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El gen ideológico de Piñera y Lavín contra la educación pública

por Jaime Retamal (El Mostrador)
¿Nada hay peor que estar atrapado por fantasmas propios, miedos propios o ilusiones propias? Pues sí. Estar atrapado por ideologías propias.
Las tenazas de la ideología forjada por Jaime Guzmán -y por todo el espectro del gremialismo- al fuego de los años 70 primero, y al sopor de los 80 después, tienen hoy por hoy a todo el sistema educativo en una especie de agobio claustrofóbico.
Pero, especialmente claustrofóbico y agobiado, al Ministro de Educación. Claustrofóbico de sus propias ideologías, por cierto.
El fundamentalismo ideológico del Ministro lo hace acusar de “ideologismo” a quienes están, que duda cabe, mucho más allá de las ideologías; es decir, a jóvenes post-dictadura y post-concertación, a jóvenes que miran con otros códigos el “negocio” de la educación chilena, y exigen justicia, igualdad y mejores garantías de una educación significativa y de calidad. A esos jóvenes, los acusa de “ideologismo”, de haber traspasado las fronteras de “lo técnico”.
Como si “lo técnico” y “lo real” del sistema educativo chileno no fueran producto de una serie de concatenaciones ideológicas, con enemigos ideológicos, pensadas ideológicamente y puestas en marcha, al amparo de la dictadura y el totalitarismo ideológico de Pinochet, desde el año 81 en adelante.
Contra el Marxismo
La revista Qué Pasa de diciembre del año 1973, dirigida a la sazón por Gonzalo Vial Correa, trae en su portada a los tres hombres del año: primero, a don Luis Álamos, que tiene a la selección nacional de fútbol lista y dispuesta para viajar al mundial de selecciones en Alemania,

