a exigir mayor rendición de cuentas por parte del gobierno, mayor descentralización en la toma de decisiones y un sistema electoral más representativo.
Los ciudadanos necesitan una mejor reforma política.

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Referencias y visitas
(1) y (2) Mark Payne, entre otros. La Política Importa, página 256.

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