después de una serie de altibajos; segundo, al presbítero Raúl Hasbún, director de Canal 13, por rescatar a dicho canal del “control marxista”, convirtiéndolo en una “trinchera anti-UP”, y por ser un “juntista de tomo y lomo” al declarar asertivamente que “para mí, el gallo cantó, en Chile amaneció y las pesadillas de la noche se esfumaron”; y tercero, era que no, a Augusto Pinochet, “símbolo de la nueva presencia militar”;” “intelectual con varias obras publicadas”; “militar mil por ciento”; hombre de “actuar directo y franco”.
Pues bien, en esa –en apariencia- inocua revista, viene uno de los leitmotiv de toda la “revolución educativa”, especialmente del sistema universitario, llevada en adelante desde el año 81 por la dictadura y auspiciada por el gremialismo ideológico de Jaime Guzmán que atenaza hoy a Joaquín Lavín.
La editorial se pregunta “¿Qué falló?” en el proyecto de la Unidad Popular liderada por Salvador Allende. Falló -argumenta- catastróficamente el “marxismo”, el “marxismo chileno”, que en tres años despilfarró –entre otras cosas- la “penetración en la intelectualidad y en las Universidades” que ya llevaba produciendo desde hace medio siglo.
Ahí está, en ciernes, para decirlo suavemente, una de las claves de la intervención universitaria en Chile, vigente hasta hoy.
Es bueno recordarlo. Todo el ensamblaje de políticas públicas en educación tuvo como adversario político, el “totalitarismo marxista”, al que se le vinculó mágicamente con el llamado “estatismo”, y el “sovietismo”, y el “terrorismo” y el “ateísmo”. Contra toda esa mixtura imaginaria, se cohesionó y aglutinó toda una ideología ataviada de “libertad individual de elección”, de “libre mercado”, de “neoliberalismo” y de “conservadurismo moral”.
Para Jaime Guzmán, para toda su doctrina más ambiciosa y penetrante, ideológicamente hablando, la “revolución universitaria del 81” era clave en su lucha contra el “marxismo” que siempre fue concebido como una amenaza constante, larvada a veces, pero constante, que podía, por qué no, llevar a Chile de nuevo a la encrucijada de los 70.
El lobby político
En Mayo de 1986, Augusto Pinochet le encomendó a su Ministro del Interior, Ricardo García, una serie de “reuniones políticas” del más alto nivel, con las fuerzas políticas correctamente institucionalizadas en el país, es decir con la Unión Nacional y con la UDI.
Uno de los problemas más importantes que tenían preocupado a los medios oficialistas por aquel entonces era el llamado a Referéndum que un grupo de académicos de la Universidad de Chile había realizado para elegir a un nuevo rector, pero democráticamente.
Pues bien, el Ministro del Interior se reúne el 7 de Mayo con los líderes de la Unión Nacional, fundamentalmente con Andrés Allamand, quien planteó cuestiones más bien de orden político. Nada sobre la “coyuntura” universitaria.
El 15 de Mayo se reúne el Ministro del Interior García, con Jaime Guzmán. Líder de la Unión Demócrata Independiente. De lo que se habló, él mismo se encarga de dejarlo por escrito, en una columna de opinión de Mayo del 86 en la revista Ercilla, la que titula “La UDI y una agenda de trabajo”.
Dice que “por la naturaleza misma del encuentro, éste no apuntaba a la presentación de un petitorio a la autoridad, sino que la UDI planteara una agenda de temas de trabajo, cuyo análisis se profundice en reuniones futuras”.
¿Cuál es el tema nº1 en las preocupaciones de Jaime Guzmán? Ahí vemos, de nuevo su consideración estratégica en vista a una lectura y re-lectura constante del juego de acontecimientos en el devenir nacional.
Su primera preocupación para esta agenda de trabajo, que incluye reuniones futuras, es “la urgente implementación integral de una institucionalidad universitaria que incluya una efectiva gravitación de los académicos –debidamente jerarquizados- en el rumbo de nuestras universidades. Junto a ello, sugerimos que se refuerce el financiamiento estatal a la educación superior, pero favoreciendo su uso eficiente y que él se canalice hacia planteles privados existentes o que se creen, para mejorar la calidad académica de las universidades y dificultar su instrumentalización política”.
¿Fue solo Jaime Guzmán a esa reunión –lobby diríamos hoy- con el Ministro? Pues, claro que no. Fue con Pablo Longueira, Guillermo Elton, Javier Leturia y Luis Cordero.
Los atavismos mentales
La Universidad es uno de los temas centrales de la acción política de la élite gremialista de los 80. En sus revistas de divulgación política, fundamentalmente en la Revista Realidad; en sus intervenciones en prensa y columnas de opinión; en sus intervenciones públicas y en sus acciones e iniciativas prácticas, vemos que la estrategia de usar a la Universidad como instrumento de lucha ideológica y política está presente. Y Jaime Guzmán, el primero: el inspirador, el articulador, el fundamento –a estas alturas- mítico de esa lucha.
Ahora bien, a las reuniones con el Ministro del Interior, prontamente el 23 de Mayo del año 86, Pinochet responde a los políticos. Lo hace a través de una entrevista, y claro, la Universidad estará al centro de las preocupaciones del “presidente de Chile”.
Dada la lucha ideológica por el control y seguimiento de los cambios revolucionarios en educación superior, plasmado en innumerables acciones en los 80 ¿Qué es lo que puede hacer hoy Joaquín Lavín ante tanta evidencia histórica? ¿Alguien que es UDI “mil porciento”? ¿Cómo resuelve el Ministro sus atavismos ideológicos ochenteros? ¿Puede renunciar “al padre” y tirar todo al tacho del inconsciente?
¿Puede hoy el Ministro negar uno de los ejes fundantes del gremialismo, a saber, el eje cargado de ideología que encierra la “revolución universitaria del 81”?
Es bueno saberlo también. Tan preocupado estaba el gremialismo a comienzos del año 1980 de que los cambios educativos tuviesen una línea correcta -correcta en función de sus planteamientos ideológico-políticos-, que publican un extraordinario documento –que adjuntamos por su relevancia histórica- del economista formado en Harvard, especialista en economía de la educación, a la sazón flamante Gerente General del Banco de Talca, Sebastián Piñera.
Este “Paper Piñera” es sugerente e ilustrativo por donde se le mire.
El joven economista sugiere de entrada que su visión se enmarca “en el contexto de un Estado subsidiario, cuyo propósito no es el logro de estos objetivos (los educacionales) a través de la provisión directa por parte del Estado de todos los servicios educacionales, sino que a través de la acción conjunta del sector privado y del sector público”.
Y para que no queden dudas del gen ideológico al que pertenece, Piñera insiste en lo siguiente, al decir que “la participación del Estado en esta acción conjunta puede limitarse a la fijación de normas que regulen la acción del sector privado, puede incluir financiamiento con recursos públicos de la acción del sector privado…”
No quedan dudas de que el “Paper Piñera” debió de significar un aporte sustantivo (científico) a la transformación del modelo educacional que se llevó adelante desde los 80 bajo el paraguas ideológico del neoliberalismo.
¿A quién se le pregunta en el país de los 80, sino a un especialista en el tema, doctorado en economía de la educación (es decir en economía del capital humano) cuando lo que se trataba de imponer científicamente era una gran transformación, a escala nacional, del principal sistema de producción de recurso humano, el sistema educativo?
Una pregunta importante, hoy por hoy, es ¿por qué nuestro Presidente ha guardado tanto silencio si es un experto en el tema?
¿Qué decir? Tal vez es indudable. Estar atrapado por las propias ideologías es peor que estar atrapado de los propios miedos, fantasmas e ilusiones.
¿Sobre todo, si me toca gobernar con excelencia?
Quién sabe, tal vez es una pregunta sin respuesta.
Ante esto, no esta de más recordar que la revista Qué Pasa de diciembre del año 1973, también traía, a toda página, las predicciones para el año 1974 de la mentalista Yolanda Sultana Halabi Readi. Muy concentrada mirando las cartas predijo “se harán muchas reformas en los planes de educación durante este año 1974 por lo que los estudiantes pondrán un mayor interés en sus estudios”.
…¿y si le preguntamos a ella?
Orientaciones de políticas en materia educacional

http://www.scribd.com/embeds/59155594/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-1oefd75azi3madqi49nx

Extraido de El Mostrador

El error de pedir la renuncia de Lavín

por Jamadier Uribe (El Ciudadano)
colaboración de Ana María Olivera
En estos días de revuelta estudiantil y popular, en que la legitimidad del Gobierno se pone en duda constantemente, ha surgido, con gran apoyo entre algunos sectores del movimiento rebelde (heterogéneo y multiforme), una moción que, a nuestro juicio, es por lo menos riesgosa. Moción que no ha sido lo suficientemente discutida y que puede convertirse en un elemento que eche por tierra toda la acumulación de fuerzas lograda por el movimiento estudiantil. Hablamos de la iniciativa de pedir la renuncia al ministro de Educación Joaquín Lavín Infante.
Hoy se torna imperioso, mucho más que antes, comprender que el Estado como aparato represivo constituye mucho más una lógica de relaciones de poder entre clases, que entre individuos o que entre individuos y una clase. Con un parlamento en funciones y una estructura jurídica que ha asegurado, desde los 90, la prosperidad de los propietarios de los medios masivos de producción, resulta un ejercicio torpe intentar personalizar en una sola figura (nuestro señor ministro) al “enemigo”. Ya no estamos peleando contra una dictadura militar, ahora lo hacemos contra su forma evolucionada: la democracia burguesa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, en términos fácticos, hoy el poder reside mucho menos en un sujeto particular y mucho más en el conjunto de los aparatos del Estado, en que los gobernantes cada vez son más síntoma que enfermedad, en que la dominación ya no tiene un sustantivo propio (aún cuando, en el caso de Chile, la dictadura militar tenía perfectamente claro su contenido de clase, la porción de poder que detentaba Pinochet era mucho mayor que la que hoy detenta el Presidente) y su rostro se ha difuminado en cientos de rostros (cada uno más déspota e hipócrita que el anterior).

Ciñéndonos a la cuestión del presente escrito, aquí el problema no es quien encabeza el ministerio, sino el modelo sociopolítico que puso a esa cabeza ahí. Una vez comprendido esto, la demanda por la renuncia del jefe de cartera se vuelve una pelea a hachazos contra la Hidra de Lerna. Veamos por qué…
Al pedir la renuncia del ministro, se aduce que éste está facultado para responder a las demandas por la educación. Se apela a algo así como a “su voluntad” o a la posibilidad política del mismo para dar razón y acción al petitorio de los demandantes, sino ¿para qué y quién se tomaría la molestia de emplazarlo a dimitir? Pero la historia nos habla, nos enseña y si la miramos desde abajo veremos que un cambio tan profundo, como por el que se lucha hoy, JAMÁS será iniciativa de un Estado que es en esencia burgués. Para un cambio social de la magnitud esperada sólo nos queda, sino una revolución (de la cual estamos muy lejos aún, por lo menos en “nuestro” país), acorralar, con el pueblo en su conjunto -a través de la comprensión generalizada de que el problema educativo es un problema transversal- al poder político, de manera tal, que le salga más caro reprimirnos e ignorarnos, que modificar sus instituciones. Y eso no pasa por un ministro en particular, sino por nuestra capacidad de intervenir de forma eficiente en el escenario político, con una ciudadanía organizada, con claridad y esperanza en la victoria; pasa por nuestra capacidad para modificar el marco legal en el que se mueve el ministerio, no por cambiar su rostro.
No estamos diciendo, bajo ningún punto de vista, que en la dinámica de la lucha cotidiana (quizás la más decisiva) el nombre del ministro da lo mismo, no lo da. Estamos señalando que en un sentido histórico y estructural (que es hacia donde se dirige el movimiento) el problema no reside, ni converge en él.
Apostamos a que la estrategia para lograr nuestros objetivos y para el triunfo de la rebelión es golpear al Gobierno con la densidad de un peso pluma, con las limitaciones que un poder que no busca la reestructuración de las relaciones de propiedad (que no busca la revolución) tiene, pero con la ventaja de una fuerza amplia que si bien no tumbará al Estado ni al Capital le soltará los derechos que le niega, con las ventajas de una fuerza que ganará por la insistencia de sus golpes. Para eso es fundamental no dar descanso a nuestro adversario. Poner a otro ministro significaría comenzar nuevamente un proceso que ya está bastante avanzado.
Ante la eventual abdicación del ministro, en respuesta a nuestra petición, podemos proyectar algo así: 1) Joaquín Lavín renuncia, algunos hablarán de una victoria importante del movimiento estudiantil en particular y de los movimientos sociales en general, otros seguiremos sosteniendo que no resolverá nada. 2) Llegará un nuevo ministro de Educación, un rostro desconocido, que contará con el beneficio de la duda ante la opinión pública, y en un tono, quizás amigable, llamará a deponer las movilizaciones, dirá que ahora las cosas van a ser distintas y que nos sentemos a conversar sin medidas de presión. 3) Ante eso tendremos dos salidas posibles: 3.a) Deponemos las movilizaciones, y comenzamos un nuevo proceso de negociación que no conducirá a nada diferente de lo que se ha obtenido hasta ahora (ya que, como hemos visto, el Gobierno no cederá por voluntad los derechos expropiados que hoy reclamamos), nos enojaremos y nos volveremos a movilizar. Sólo que esta vez será con un mes de movilizaciones en el cuerpo, con la gente cansada y desgastada, por lo que los ánimos y la moral no serán iguales (y vuelta a esperar tres años más para que se produzca una reposición de fuerzas y un renuevo generacional). O 3.b) Se hará caso omiso al llamado a deponer las movilizaciones, pero aún así se tendrá que comenzar un nuevo proceso de negociación, perdiendo tiempo valioso y doloroso para toda la base del movimiento.
Además de esto, suceda “3.a” o suceda “3.b”, aparte de comenzar un nuevo proceso de negociación, tendremos que darnos nuevamente el trabajo de deslegitimar ante la opinión pública a la nueva autoridad de Gobierno (trabajo que está bastante avanzado y en el que contribuye activamente nuestro ministro), ya que sin ella las condiciones para el cambio serán mucho más adversas.
En resumen, nuestra opinión es que pedir la renuncia de Joaquín Lavín es un GRAN ERROR, ya que salta a la vista que el problema aquí no es el ministro sino el sistema económico, político y social que lo puso ahí (así como pudo poner a muchos otros). Que para lograr nuestro propósito es indispensable contar con el apoyo de un amplio porcentaje de la ciudadanía, de manera que el acto de no atender nuestra demanda sea un acto de no atender la demanda de la sociedad en su conjunto (que se expresa mediante la rebelión estudiantil), y que para lograr dicho objetivo resulta más eficaz, en términos mediáticos, negociar con una persona que ya ha perdido credibilidad y seriedad, que hacerlo con alguien cuya exposición en los medios respecto al tema ha sido baja o nula y que al menos contará con el beneficio de la duda ante la opinión pública. Y que el movimiento debe avanzar como avalancha, creciendo a cada paso, para golpear fuerte no sólo al Gobierno, sino al Estado y su estructura jurídica, lo que en términos estratégicos no admite perder el tiempo en revanchismos de poca monta.
Extraido de El Ciudadano

Acreditación universitaria por carrera: la cuenta pendiente de las privadas

 Por Trinidad Noguera
Sólo 1 de cada 4 carreras que se imparte en los planteles particulares más grandes está acreditada. ¿Deficiencia del sistema o falta de calidad? Aquí el diagnóstico.

Desde hoy la suerte está jugada para los 289 mil 181 estudiantes que rindieron la PSU el lunes y martes. Ahora sólo les queda esperar los resultados y postular a la universidad deseada.  Pero ¿cuál es la calidad de las carreras que los esperan? 
En Chile, recién en 2006 se creó la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), única institución nacional encargada de certificar las acreditaciones universitarias. Con anterioridad, no había índice alguno de la calidad de la educación superior. El proceso es voluntario, por tanto, es una iniciativa de cada universidad certificarse o no. Hoy, la CNA acredita tanto a las instituciones como a las carreras profesionales, independientes entre sí. Es decir, una universidad puede estar acreditada como institución y no así sus carreras. Salvo el caso de las Pedagogías y Medicina, que por la Ley 20.129, deben estar certificadas.
Cuando una universidad se acredita como institución, se certifica en dos áreas mínimas: gestión institucional y docencia de pregrado; y también pueden optar a tres adicionales, como docencia de postgrado, inveatigación y vinculación con el medio. Eugenio Díaz, presidente (s) de la CNA-Chile, cuenta que en estos casos, “se considera el cumplimiento de la misión institucional junto con la evaluación de sus políticas y mecanismos para la autorregulación y mejoramiento de la calidad”.
Cuando lo que se busca es acreditar los programas de pregrado, se aplica un proceso más profundo que certifica la calidad de todos los elementos asociados al diseño curricular, recursos comprometidos y resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto, basándose en la “consistencia entre el perfil de egreso y el plan de estudios, la disponibilidad adecuada de recursos humanos, económicos y materiales y capacidad de autorregulación”, explica Díaz. Tanto la acreditación de la institución como de las carreras, demoran cerca de un año, luego de que se realice una evaluación interna, evaluación externa y juicio de acreditación. En otras palabras, el proceso que realmente refleja la calidad de los estudios particulares a los que se opta es la acreditación por programa, por lo tanto conocer el mapa de estas evaluaciones es indispensable a la hora de hablar de calidad universitaria. 
De hecho, es el propio presidente (s) de CNA-Chile, Eugenio Díaz quien explica a El Dínamo que  la CNA certifica, finalmente, “la calidad de aquellas instituciones y programas que han sido capaces de demostrar estándares apropiados y un nivel académico sólido, promoviendo permanentemente la introducción de buenas prácticas y el mejoramiento de los indicadores de productividad y excelencia académica”.
Con el propósito de dimensionar esta realidad, decidimos ver el nivel de acreditación por carrera de las universidades privadas en Santiago y nos encontramos con la sorpresa de que sólo una de cada cuatro carreras de las universidades que más captan alumnos, está acreditada. Una situación muy distinta a la de universidades tradicionales como la Católica de Chile, en la que 29 de sus 42 carreras cuenta con la certificación. O la Universidad de Chile donde cerca de la mitad de su oferta muestra el distintivo. Claramente, por tanto, la tendencia de las privadas autónomas no se orienta hacia los instrumentos de calidad dispuestos por la CNA.
¿Cuál es la razón? Quienes conocen el sistema, apuntan a dos: falta de calidad de los programas o carencia de voluntad de las instituciones para someterse a un sistema aún nuevo. En este último punto, para Educación 2020, hay que considerar, por un lado, que son las propias universidades las que deben costear monetariamente todo el procesos, y por otro la falta de difusión del propio sistema que conspira contra su éxito.  
“La Comisión Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación ha hecho un pésimo trabajo informándole a la ciudadanía de la existencia de la acreditación y de sus resultados. La mayoría de los alumnos ni sabe que existe, y extraer información de su sitio web, es casi infernal. Eso derrota todo el objetivo de la CNA: proveer información a los estudiantes sobre la calidad de la oferta”, explica Mario Waissbluth de Eduación 2020. 
Y agrega que finalmente una universidad opte por no acreditar sus carreras resulta preocupante. “La explicación benigna sería que quieren creer que tienen un modelo educativo suficientemente ad hoc como para no enmarcarse en los criterios de la acreditación. La menos benigna, bueno… es fácil imaginársela”, sostiene Waissbluth. De hecho, se produce la curiosa situación que varias casas de estudios optan primero por acreditarse antes en instituciones extranjeras que nacionales.
Ese es el caso, entre otros, de la Universidad Adolfo Ibáñez que sólo tiene acreditada, entre su amplia oferta, Ingeniería Civil, pero no así su carrera estrella: Ingeniería Comercial. Fernanda Macintosh, directora de gestión y análisis institucional, explicó a El Dínamo que cuando comenzó este tema en Chile, la UAI ya contaba con la acreditación internacional de la AACBS en Comercial. “El proceso (en Chile) aún está en pañales, pero no descartamos a futuro, incluir más carreras”, sentencia Macintosh, dejando en evidencia una realidad para nada aislada.
Si uno analiza las ocho universidades privadas con más de 10 mil alumnos (*), siguiendo el Ranking de las Mejores Universidades 2010 de América Economía, se llega a la conclusión que sólo el 26% de sus carreras están acreditadas ante la CNA. Esto equivale a cerca de 9 programas de estudio entre los 40 que en promedio ofrece una institución de esas características. En contraste, todas esas casas de estudio sí presentan acreditación por institución.  

Los casos más llamativos de la lista son los de la Universidad del Desarrollo, con sólo tres de sus 44 carreras acreditadas, o el de la Universidad de las Américas, con sólo nueve programas de estudios certificados de los 60 que ofrece. En el otro extremo de la lista, en tanto, la Universidad Diego Portales y la Universidad Central muestran el mayor porcentaje de acreditación con un 47 y 41%, respectivamente. 
Si la cantidad de carreras certificadas en las universidades privadas autónomas llama la atención, los años de acreditación son aún más sorprendentes. Siendo siete años el máximo que se puede recibir, la mayoría de las universidades anteriormente seleccionadas, cuentan con programas con dos o cuatro años de vigencia. Son la excepción las que cuentan con el rango máximo. Y nuevamente la brecha entre las privadas autónomas y la Católica y la Chile resulta evidente. Estas últimas promedian los 6 y 7 años en sus carreras acreditadas.
Un problema significativo es la laxitud con que la Comision otorga la acreditación a partir de los informes. En otras palabras, basta con leer los informes de carreras o universidades acreditadas por dos años, para preguntarse cómo es posible que los hayan acreditado”, sentencia Waissbluth.
Para la Comisión Nacional de Acreditación, la acreditación en un buen instrumento de mejoramiento continuo para las instituciones y sus programas, estableciendo fortalezas y debilidades. Sin embargo, el proceso aún está muy reciente y claramente no ha llegado a cumplir sus objetivos a cabalidad. Aún falta por avanzar, y por sobre todo, incrementar el número de instituciones y carreras acreditadas por cinco años o más. Eugenio Díaz lo admite y agrega: “aún hay desafíos pendientes, principalmente en la dirección de revertir la baja eficiencia de los procesos de formación y de fortalecer la capacidad de las instituciones de desarrollar sus proyectos educativos con mayores niveles de responsabilidad social y perspectiva estratégica”.
(*) Universidad Mayor, Universidad de las Américas, Universidad Santo Tomás, Universidad San Sebastián, Universidad Central, Universidad Diego Portales, Universidad Andrés Bello y Universidad del Desarrollo.
Extraido de EL DINAMO

Chile: El paraíso de la impunidad y de la irresponsabilidad política

Por Rafael Luis Gumucio Rivas
 

En nuestro país, se podría escribir la antítesis del texto de Max Weber sobre La responsabilidad política: ante cualquier catástrofe ninguna autoridad política se hace cargo de la situación, por ejemplo, nadie ha respondido por la inseguridad en las faenas mineras, que se dan a diario en los lugares de trabajo; de la pésima calidad en las construcciones de viviendas sociales, derrumbadas por el terremoto, el Serviu no asume ninguna responsabilidad. Ahora, con el incendio en la cárcel de San Miguel, nadie quiere responder de sus dichos y hechos que han colaborado a crear el clima de segregación, que es la causa profunda de las 81 muertes.
Hay personas que tuvieron el valor de luchar contra la histeria fascista, caracterizada por dichos desafortunados y criminales, como aquel de que “todos los delincuentes se pudran en la cárcel”, como si no fueran tan seres humanos como los autores de estas torpes frases. Esa mentalidad no está muy lejana de aquellas que niegan la existencia de los campos de concentración nazis o, en el pasado chileno sostenían que los detenidos y desaparecidos estaban veraneando en Argentina o en otro país. Son los mismos que decían que la tortura era, apenas, “un rasguño -propinado- a quienes se lo merecían”. Recuerde Ud. que el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza dijo algo parecido respecto a la tortura y muerte de su amigo Ruiz-Tagle.
La gente se olvida, muy fácilmente, de lo que se dijo hace apenas un año: Joaquín Lavín planteaba trancar la puerta giratoria, lo que significaba terminar con los beneficios carcelarios y, a la menor reincidencia, enviarlos al infierno penitenciario. Alberto Espina ha sido siempre el profeta y defensor de la “tolerancia Cero” y hoy lo reitera, con suma beligerancia, diciendo que no hay que tener ninguna tolerancia con los delincuentes -no sé cómo logra explicar que esto no tiene que ver con “la cárcel para todos”, hay que ser atrasado mental para tragarse semejante caramelo.
Como el tema de llamada “seguridad ciudadana” paga muy bien en las elecciones, la mayoría de los hipócritas –que sólo les interesa conservar sus curules- se dedican a incitar la mentalidad fascista respecto a la vida cotidiana, que se ha acuñado en muchos sectores de la sociedad. Ahí está la clave del éxito de políticos de derecha con relación al llamado tema de la represión de la delincuencia.
Los líderes de la Concertación no han hecho más que imitar a sus congéneres de la derecha y ha habido un verdadero concurso entre los distintos subsecretarios del Interior sobre cuál de ellos aplica más “mano dura” contra lo que llaman la delincuencia y que siempre termina en la persecución de los pobres. Este afán de querer igualarse fue una de las principales causas del por qué el pueblo los escupió expulsándolos del poder.
También los medios de comunicación de masas tienen bastante responsabilidad: ChileVisión dedica más del 70% de sus largos y aburridos noticiarios a la apología de la violencia policial contra los pobres; para qué hablar de Megavisión, cuyos programas estelares se centran en temas donde las cámaras irrumpen en las poblaciones y en las casas de los pobres, sin ningún respeto a la dignidad de las personas. Muchos de los dueños de estos canales son pechoños, que pasan su vida golpeándose el pecho. ¿Qué dirían si se filmaran escenas en los barrios de ricos, donde también se consume y trafica droga, junto a otros delitos que son protegidos por el rango de las personas?
En Chile se aplica la impunidad para el dictador Augusto Pinochet y su familia, para unos cuantos agentes de las centrales de información, que aún andan en la calle, y para qué hablar de los funcionarios civiles de la dictadura que hoy peroran como grandes republicanos. La cárcel de Punto Peuco es la única que no está sobre poblada –no sería mala idea enviar a ese recinto a unos cuantos internos de otras cárceles-.
Es necesario recordar que muy pocas personalidades han tenido el valor de oponerse a la mentalidad fascista -animada por la derecha y seguida a coro por la Concertación-, en primer lugar las iglesias, que pidieron liberar, al menos, a los presos con enfermedades terminales y a los ancianos; en segundo lugar, la Fiscal Mónica Maldonado que sigue anunciando que esta situación es una verdadera bomba de tiempo, que podría repetirse; el presidente la Corte Suprema, Milton Juica, quien dijo, valientemente que “el mensaje político del momento es que lo mejor sería que todas las personas estuvieran presas y no en libertad, y esas son las consecuencias que se provocan…”
Nuestras castas políticas no entendieron nada de estos mensajes y las cárceles siguieron siendo pabellones de la muerte. Ahora se dedican a culparse entre ellas, dando un miserable espectáculo ante la opinión pública.
En Chile se atropellan diariamente los derechos humanos: no hay ninguna política concreta de reinserción por medio de talleres de capacitación, centros de recreación, bibliotecas, y otros; el 80% de los internos actuales son hijos de presos y este círculo parece imposible de quebrar mientras no haya un cambio radical en nuestra sociedad que no vendrá por ningún motivo, de los políticos del bipolio.
El ministro de Hacienda se menea y se pavonea diciendo que Chile está en un círculo virtuoso –hoy la libra de cobre en los cuatros dólares; tenemos millones de divisas guardadas en bancos extranjeros, las empresas extranjeras que explotan nuestro cobre reclaman por el regalo que hizo el Gobierno, coludido con la Concertación, respecto al miserable incremento del royalty– decir que el Estado chileno no tiene dinero para solucionar el problema de las cárceles es una tremenda falacia. Por lo demás, los empresarios pagan muy poco impuesto y bien se les podría exigir que contribuyan a sacar este país del marasmo, respecto al trato vil hacia los pobres, en cárceles, hospitales, escuelas y en sus propias poblaciones.
Extraido de El Ciudadano

Camila Vallejo, presidenta de la Fech: “No existe un sistema de educación superior público en Chile”

Camila Vallejo, nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Fech es la segunda mujer que asume ese cargo en la historia de la organización estudiantil. La militante de las Juventudes Comunistas, califica la “revolución educacional” elaborada por el Ejecutivo como un retoque al sistema actual, que profundiza el ya muy avanzado proceso de privatización de la educación chilena. De revolución, nada, según ella.
Por otro lado, analiza el complejo proceso que están viviendo las universidades públicas, describiéndolo como una continua escalada de desregularización, donde públicas y privadas se lanzan a competir en una desigual “igualdad de condiciones”.
Este es un breve examen que hace la nueva dirigencia de la Fech respecto a la educación en nuestro país.
-¿Cuál es el análisis de la situación educacional actual que hace como presidenta de la Fech?
-Nosotros, como estudiantes, tenemos un diagnóstico común. Creemos que la última reforma importante que se hizo fue la del ‘81, promulgada en dictadura, y que más allá de pequeñas modificaciones y profundizaciones del modelo, no se ha hecho ningún cambio pensado desde el mundo social, no ha existido ninguna instancia donde todos fuéramos partícipes del proceso.
El sistema que tenemos ha abierto las matrículas, ha expandido el acceso, pero esto no ha venido acompañado de

calidad ni de equidad ni tampoco de una discusión seria respecto a la educación pública. Se ha tendido a una desregulación, a una descentralización por parte de las autoridades, donde se ha instalado como principal actor al mundo privado.

-¿Cuáles son las consecuencias de esta irrupción del mundo privado para las universidades tradicionales o públicas?
-Existe una gama gigantesca de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica que carecen de una regulación efectiva por parte del Estado, por lo que hacen lo que quieren. Producto de esto ha habido un desfinanciamiento muy profundo de las universidades estatales. Han caído en lógicas mercantiles como captar los mejores puntajes para recibir financiamiento, acudir a préstamos de servicio, auspicios, etcétera, con su consecuente pérdida de sentido de lo que su carácter público significa. Por eso hoy nos encontramos con universidades públicas que funcionan como privadas. Paradójicamente, esta realidad ha sido utilizada para demandar un trato igualitario entre públicas y privadas, y ese es justamente el paradigma que se ha instalado en este Gobierno, que no es nuevo y que se arrastra desde Brunner, en el sentido de que lo que se va a premiar es la competitividad, la eficiencia. Con base en esos principios, entonces, cualquiera puede entrar a concursar por la repartición de los recursos.
-¿Qué papel han jugado los gobiernos de la Concertación, qué incentivos han hecho para mejorar la educación pública?
-Ninguno. Todo esto partió con la reforma en los ochenta y de ahí en adelante lo único que ha habido han sido pequeñas modificaciones, pero por sobre todo profundizaciones del sistema. Estamos claros que este financiamiento a la demanda, a través de convenios de desempeño, por ejemplo, está formulado con base en la lógica de la competitividad, siempre defendido por el marco de la “libertad de enseñanza”. Entonces, las familias tienen la libertad de elegir a qué institución ingresan sus hijos. Eso es lo que hay que financiar, independiente del carácter de esa institución. Por eso el crédito con aval del Estado, las becas, etcétera.
Hoy en día, esto es más marcado. A través de las leyes de presupuesto de la Nación se está aplicando por decreto, de facto, una reforma. Se está innovando en el hecho de ampliar recursos que eran exclusivos de las universidades del Consejo de Rectores hacia universidades privadas, ampliando la lógica del crédito con aval del Estado, que agrava la situación de endeudamiento del estudiante, por sobre los fondos solidarios, que tienen un interés mucho menor. O las becas hacia las pedagogías, que se van a instituciones privadas.
-¿Ustedes como Federación van a continuar la lucha por las demandas estudiantiles bajo el estandarte de un sentido público como marco diferenciador entre las universidades?
-Hay un punto en ese concepto. Nosotros sabemos que desde la derecha se  instala esto también, o sea ellos defienden que hay que financiar a los estudiantes que entran a una universidad con cierta misión pública, y a estas universidades a su vez. Pero realmente no se ha dado el debate de fondo de lo que nosotros entendemos por carácter público, porque si tú ves a la Universidad de Chile, tampoco lo cumple. Hoy en día no existe un sistema de educación superior público. Nosotros entendemos el sentido público como un espacio público, como una plaza a la cual todos tienen que tener acceso. Las universidades que son públicas son aquellas que no discriminan en el acceso, que son representativas de la composición socioeconómica del país. No puede estar representado solo un segmento de la población en la educación superior.
Por otro lado, defender un sentido público también significa asegurar que esos segmentos de la sociedad que ingresan a la universidad puedan ser participantes activos de la discusión nacional, cómo se gestiona y decide el rumbo de las políticas públicas, y eso tiene que ver directamente con un gobierno democrático, lo cual es correlativo de ciertas condiciones que hoy en día ni siquiera se dan dentro de las universidades del Consejo de Rectores. Es asegurar el pluralismo, de que todas las visiones puedan tener un espacio dentro del debate.
-¿Incluso si son de derecha, los cuales son representantes de los grupos político-económicos que han mercantilizado la educación?
-Sí, incluso, porque tú tienes que asegurar que haya un debate dentro de la universidad. Tú no puedes discriminar porque una persona es de derecha, y tampoco la Federación lo hace, eso está en sus estatutos. El hecho de asegurar el pluralismo, de dar cabida a todas las visiones, es parte esencial de una institución pública. No reconocerlos atenta contra los derechos de los ciudadanos. Si tú aseguras la participación de toda la comunidad y que allí se genere una disputa que refleje quienes son la mayoría que apuesta por un sistema educativo particular, estás finalmente consolidando la democracia. Para esto es fundamental una representación triestamental que perfile los lineamientos de lo que la educación debiera ser, asegurando condiciones mínimas como el carácter público de las instituciones educativas.
-¿Cuál es su evaluación de este nuevo gobierno, presidido por Sebastián Piñera, que no solo representa a la derecha económica, sino también a una derecha ideológica fuertemente cargada por el aspecto religioso, específicamente en la cartera de Educación, donde se ve representado el Opus Dei?
-Yo creo que hay dos hitos fundamentales que demuestran la intencionalidad y para dónde va el Gobierno hoy en día. Uno es la ley de presupuesto, que da cuenta de cómo va a ser la reforma. Y por otro lado, la asignación al Senado Universitario de Harald Beyer y Álvaro Saieh, dos personeros que son representantes del mercado en la educación, que han propiciado el sistema mercantil dentro del sistema educativo, que están ligados a la dictadura y que poseen grandes empresas en nuestro país. Estos hitos inciden en la forma de pensar el desarrollo institucional de la educación superior; el Ejecutivo es realmente el responsable de la implementación del sistema educativo que se llevará a cabo. Esa intromisión, por tanto, no es casual. Hay una intención por parte de los autoridades de insertar este paradigma, esta visión ideológica de cómo tienen que operar las universidades. Es, finalmente, la consagración de un gobierno corporativista que refuerza una ideología de libre mercado dentro de las lógicas educacionales, como por ejemplo la competencia. Esto eventualmente comenzará a generar ruido dentro del sistema.
-¿Cuáles son las consecuencias de la “revolución educacional” anunciada hace unas semanas por el ministro Joaquín Lavín?
-Básicamente, una profundización del sistema. Este paquete de medidas no es una revolución, solo una consolidación de la privatización en la educación. Por un lado, con todo el tema de la semaforización de los colegios y los liceos de excelencia solo se ahonda en la segmentación y discriminación de los estudiantes más pobres, porque en realidad estos liceos solo benefician al uno por ciento del estudiantado, radicalizando aún más las diferencias entre integrados y excluidos.
Por otro, la preponderancia de las horas de lenguaje y matemáticas en detrimento de otras materias como historia, además del reflejo de la hegemonía tecnócrata dentro de la forma de gobernar, es también una reproducción ideológica donde se esteriliza las capacidades críticas de los jóvenes, prevaleciendo un modelo social donde se privilegia el saber leer y escribir sin saber dónde se está parado.

Extraido de El Ciudadano

De las revoluciones educacionales en Chile

Nuestro país ha tenido varias revoluciones en su historia educacional. Algunas con resultados positivos y otras con retrocesos importantes. La primera fue la discusión y promulgación de la ley de instrucción primaria obligatoria, a comienzos del siglo XX. La educación dejaba de entregarse restrictivamente a las élites -la desigualdad de la educación chilena estuvo presente desde su origen- y el Estado pasaba a tener un rol clave en la provisión educacional hacia las clases populares. La segunda revolución vino con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que profundizó la ampliación de cobertura en primaria y secundaria, modificó el currículum, apostó por una mejor preparación de los profesores y reestructuró la educación superior, entre varias otras reformas. La tercera revolución, aunque suene paradójico, ocurrió en dictadura. Sin tener que preguntarle a nadie, en el período de Pinochet se establecieron nuevos principios constitucionales para la educación de los chilenos, se creó una ley marco que consagró la privatización y estratificación de nuestro sistema escolar, se modificó el modelo de financiamiento y se traspasó la educación pública a los municipios.

Esta revolución -silenciosa, pero revolución al fin- generó las bases de un sistema escolar donde son mucho más comunes los conceptos de mercado y competencia que los de colaboración y equidad.

Con el regreso de la democracia, como era de esperar, escasearon las revoluciones. A pesar de ello, y sin modificar la estructura del sistema, los gobiernos de la Concertación ejecutaron una reforma que le cambió la cara a la educación chilena. En una época en la que abundan los diagnósticos catastrofistas e irresponsables, la evidencia es incontrarrestable: Chile está en otro piso educacional y esto comienza a traducirse en un proceso inicial de mejoramiento. Lo demuestran los resultados de las últimas pruebas SIMCE y hoy también la evidencia internacional, como la del recién publicado reporte How the world´s most improved school systems keep getting better, que sistematiza la experiencia de sistemas escolares que han mostrado mejoras sustantivas en los últimos años y que reconoce en Chile un ejemplo de cómo con políticas consistentes a lo largo del tiempo puede iniciarse un cambio favorable hacia mejores aprendizajes.

La verdadera revolución en democracia la produjeron los estudiantes, que tuvieron la capacidad de poner en la agenda aquellos temas que realmente requieren una revolución educativa. Plantearon la urgencia de contar con una educación pública de calidad, el fortalecimiento del rol del Estado en un sistema escolar donde el mercado define hasta los nombres de las escuelas y las posibles salidas al problema más importante de nuestra educación: una estratificación que nos deja parados como uno de los sistemas escolares más desiguales del mundo. Sin lograr alterar sustantivamente estos problemas, la “revolución pingüina” del 2006 se tradujo en una nueva Ley General de Educación que genera un marco mucho más propicio para una educación con calidad y equidad en Chile.

Con estos antecedentes sobre la mesa, es más que legítima entonces la pregunta de si los cambios propuestos por el gobierno hace algunos días son o no una revolución. En mi opinión, profundizan algunas modificaciones ya en curso -como la entrega de más recursos a las escuelas que concentran más alumnos vulnerables- y, sobre todo, avanzan en la línea de establecer incentivos que supuestamente presionan y promueven mejores resultados, a pesar de que la evidencia internacional es sólida en demostrar que éstos no sirven de nada –e incluso tienen efectos negativos– si no van acompañados de políticas que desarrollen capacidades en el sistema, algo de lo que la propuesta tiene poco. Junto con esto, los cambios anunciados hasta el momento omiten cuál es la posición del gobierno para fortalecer la educación pública -además de crear los controversiales liceos de excelencia- y nada plantean respecto a cómo se enfrentará la segmentación de nuestro sistema escolar, ambos aspectos donde sí se podría avanzar de forma revolucionaria. ¿Una nueva revolución educacional? Juzgue usted mismo.

Por SENTIDOS COMUNES

Fútbol y Política: Alma futbolera en la bolsa

por KROK
 
Gabriel Ruiz-Tagle se perfila por la derecha y con una finta sobrepasa a su oponente no sin recibir un tremendo patadón, llega a línea de fondo, centra y la deja allí, dando bote, para que Sebastián decida frente al arco…“. Esta alegórica cita futbolera, podría representar fielmente la decisión del Director de Chiledeportes de vender las acciones de Blanco y Negro (Colo Colo), esta decisión le abriría el camino a Piñera para que se deshaga de las acciones del mismo equipo y de paso también las de Chilevisión. Es que la ligazón fútbol-política no es un tema nuevo y no es menor la exposición mediática que permite el ser dueño de un equipo popular, por lo mismo, estos políticos carentes de arraigo en los sectores populares pretenden suplir su déficit, intentando ser del pueblo, pero siendo acreedor de éste. Las nuevas sociedades anónimas deportivas (SAD) abrieron un espacio a la compra de este esquivo poder popular, Piñera, Ruiz-Tagle, Lavín, Hasbún, Estevez entre otros divisaron el negocio de comprar el alma futbolera, mas rentable que la ruleta accionária, seria la rentabilidad popular, pues quien puede contradecir que la popularidad es un elemento nutricional vital para el ego de un político.

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